Que los niños tengan voz

Toda iniciativa presentada por cualquier grupo parlamentario que no sea el Partido Popular está condenada al fracaso. Esa es la máxima que aplica el PP en esta Legislatura en las Cortes Generales, apoyándose en su amplia mayoría absoluta, incluso cuando se trata de propuestas que no admiten disputas políticas. Un ejemplo fue su inexplicable rechazo esta pasada semana a una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista con la que se pretendía abrir el debate sobre las inaplazables reformas que se deben acometer para garantizar la protección de los niños y niñas que se enfrentan a un proceso judicial. La respuesta del PP fue un no rotundo.

"Que los niños sean escuchados, que los poderes públicos garanticen su protección, y que sus derechos no sean una mera declaración de intenciones sino una herramienta que les proteja jurídicamente y les ampare en los términos establecidos en el artículo 39 de la Constitución". Estos son los retos que nos corresponde asumir a quienes representamos a los ciudadanos en las Cortes. Retos que el PP ha decidido aparcar por el simple hecho de que la iniciativa no partió de sus escaños. Ni agua, ni un soplo de calidad democrática a quienes, desde la oposición, tratamos de ofrecer respuestas alternativas a las que traza el Gobierno.

El informe sobre Los niños y las niñas ante la Administración de Justicia en España, elaborado por Save the Children en 2012 lamenta que "los menores de edad no siempre son tratados de acuerdo a su edad o estado madurativo. Evitar y prevenir este tipo de situaciones -señala dicho informe- debe ser una prioridad para los sistemas judiciales, que deben velar con el máximo celo por garantizar el especial cuidado y asistencia al que los niños y las niñas tienen derecho de acuerdo con la Declaración universal de los derechos humanos".

La iniciativa que debatimos la pasada semana -y que no fue admitida a trámite- ofrecía alternativas a las deficiencias y a los interrogantes que hoy se plantean, y entre las que me gustaría destacar los que apunta Save the children en su informe: ¿Existen mecanismos adaptados para el acceso de los niños y las niñas a los tribunales para el ejercicio de sus derechos? ¿Se respeta la obligación de velar por el interés superior del niño o la niña en estos procedimientos? ¿Se garantiza el derecho de los niños y de las niñas a ser debidamente informados y a ser escuchados? La respuesta en los tres casos es no.

El análisis de la normativa vigente y de la práctica judicial ha puesto de relieve los numerosos motivos de preocupación que existen. La Administración de Justicia en nuestro país no está adaptada a las necesidades de los niños y las niñas. No es accesible para ellos y no está adecuada a sus especiales necesidades y, lo que es peor, no es amigable con ellos. Con frecuencia, el contacto con la Administración de Justicia resulta una experiencia negativa para el niño, a veces incluso dañina, lo que en ocasiones puede considerarse violencia institucional.

En las investigaciones llevadas a cabo por Save the Children se pone de manifiesto las siguientes preocupaciones:

Nacho de la Mata, un abogado que luchó infatigablemente por la defensa de los derechos de la infancia, dijo: "Mi mayor deseo: que los niños sean escuchados efectivamente y tengan voz en el mundo en el que vivimos. Querría que todos los niños fueran respetados por los adultos como seres únicos e irrepetibles".

Y ésa es nuestra obligación como legisladores: lograr que sean respetados y tratados como corresponde en un sistema en el que, en muchas ocasiones, arrastrados por los formalismos y los protocolos tan encorsetados, se olvidan que ellos, tanto los niños como las niñas, merecen un trato amable y no dañino. Esta vez no ha podido ser, pero seguiremos intentándolo.