Europa: los derechos humanos de los refugiados, al vertedero

Foto: Varios refugiados bloquean una carretera cercana al campo de refugiados de Idomeni, al norte de Grecia/EFE

Tras los últimos acontecimientos, conviene tener presentes los términos generales del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para la crisis de los refugiados. Nos indican que a nuestros 28 líderes europeos se les ha olvidado que esas 2.000 personas que entran, de media, cada día -y los que no llegan porque mueren antes de conseguirlo - por la frontera griega no sólo huyen de una de las guerras más cruentas que conocemos, la de Siria, que sigue activa, sino también de otras tan sanguinarias como esta en Afganistán o Irak, en las que hace tiempo desapareció la diferencia entre militares y civiles. Por ser más explícitas, sólo en Siria, todavía hay más de nueve millones de personas a las que la guerra les ha arrancado de sus hogares y les mantiene cautivas de uno u otro bando. No les llega ninguna ayuda internacional porque los canales humanitarios están bloqueados y su única salida es la huida. Para todos ellos, entrar en Europa es ya una opción desesperada, tras más de cinco años de haber intentado sobrevivir en Siria y en los países colindantes.

Nuestros líderes tampoco parecen tener en cuenta que por cada cien de esas personas que huyen de la destrucción y la muerte, sesenta y cinco son mujeres y niños, que en su viaje se exponen a extorsiones, agresiones, violencia sexual y miseria. Los veintiocho están ciegos, porque no ven las imágenes de las 12.000 personas atrapadas en lugares como Idomeni, en la frontera de Grecia con Macedonia, viviendo en condiciones inhumanas en pleno invierno. Escenas tan vergonzosas como las que se repiten desde hace años en las fronteras del Sur, como Ceuta y Melilla, porque mientras se sienten orgullosos de haber evitado mencionar en su acuerdo las inmorales "devoluciones masivas y "devoluciones en caliente", sufren una escandalosa amnesia al no recordar las que se practican legalmente entre España y Marruecos, tras aprobarse la Ley de Seguridad Ciudadana en 2015. Tratan de dar la apariencia de un respeto a una legalidad internacional sobre asilo y refugio que el acuerdo no tiene.

Obvian, premeditadamente, que sus vecinos Turquía y Marruecos tienen enormes limitaciones para ser considerados países seguros. Es decir, lugares donde se respeta el derecho a la no devolución, donde no hay malos tratos, donde se protege a refugiados y solicitantes asilo; donde se garantizan las libertades políticas y seguridad para sus propios ciudadanos, ya sean kurdos u opositores a estos gobiernos. La transferencia de la responsabilidad de la gestión de las fronteras europeas a terceros países lleva tiempo generando, además de muros y vallas, bolsas de pobreza y violencia que suponen un riesgo mucho mayor que aplicar el derecho de asilo y refugio. Por no hablar de las barreras levantadas en la propia Europa entre Hungría y Croacia.

En definitiva, han pasado por alto que la movilidad de las personas es tan consustancial a la globalización como lo son las tecnologías de la información y la comunicación o la sagrada y libre circulación de capitales; y que así no sólo no se frenarán, sino que aumentarán más si cabe la violencia y peligrosidad en las rutas que ahora siguen miles de familias, miles de mujeres y niñas, que son las más vulnerables.

Cuesta creer que desde el pasado domingo 20 de marzo se vayan a hacer estudios detallados e individualizados de cada petición de asilo y refugio; como resulta difícil aceptar que se considere "inmigrantes irregulares" a la mayor parte de quienes están cruzando la frontera griega huyendo de cruentos conflictos armados y del mismo Estado Islámico que ataca Europa. Es una definición engañosa.

¿Y qué decir del cambalache de cambiar un refugiado por otro? ¿Qué fundamento tiene en la legislación internacional modular del derecho internacional al asilo, expulsando a quien quiere traspasar una frontera para dar prioridad a las solicitudes de que quienes no lo han intentado? Parece claro que también han olvidado que este derecho de asilo y refugio humanitario existe para proteger a quienes no pueden regresar a su país porque pueden ser perseguidos o su vida corre grave peligro, y no para premiar a quien reduce la presión migratoria sobre una frontera.

Nuestros líderes están temerosos por el efecto llamada y la falta de control en las fronteras, pero no consideran el peligro de vincular el cumplimento del derecho internacional a unas transferencias económicas o a concesiones políticas, en este caso a Turquía, cuando ni siquiera en el seno de la UE -recordemos las discrepancias de Chipre- hay consenso interno. Es bochornoso comprobar que no solo se violan los derechos humanos, sino que se paga para que otros los violen, aceptando y promoviendo que Turquía pare, ya sea por mar o tierra, la entrada de personas.

Lo realmente peligroso es hacer un subasta de cuotas de acogida de los refugiados que ya están en la UE, permitiendo que sean voluntarias, mientras no se impide que voces xenófobas tengan un enorme eco en todo el continente, como vemos a raíz del atentado de Bruselas. No olvidemos que el compromiso de la UE, en septiembre pasado, de recolocar a 160.000 personas refugiadas en los veintiocho países tan sólo se ha cumplido para 937. Que de los 22.500 que se iban a reasentar en nuestro continente desde los colapsados países límitrofes a Siria, Jordania y Líbano, han llegado 4.555, menos que la mitad que en la lejana Canadá. Afortunadamente, también hay una respuesta solidaria, mucho más local, comunitaria, en lugares como Lesbos o Lampedusa y también en algunas ciudades europeas.

Estamos ante un mal acuerdo y tenemos que construir una respuesta social que lo pare. Nos podemos tolerar que Europa se limite a pagar para que le limpien la casa, barriendo los derechos humanos para echarlos al vertedero. Nos jugamos mucho como para perder esta batalla. Entre otras cosas la misma idea de Europa.