¿Quién teme a los derechos humanos en Sáhara Occidental?
Desde hace años, Amnistía Internacional está solicitando a las Naciones Unidas que lleven a cabo una observación de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campos de Tinduf. Diferentes organismos de la ONU podrían contribuir a ello, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la propia MINURSO. ¿Por qué no se hace?
Imágenes de disturbios en El Aiún, Sáhara Occidental/EFE
El pasado 17 de marzo, las autoridades de Marruecos obligaban a la ONU a retirar del Sáhara Occidental a cerca de un centenar de miembros de su personal civil y a cerrar una oficina militar de enlace de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental), tras unos comentarios de Ban Ki-moon en los que, tras visitar los campos saharauis en Argelia, tachaba las condiciones de vida de los refugiados como "inaceptables" y mencionaba la palabra prohibida para Marruecos,"ocupación", al hablar de la situación en el Sáhara Occidental. Aprobada la ampliación de la MINURSO, una vez más sin mandato sobre derechos humanos, hacemos un análisis histórico sobre la situación que se vive en la región.
Un arreglo incompleto
El origen del problema se remonta al año 1975, cuando Marruecos y Mauritania (que se retiró después) se anexionaron el Sáhara Occidental tras pactarlo con el Gobierno de la España franquista, potencia administradora, mediante un acuerdo sin validez reconocida por la ONU. Desde el primer momento se inició un conflicto armado entre Marruecos y el Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (Frente Polisario), movimiento saharaui que defiende que se celebre un proceso de autodeterminación en el Sáhara Occidental.
En 1988, Marruecos y el Frente Polisario acordaron el llamado Plan de Arreglo, aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1991, en el que se pactaba un alto el fuego y la celebración de un referéndum en el que se pediría a la población saharaui elegir entre la independencia o la integración en Marruecos. Para poder implementar dicho referéndum y supervisar el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, se estableció también en 1991 la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO).
Desde entonces, la celebración del referéndum se ha ido posponiendo y aún no se ha podido llevar a cabo. Veinticinco años después, todo continúa igual. Marruecos no acepta un referéndum que incluya la opción de la independencia, mientras sólo admite plantear un posible estatuto de autonomía para el Sahara Occidental, bajo su soberanía. Por su parte, el Frente Polisario sigue defendiendo el proceso de autodeterminación. Cualquier otro supuesto no es aceptable para ellos.
El conflicto aún está vivo
Y bien vivo. Entre el personal expulsado el pasado mes de marzo, una parte trabajaba en tareas de sensibilización sobre el riesgo de las minas y de las municiones sin explotar, en la prevención de accidentes y de víctimas mortales y en el proceso de desminado de los programas del Servicio de Acción Antiminas de la ONU, que considera al Sáhara Occidental como uno de los territorios más minados del mundo, con más de 2.500 víctimas registradas desde 1975.
Un mes después de las expulsiones, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba, sin consenso entre sus miembros, la resolución 2285 por la que el mandato de la MINURSO se ampliaba una vez más por otros doce meses sin garantizar que las Naciones Unidas puedan efectuar un seguimiento independiente, imparcial, integral y sostenido de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campamentos de Tinduf. Es la única misión de mantenimiento de paz de la ONU que no cuenta con un mandato sobre derechos humanos. La resolución no solo no pide el retorno del personal expulsado, sino que el único requisito que se establece es que en el plazo de noventa días se informe al Consejo de Seguridad de si está funcionando a plena capacidad, y si no, "de considerar la mejor forma de facilitar el logro de este objetivo".
Desde hace años, Amnistía Internacional está solicitando a las Naciones Unidas que lleven a cabo una observación de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campos de Tinduf. Diferentes organismos de la ONU podrían contribuir a ello, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la propia MINURSO, que como todas las demás misiones de las Naciones Unidas también puede llegar a desempeñar un papel clave en esta labor.
Cuando uno ve las resoluciones que se van sucediendo año tras año por los diferentes miembros (temporales o permanentes) del Consejo de Seguridad, sin recoger esta preocupación por la defensa de los derechos humanos, no puede menos que preguntarse: ¿A quien le preocupa (y por qué) que las Naciones Unidas supervisen en un territorio no autónomo y en unos campamentos de personas refugiadas la violación de unos derechos que están en la base de su propia existencia?
