El Gobierno aprueba un gran paquete social antes de la disolución de las Cortes

El Gobierno ha aprobado durante la reunión del Consejo de Ministros de este viernes —previo a la disolución de las cortes antes de las elecciones generales del próximo 28 de abril— medidas sobre igualdad entre hombres y mujeres, en materia de vivienda y alquiler y los planes de contingencia necesarios para el caso de un 'Brexit' sin acuerdo.

De este modo, ha dado luz verde al Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo, en el que finalmente se incluye la ampliación del permiso por paternidad a ocho semanas en 2019, 12 en 2020 y 16 en 2021, equiparándolo así al de maternidad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dejado claro que "la maternidad no puede ser un arma en contra del desarrollo laboral y ciudadano de las mujeres, sino una opción libre de la mujer", por lo que "tenemos que hacernos corresponsables todos".

La vicepresidenta ha insistido en que la maternidad representa "la continuación en términos de capital humano de un país como el nuestro", por lo que las mujeres "no pueden seguir pechando de manera exclusiva con todos los elementos circunstanciales que trae la llegada de la responsabilidad de los menores".

El Gobierno siempre ha expresado su intención de ampliar de manera progresiva el permiso de paternidad, que actualmente es de cinco semanas voluntarias. Así lo plasmó de nuevo en el borrador del decreto ley de 28 páginas que el Ejecutivo elaboró y presentó a los agentes sociales y patronal la semana pasada, un texto que no generó acuerdo entre las partes.

Pese a ello, el decreto ley ha sido aprobado y, consecuentemente, el permiso por paternidad para funcionarios y trabajadores del sector privado se elevará gradualmente hasta 2021, cuando tendrán permisos iguales, intransferibles y retribuidos de 16 semanas. Estos serán ampliables en dos semanas por cada hijo en casos de partos múltiples.

El objetivo de llevar esta medida a través del decreto ley es poder hacerla efectiva, ya que se quedó en el aire al tumbarse los presupuestos generales por parte del Congreso de los Diputados. Una vez aprobado el decreto ley, las medidas en él contempladas entrarán en vigor tras su publicación en el BOE, aunque el texto deba ser convalidado posteriormente por el Congreso.

Este lunes se reunió la Mesa de Diálogo Social sobre Igualdad para abordar las medidas contempladas en este Real Decreto-Ley. En ella, la patronal —CEOE y CEPYME— se mostró en contra de la ampliación de los permisos de paternidad tal y como está planteada porque, a su juicio, "es duplicar" los permisos de los progenitores.

Tampoco eran partidarios de hacer obligatorios los planes de igualdad en empresas de más de 50 trabajadores (actualmente es obligatorio a partir de 250), algo que el Gobierno también ha aprobado.

Preguntada por esta disconformidad de la patronal, Calvo se ha limitado a decir que la norma se ha tratado en el marco del diálogo social con patronal y sindicatos, y que ahora "lo importante" es que el decreto ley sea convalidado por los grupos parlamentarios.

El decreto ley contempla también la recuperación de las cotizaciones sociales para los cuidadores de personas dependientes, principalmente mujeres, que correrán a cargo del Estado aunque serán abonadas por la Seguridad Social, alcanzando junto a la ampliación del permiso de paternidad un coste de unos 610 millones.

"Queremos devolverles la posibilidad de la cotización", ha reivindicado Calvo, quien ha reseñado la necesidad de protección que tiene este colectivo y de agradecimiento por la ética y solidaridad, y para "dejar de castigarlo".

Vivienda y alquiler: índice estatal de referencia

El Gobierno ha aprobado también el decreto de medidas urgentes en materia de alquiler, que introduce como novedad un índice estatal de referencia del precio del alquiler, vincula las subidas al IPC en todos los contratos y permite las bonificaciones, fundamentalmente, en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Sin embargo, el real decreto —que se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE)— no recoge ninguna medida para regular los precios, tal y como ha reclamado en numerosas ocasiones Podemos, ya que eso requiere una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Según ha señalado Calvo, estas bonificaciones se extenderían a las políticas tributarias locales y tendrían como objetivo promocionar a quienes alquilan las viviendas y disponer de suficiente oferta en alquiler, especialmente, dada la problemática a la que se enfrenta la gente joven.

El nuevo real decreto establece medidas fiscales para estimular la oferta como habilitar el gravamen en el IBI de la vivienda vacía, bonificar en el IBI la vivienda protegida en alquiler o eliminar el Impuesto de Transmisiones en los alquileres de vivienda habitual.

Además, para impulsar la oferta de viviendas en alquiler a un precio asequible, el Ejecutivo se ha marcado como objetivo crear, en el plazo de 8 meses, el índice estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda y ha establecido un derecho de adquisición preferente (tanteo y retracto) por parte de las Administraciones Públicas en caso de venta conjunta de un inmueble con arrendamientos.

Asimismo, para dotar de mayor seguridad y certidumbre al inquilino, se amplía la prórroga obligatoria de 3 a 5 años (o a 7 años, si el arrendador es persona jurídica), se amplía la prórroga tácita (si ninguna de las partes dice nada transcurridos los 5 o 7 primeros años) de 1 a 3 años, y a 2 meses para el inquilino y 4 meses para el arrendador el plazo de pre-aviso previsto para no renovar el contrato.

También se da validez a los contratos de alquiler aunque no estén inscritos en el Registro de la Propiedad y se favorece el acuerdo entre las partes para la realización de mejoras durante la vigencia del contrato permitiendo, en este caso y de forma pactada, el incremento de la renta durante el resto del contrato.

Varias de las medidas que recoge el decreto están orientadas al apoyo de los grupos más vulnerables, especialmente aquellos que se enfrentan a situaciones de desahucio.

En este sentido, se mejora la coordinación con los servicios sociales para proteger al desahuciado en los supuestos de vulnerabilidad, se obliga a señalar el día y la hora del desahucio, se limitan las garantías adicionales a dos meses o se limita al IPC la actualización de la renta durante la vigencia del contrato.

También se "blinda" la posibilidad de subrogación, en caso de fallecimiento del inquilino, en favor de colectivos vulnerables (menores, discapacitados, mayores de 65 años).

Con respecto a la vivienda turística, se mejora su exclusión de la LAU para que sea específicamente regulada por las CCAA y se permite que una mayoría de 3/5 de las comunidades de propietarios puedan limitar este tipo de viviendas o asignarles mayores gastos comunes.

Calvo ha agradecido el apoyo que algunos grupos, como Unidos Podemos o el PDeCAT, han manifestado al nuevo decreto, tras el rechazo del Congreso en enero al primero que aprobó el Gobierno.

Brexit

El Gobierno ha aprobado también un real decreto-ley con medidas para minimizar los efectos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, especialmente en materia de derechos de los ciudadanos y de comercio y finanzas, y que exige la reciprocidad de la autoridades británicas.

Así, el Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este viernes el Real decreto-ley por el que se adoptan las medidas de contingencia ante la posibilidad de que el Brexit se produzca sin acuerdo.

Se trata de un conjunto de medidas en cuya elaboración han participado 14 Ministerios y define medidas de carácter temporal dirigidas facilitar el paso del Reino Unido de miembro de la UE a tercer estado.

El primer objetivo de estas medidas es preservar los intereses de los ciudadanos españoles residentes en el Reino Unido y de los entorno a 300.000 ciudadanos británicos residentes en España.

El decreto-ley contempla de manera específica los derechos de los ciudadanos españoles que trabajan en Gibraltar con el objetivo de que el brexit les perjudique lo menos posible, ha subrayado el Gobierno.

El segundo objetivo es preservar el normal funcionamiento de los flujos comerciales y los intereses económicos entre España y el Reino Unido.

El preámbulo de la norma establece que el mantenimiento en el tiempo de muchas de las medidas adoptadas "se supedita al otorgamiento de un tratamiento recíproco", un extremo que ocupa buena parte del capítulo I del decreto ley y se reitera una y otra vez a lo largo de todo el documento.

La exigencia de reciprocidad también está especificada en el capítulo primero, en el que se subraya que todas las medidas serán suspendidas si, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor del decreto ley, las autoridades británicas no hubieran aprobado medidas similares en beneficio de los ciudadanos españoles residentes en el Reino Unido.