Rohingyas: sin esperanzas en el primer aniversario de su éxodo masivo

Este 25 de agosto se cumple un año del inicio de la campaña militar que el Gobierno de Birmania (Myanmar) emprendió contra una minoría a la que ni siquiera le daba el estatus de ciudadano, los rohingyas. Un país de mayoría budista contra un reducto musulmán al que se le ha negado históricamente el pan y la sal y al que, en aquel verano, además se le empezó a perseguir a puro fuego.

La oleada de violencia oficial fue la respuesta a las acciones de un grupo insurgente bajo las siglas de esta etnia -el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA)-, que atacó varios puestos de policía, lo que desencadenó la reacción desproporcionada de las fuerzas de seguridad. Esa razzia acabó en el éxodo de 700.000 personas hacia el vecino Bangladesh, que abrió sus fronteras a los perseguidos pero que, en este tiempo, no ha podido cubrir sus necesidades esenciales. Losa rohingyas carecen de lo básico y no tienen esperanzas de retornar en breve a su país. Una situación desesperada ante la que el mundo guarda silencio.

El campo de refugiados más grande del mundo

"No quiero vivir aquí por mucho tiempo porque me preocupa el futuro de mis hijos. Quiero regresar, pero sólo si tengo la certeza de que no tendré que huir otra vez, de que tendré mis derechos como ciudadano", explica a la Agencia EFE Hafez Ullah, que huyó con toda su familia del estado birmano de Rakáin.

Se encuentra ahora en el distrito de Cox's Bazar, en el sureste de Bangladesh, una zona que alberga en estos momentos a 919.000 rohingyas -200.000 de ellos escapados en anteriores oleadas de violencia- y, de ellos, unos 626.000 viven en chozas de plástico y bambú en el masificado campamento de Kutupalong y sus aledaños. Es más que la población de Málaga o Lisboa, y casi la de Washington, una masa humana que se ha multiplicado por cinco en un año.

En estas imágenes difundidas por Médicos Sin Fronteras (MSF) se puede apreciar el antes y el después del éxodo en la zona de Kutupalong, que oficialmente alberga el mayor campo de refugiados del mundo, por delante del de Zaatari, en Jordania.

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María Simón, la coordinadora de emergencias de MSF en Bangladesh, explica en un vídeo difundido por la ONG que "los rohingyas continúan atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento y vulnerabilidad"."Los Estados de la región les niegan un estatus legal formal, a pesar de que son refugiados. Los rohingyas no son reconocidos como ciudadanos en Myanmar ni como refugiados en Bangladesh", denuncia.

Relata que, es este exilio prolongado, es muy complicado cubrir todas sus necesidades, desde las indispensables para la vida como el acceso al agua potable o la adecuada atención médica, a la educación, el empleo, esenciales para su progreso personal. La ONU hizo el pasado marzo una solicitud de fondos de 1.000 millones de dólares para responder a las necesidades diarias de estos refugiados en Bangladesh, pero hasta ahora sólo se ha recaudado un tercio del dinero, el 31% exactamente, abunda Simón.

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Un ruego: más medios

Un portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Cox's Bazar, Firas Al-Khateeb, explicó a Efe que no creen que "las circunstancias en la actualidad sean las propicias para el retorno, ya que cualquier repatriación tiene que ser segura, digna y voluntaria". Otras agencias han comenzado a resaltar, por ello, la necesidad de recibir financiación de la comunidad internacional para poder mantener el apoyo a los rohingyas en los campamentos en Bangladesh en condiciones aceptables.

"En este momento sólo está financiada la ayuda a un tercio de los refugiados, cuando son casi un millón que dependen por completo de las ayudas. Cualquier recorte en los servicios podría tener consecuencias devastadoras", dijo a Efe Fiona MacGregor, portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

MacGregor señaló como "especialmente importante" que en este primer aniversario del comienzo de la crisis el mundo recuerde al pueblo rohingya y continúe brindando a los refugiados el apoyo necesario "para evitar que sufran una nueva tragedia". Aún así destacó los "logros significativos" en el último año en los campamentos, convertidos en el asentamiento de refugiados más grande del mundo, señaló la portavoz. "Los primeros días los miles de refugiados dormían sin techo, muchos ante la urgencia de recibir tratamiento médico y comida, ahora tenemos una situación en la que todos los refugiados tienen acceso a refugio, alimentos y servicios de salud", subrayó.

Es esa atención sanitaria una de las principales preocupaciones de las organizaciones humanitarias, ante la amenaza que representan en los campamentos las enfermedades endémicas. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en un informe reciente, informó de 7.682 casos de difteria y un total de 42 muertes por esta causa, la última de ellas a principios de abril.

"La cantidad de presuntos casos de difteria llegó a casi 8.000 y aunque no ha habido ninguna muerte desde abril por esta causa, todas las semanas recibimos entre 25 y 30 casos sospechosos", sentenció a Efe el jefe de Salud del Gobierno en Cox's Bazar, Abdus Salam.

Desde el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) advierten de que está a punto de perderse toda una generación de niños de esta minoría, no sólo por el medio millón que está en los campos de refugiados, que tienen complicaciones para tener una educación plena y adquirir competencias que ayuden a su comunidad, sino por los muertos por el camino.

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Acuerdos que no se cumplen

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Estados Unidos y otras organizaciones humanitarias criticaron duramente, desde el principio, la ofensiva contra este pueblo, que incluyó matanzas, violaciones y quema de aldeas, y la calificaroon de "limpieza étnica de manual" con indicios de "genocidio", algo que el Ejército birmano siempre negó.

La presión internacional, sin embargo, llevó a los gobiernos de Birmania y Bangladesh a firmar el pasado 23 de noviembre un acuerdo por el que comenzarían en tres meses a repatriar a los miembros de la minoría. Sin embargo, ocho meses después, ese regreso aún no ha comenzado. Desde el Gobierno bangladeshí reconocen incluso que "aún no se ha fijado la fecha para el inicio de la repatriación", según explicó a la citada agencia el comisionado para la Ayuda y Repatriación de Refugiados de Bangladesh, Abul Kalam. La líder birmana, la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, que ha recibido muchas críticas por su manera de manejar la crisis, ha responsabilizado al fracaso del acuerdo a Dacca, la capital de Bangladesh, por ser la responsable de "decidir con qué rapidez" los refugiados pueden regresar.

Por el momento, está activo un proceso de verificación de rohingyas para confirmar que son elegibles para la repatriación, pero hasta el 31 de julio sólo se habían podido verificar 12.800, según un informe del Grupo de Coordinación Intersectorial de la ONU.

Los múltiples retrasos y los temores de nuevas violencias hacen que sea difícil elegir de volver. Los rohingyas quieren recibir una compensación financiera por sus tierras, quemadas o requisadas por el ejército birmano desde su partida. Además quieren garantías personales, ya que el país les niega la ciudadanía desde el 1982, privándolos así del acceso a la educación y de la atención sanitaria. "No regresaremos porque (las autoridades birmanas) no son sinceros con nosotros", dijo Nay Lin Aung, un refugiado en uno de los campamentos, a la agencia AFP.

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Desde Amnistía Internacional (AI) denuncian a través de un comunicado que "la inacción de los líderes y lideresas del mundo está permitiendo que los autores de crímenes de lesa humanidad de las fuerzas de seguridad de Myanmar sigan en libertad". Este organismo tacha de "limpieza étnica" la ofensiva militar, con sus asesinatos, violaciones, torturas, incendios, minas terrestres, inanición forzada y expulsiones que "vulneran los derechos humanos". "No debemos permitir que esto ocurra", declaró Tirana Hassan, directora de Respuesta a las Crisis de AI, que lamenta las dilaciones políticas a la hora de implementar una salida a esta crisis.

"Los Estados del mundo deben presionar para que Myanmar desmantele su sistema de apartheid y permita que la población rohingya y todas las demás minorías étnicas disfruten de sus derechos a la nacionalidad y a la libertad de circulación", insiste Hassan. A pesar de que en los últimos meses la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos han anunciado sanciones contra los autores de esta persecución, "hacen falta muchas más medidas urgentes de la ONU para garantizar la rendición de cuentas". Por ejemplo, proponen que el Consejo de Seguridad, con carácter urgente, remita el caso a la Corte Penal Internacional para que haya una verdadera rendición de cuentas.

La próxima semana, precisamente, el Consejo se reunirá para discutir el tema. Birmania cuenta con el apoyo de su poderoso aliado, China, que es uno de los miembros permanente del organismo, por lo que se espera que ejerza su derecho de veto e impida que salga adelante una condena y una sanción en consonancia con el daño causado.

La población más perseguida del mundo

Los rohingyas forman un grupo de alrededor de un millón de personas, concentradas como grupo étnico en el norte del estado de Rakhine (antiguamente Arakán), en Birmania, cerca de la frontera con Bangladesh. A diferencia del 90% de la población birmana, que profesa el budismo, los rohingyas son musulmanes.

Birmania no los considera ciudadanos, no tienen reconocimiento como grupo étnico ni libertad de movimiento. Y lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta de dónde vienen, cuál es su origen. Los líderes de la comunidad defienden que son descendientes de comerciantes árabes, pero el Estado birmano asegura que son en realidad migrantes musulmanes de Bangladesh que cruzaron a Myanmar durante la ocupación británica. De ahí que se les considere "advenedizos", un término usado en ocasiones por las autoridades.

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Oficialmente, son tratados como inmigrantes bengalíes, están confinados en grandes guetos -en condiciones muy precarias- y no se frena la violencia que se ejerce contra ellos: ni cuando los ataques vienen del odio del vecino ni cuando los aplica el Gobierno.

Su vida como minoría dentro del país no ha sido, pues apacible, por esta sospecha sobre el forastero. El conflicto entre musulmanes y budistas se remonta a la Segunda Guerra Mundial: en 1942, los rohingyas se enfrentaron a los budistas locales; los primeros estaban apoyados por el Reino Unido y los segundos, por Japón.

Desde 1948, cuando se independizó el país, han sido víctimas de tortura, negligencia y represión, viviendo apartados del resto de la sociedad, hasta el punto de que no pueden casarse o viajar sin permiso de las autoridades del país y no tienen derecho a tener tierras ni otras propiedades, lo cual ha limitado notablemente sus posibilidades de empleo y de una vida estable. Unos parias, desde hace demasiado tiempo.