La mentira del PP sobre el aborto: propone volver a un consenso que nunca existió

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado este lunes que el PP afrontará el tema del aborto en su convención ideológica del próximo otoño de "una forma positiva".

García Egea ha sostenido que "el aborto no es un derecho sino un drama" y ha asegurado que José Luis Rodríguez Zapatero rompió "el consenso de los 80" con la aprobación de una ley de plazos para la interrupción del embarazo, aprobada en 2010 y vigente en la actualidad.

Pablo Casado, presidente del PP, también ha expresado en varias ocasiones su intención de regresar al "consenso de los 80" para camuflar su proyecto de dar un paso atrás en los derechos de las mujeres.

Porque ese "consenso de los 80" no existe. La ley de supuestos para el aborto de Felipe González que el líder popular defiende como un modelo tuvo un camino parlamentario tortuoso marcado por la oposición férrea de los populares.

La primera piedra de aquella ley de supuestos se puso en 1983. El 6 de octubre de ese año, el Congreso de los Diputados aprobó "la despenalización del aborto, en los casos de malformación física del feto, violación o riesgo para la salud de la madre" con 186 fotos favorables, 109 votos en contra y cuatro abstenciones.

Alianza Popular (la antigua marca del PP) votó no (junto a CDS, el grupo vasco y la minoría catalana) y uno de sus diputados, el médico Carlos Ruiz Soto, protagonizó el incidente de la jornada al gritar "¡No al aborto!" desde su escaño en el momento de emitir su voto oral.

Ese día, el proyecto para una ley de supuestos logró los apoyos necesarios para continuar su tramitación parlamentaria. Fue ratificado en el Senado el 30 de noviembre de 1985, con 110 votos a favor, 45 en contra y tres abstenciones. No hubo sorpresas: Alianza Popular no sólo votó en contra, sino que recurrió el texto ante el Tribunal Constitucional.

El 11 de abril de 1985, el alto tribunal, absolutamente dividido, emitió un fallo con siete votos a favor y seis en contra, en el que consideraba que el proyecto de ley socialista incumplía las exigencias derivadas del artículo 15 de la Constitución al no garantizar la vida humana en formación en los casos de aborto terapéutico y eugenésico.

Los magistrados proponían al legislativo fórmulas concretas para que el proyecto se ajustase a la Constitución: que un médico especialista comprobara la existencia de grave peligro para la vida o la salud de la madre y que tanto el aborto por esta causa como en el supuesto de probables taras físicas o psíquicas en el feto se realizara en centros sanitarios públicos o privados autorizados al efecto.

El Gobierno de González modificó el texto publicado en el BOE el 12 de julio de 1985 e introdujo las enmiendas recomendadas por el Constitucional. La ley despenalizaba el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo en el supuesto de violación, hasta 22 semanas en casos de riesgos de malformaciones en el feto y sin límite en el supuesto de riesgo para la salud física y mental de la madre.

Era el final de un proceso legislativo que los populares convirtieron en un via crucis y con el que nunca quedaron del todo satisfechos: en 2012, Alberto Ruiz Gallardón anunció un nuevo proyecto de ley del aborto que fracasó y acabó siendo su tumba política. ¿Fracasará de nuevo el proyecto de Casado?