Sancionada una escuela del Opus Dei por no contratar mujeres
Deberá pagar 50.002 euros por emplear sólo a varones y por impedir la promoción profesional interna de las trabajadoras que ya estaban en el centro.
La Escuela Viaró, concertada y del Opus Dei, deberá abonar dos sanciones de 50.002 euros dictadas por Inspección de Trabajo por discriminación machista hacia las mujeres por contratar únicamente a profesorado masculino para su centro y por impedir la promoción profesional interna de las mujeres.
El secretario general de CGT-Enseñanza, Miquel González, ha explicado a Efe que la escuela, situada en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), ha perdido el recurso que presentó contra una de las dos sanciones impuestas por Inspección de Trabajo, concretamente la referida a la promoción profesional en la mujer. Por tanto, el centro deberá pagar en total 50.002 euros correspondientes a dos sanciones -a razón de 25.001 euros cada una-, dictadas el pasado mes de noviembre por la Inspección. La otra de las sanciones por las que fue condenada, la referida a la discriminación por razón de sexo en la contratación, no fue recurrida en su día por el centro, por lo que ya era firme.
Miquel González ha recordado a la citada agencia que el sindicato interpuso en febrero pasado una denuncia al comprobar que el ideario de la escuela, a través de su página web, explicitaba que la contratación de personal de Primaria, Secundaria y Bachillerato sería exclusivamente de hombres, caso que no se daba en educación infantil, donde las clases son mixtas.
Viaró, que eliminó esta información de su página una vez conocida la denuncia, defendió en noviembre pasado su modelo de educación "diferenciada, escogido por las familias" y presentó alegaciones a la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo.
Sigue el concierto
Por otra parte, el representante de CGT ha reiterado que considera "gravísimo" que el Departamento de Enseñanza, "conocedor de los hechos, no haya retirado el concierto educativo" a la Escuela Viaró, que es concertada y del Opus Dei, con lo que Enseñanza se hace cómplice, a su juicio, "de las irregularidad con las que se han vulnerado las condiciones que dan derecho al concierto educativo".
Según González, Enseñanza "debería garantizar que los centros educativos fueran espacios para combatir las desigualdades de género" y en cambio, "contribuye a perpetuarse con el mantenimiento de un modelo totalmente discriminatorio".
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