La Generalitat malversó 1,9 millones en el 1-O, según la Guardia Civil
Así consta en un informe encargado por el juez Llarena
El informe que el juez del "procés" en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, encargó a la Guardia Civil revela que la Generalitat malversó 1.915.067,22 euros procedentes de fondos públicos en la organización y celebración del referéndum independentista catalán del 1 de octubre de 2017.
Hace un mes, la Guardia Civil ya cifró en 1,6 millones el gasto público para el referéndum ilegal en un informe provisional entregado al juez Llarena.
El juez Llarena pide explicaciones a Montoro
El titular de Hacienda negó en una entrevista publicada el lunes por el diario El Mundo que en el referéndum del 1 de octubre se hubiera utilizado dinero público, lo que ha llevado este miércoles a Llarena a pedirle por escrito que explique "a la mayor brevedad posible" sus afirmaciones, al considerar que las fuentes de prueba acumuladas durante la instrucción contradicen esa conclusión.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública, por su parte, se ha comprometido este miércoles a aportar al juez Llarena toda la documentación donde se detalla el control de la Ejecución presupuestaria.
En un comunicado, Hacienda ha asegurado que ve "positivamente" la providencia del juez porque da la oportunidad a ese departamento de aportar al Tribunal Supremo todas las actuaciones de control a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, que hasta ahora no se habían solicitado.
El desglose de los gastos
La mayoría de los gastos del 1-O, según la agencia Europa Press, corresponden al Govern y una pequeña parte fueron asumidos por Junts pel Sí. También se precisa que el gobierno catalán utilizó a Omnium para encargar cartelería del 1-O con el logo de la Generalitat. Así lo ha especificado en uno de sus últimos informes aportado en el Tribunal Supremo. La siguiente relación es el detalle de esos gastos.
Pagos abonados
No obstante en el informe no establece cuántos gastos comprometidos están abonados realmente y cuántos no. Sí precisa que está acreditado que la Generalitat pagó 119.700 euros a la empresa The Hague Center for Strategic Studies por el desplazamiento de observadores internacionales para el 1 de octubre.
Pero añade que también tenían el compromiso de pago de otros 47.365 euros que sería un "pago final" a realizar en noviembre pasado, pero el instituto armado deja claro que desconoce si esa factura se abonó o no. Eso sí, precisan que se han solicitado distintos mandamientos que aún no se han llevado a cabo en las diligencias de investigación de la presunta malversación de fondos públicos por parte del Diplocat.
La Guardia Civil también expone en su informe que ha habido dos intentos de cobrar una de las cinco facturas en las que se dividió el pago a Unipost. Se trata de una factura de 238.965,37 euros que la citada empresa tenía confeccionada para el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat.
Además, los investigadores explican al juez que siguen otras líneas de investigación para averiguar los posibles pagos con fondos públicos a Carles Viver Pi i Sunyer y su entorno por los informes que realizó relacionados con la preparación del referéndum.
A ello se suma la investigación de la cantidad empleada por el CTTI para el acondicionamiento de un call center donde se pretendía gestionar y centralizar los datos del referéndum, así como del material, principalmente informático para ese evento.
Sobre el último punto, la Guardia Civil explica que aún está tratando de terminar que parte de un contrato con Fujitsu por 40.227 euros se destinó al material del citado call center.
