El presidente de Filipinas mandará matar a su hijo mayor si se confirma que ha traficado con drogas

Nadie parece poder escapar a la brutal manera de impartir justicia del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Tras su llegada al poder, en 2016, lanzó una sangrienta guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado que ya lleva miles de muertos a sus espaldas, una política implacable que no contempla ni la reinserción ni la vuelta a la vida civil de los detenidos por traficar con drogas.

De su razia ni siquiera se salva Paolo Duterte, su hijo mayor, un hombre de 42 años recientemente vinculado a la mafia china, al que este miércoles ha ordenado matar si la acusación de narcotráfico se demuestra. "Mis órdenes son matarte y, si te atrapan, protegeré al policía que te mate", dijo Duterte durante un discurso ante trabajadores en el palacio Malacanang en Manila, según ha recogido el periódico británico The Guardian.

El presidente agregó que la orden de ir hasta la pena de muerte con los traficantes se aplicará a cualquiera de sus hijos que se involucre con narcos, "para que la gente no pueda decir nada contra mí". "Así es mejor, así puedo decir: 'Sigan hablando, ahí está el cadaver de mi hijo'", agregó, en palabras de las que se ha hecho eco el diario australiano The Sydney Morning Herald.

Paolo, conocido como Pulong, fue acusado de formar parte de una mafia china transnacional durante un audiencia en el Senado filipino, hace dos semanas. El primogénito del presidente -que también es vicealcalde de la ciudad sureña de Davao- negó las acusaciones de que facilitó la entrada de un cargamento de drogas en el puerto de Manila por valor de unos 125 millones de dólares, un relato que calificó de "infundado" y basado en "rumores". La denuncia provino del senador Antonio Trillanes, exmilitar, quien señaló que Pulong formó parte de una operación de tráfico de una tonelada de metanfetaminas provenientes de China que pasaron por Filipinas antes de seguir a otros destinos.

Trillanes instó a Pulong a mostrar si tenía o no un tatuaje en la espalda que demostraría su pertenencia a la organización criminal china, a lo que el hijo del presidente se negó, según detalla Reuters.

No es la primera denuncia a la que se enfrenta. En 2016, durante otra audiencia, el sicario Edgar Matobato y el policía retirado Arthur Lascanas acusaron a Pulong de estar involucrado con el narcotráfico y de proteger a mafiosos, lo que no se ha probado al momento. En tanto el mismo Trillanes presentó un informe de inteligencia de las fuerzas de seguridad fechado en 2007 en el que se mencionan operaciones de contrabando de autos de lujos y otros artículos desde el puerto de Davao en las que Pulong habría estado involucrado. La presión ejercida por Trillanes fue sentida por el ahora presidente Duterte, quien lo acusó a su vez de tener cuentas en el exterior y señaló a la prensa: "Voy a destruirlo o él me va a destruir a mí".

Pero las declaraciones de esta semana parecen mostrar su compromiso de no mostrar clemencia con su hijo si se prueba la denuncia. Duterte asumió la presidencia en junio de 2016 con la promesa de terminar con el problema del narcotráfico y el crimen organizado en el archipiélago asiático. Desde entonces se calcula que entre 7.000 y 9.000 personas acusadas de actos criminales fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad, y el mandatario dijo que necesitarían asesinar hasta 100.000 traficantes y adictos, según denuncian varias organizaciones de derechos humanos.

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PROTESTAS MASIVAS

Esa sangrienta "guerra antidroga" y las amenazas de declarar la ley marcial del polémico Duterte llevaron precisamente ayer a decenas de miles de filipinos a tomar la calle, bien para criticarle, bien para defenderle.

"Estamos hartos de él, especialmente de su política de asesinatos extrajudiciales y difusión de noticias falsas", declaró a Efe uno de los 20.000 manifestantes, según los organizadores (8.000, según la Policía), que se congregaron en la principal protesta, en el céntrico parque de Luneta en Manila.

Las demostraciones, tanto a favor como en contra del Gobierno, han servido para recordar uno de los momentos más oscuros de la historia de Filipinas: la declaración de la ley marcial por el fallecido dictador Ferdinand Marcos, de la que se cumplen 45 años. En la democrática Filipinas, este "día de las manifestaciones" ha contado con el visto bueno del Gobierno, que incluso declaró la jornada festiva para los funcionarios, suspendió las clases en todo el país y desplegó a policías para evitar incidentes.

Los manifestantes congregados en Luneta recurrieron a pancartas, panfletos y cánticos para expresar su idea de que el actual jefe del Estado, conocido por su implacable "guerra antidroga", busca reinstaurar un régimen dictatorial similar al de Marcos, que gobernó desde 1965 hasta 1986, periodo en el que usó la ley marcial entre 1972 y 1981.

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"La protesta de hoy no es sobre Marcos sino sobre Duterte, ya que vemos muchos paralelismos en el modo de gobernar de ambos", declaró Teddy Casiño, coordinador del Movimiento contra la Tiranía, organización creada como plataforma de diversos grupos sociales y eclesiásticos críticos con el Gobierno.

Casiño argumentó que el actual mandatario "en solo un año ha multiplicado por dos el número de asesinatos extrajudiciales cometidos durante los 14 años de ley marcial de Marcos", en referencia a los más de 7.000 homicidios (según estimaciones) de presuntos vendedores de droga y toxicómanos en los últimos 15 meses.

La jornada de manifestaciones llega en un momento especialmente delicado para la administración de Duterte, después de la muerte de dos jóvenes y otras irregularidades cometidas en el marco de la campaña contra las drogas que han dado lugar a varios escándalos.

"La violencia de los últimos tres o cuatro meses ha sido crucial a la hora de despertar a la gente. El sector cultural, por ejemplo, estaba muy callado, pero ahora estamos empezando a hacer oír nuestras voces", aseguró a Efe la escritora filipina Katrina Stuart Santiago durante la manifestación.

Los convocantes también censuraron las recientes declaraciones de Duterte, que amenazó con extender a todo el país la ley marcial, actualmente en vigor en la isla de Mindanao (sur) por el conflicto con los yihadistas que ocupan parcialmente la ciudad de Marawi desde el 23 de mayo, en caso de rebelión de la guerrilla comunista que actúa en varias zonas rurales.

Una maniobra similar permitió al dictador Marcos prolongar su mandato sin pasar por las urnas tras declarar la ley marcial tal día como hoy en 1972. Otros tantos miles de manifestantes se congregaron en diversas convocatorias por todo el país, mientras unos 7.000 seguidores de Duterte (según la policía) se concentraron en la céntrica Plaza Miranda de Manila.

Allí, los presentes entonaron cánticos a favor del polémico mandatario, cuya política de tolerancia cero con las drogas y el crimen le brinda el holgado apoyo de ocho de cada diez filipinos encuestados, según los últimos sondeos.

Duterte, que permaneció ausente en esta jornada de manifestaciones, invitó la víspera a los ciudadanos a protestar contra su administración o defenderla siempre y cuando no protagonizaran "actos vandálicos".