Primera querella de una víctima franquista contra policías de la dictadura

Luis Suárez-Carreño se ha convertido hoy en la primera víctima del franquismo que ha presentado una querella individual en España contra tres inspectores de la Brigada Político Social del régimen de Francisco Franco, acusados de crímenes de lesa humanidad en relación con un delito de tortura.

Se trata de los inspectores Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, Manuel Gómez Sandoval y Tomás Nieto Berrocal, a quienes acusa de participar en su detención en 1973 y de torturarle posteriormente durante los interrogatorios, al tratarse de un miembro de un colectivo opuesto al régimen franquista.

La querella recoge también la detención y tortura que en 1970 sufrió Luis Suárez-Carreño, exmilitante de la Liga Comunista Revolucionaria, si bien el querellante ha dicho en rueda de prensa que no sabe quienes estuvieron detrás de este primer incidente.

Al margen de las iniciativas penales de los Ayuntamientos de Pamplona y Vitoria por crímenes del franquismo, esta es la primera querella individual de una víctima en España, que ha sido presentada esta mañana en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid con el respaldo de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (CEAQUA).

Se abre ahora un plazo de tres días para que el Decanato reparta la querella en el juzgado correspondiente que, previsiblemente, pedirá informe a Fiscalía para que se pronuncie sobre su admisión a trámite.

Tanto el querellante como sus abogados no contemplan otro escenario que no sea la admisión a trámite pues se trata de crímenes contra la humanidad en relación con un delito de tortura (art. 607 bis del Código Penal) que, según el derecho internacional, no prescriben.

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UNA LARGA PELEA

No es la primera vez que las víctimas ponen el punto de mira en Billy el Niño, cuya extradición fue solicitada por la jueza argentina María Servini que instruye la denominada querella argentina por crímenes del franquismo.

Hace tres años la Audiencia Nacional rechazó su extradición a Argentina al asegurar que habían prescrito los 13 delitos de torturas por los que se le reclamaba, los cuales no pueden ser calificados de lesa humanidad porque no formaban parte de un "ataque sistemático y organizado a un grupo de población".

El abogado Manuel Ollé ha explicado que sería "un despropósito grosero" escudarse en la Audiencia Nacional para rechazarla, cuando, ha añadido, la Constitución, el ordenamiento jurídico, el derecho internacional y la Declaración Universal de Derechos Humanos les amparan.

Para lograrlo, el equipo jurídico ha incluido un informe pericial cuyas conclusiones son "irrefutables" con el objetivo de que el juez tenga un "elemento valioso y contundente" para avanzar.

Ahora bien, lo cierto es que la tipificación del delito como lesa humanidad es clave para que la iniciativa no acabe archivada, ya que no cabría la prescripción; como también lo sería no tener en cuenta la Ley de Amnistía de 1977, que el letrado considera "nula e inexistente" en términos de derecho internacional.

OBLIGACIÓN "INCUESTIONABLE"

El equipo jurídico ha querido dejar claro que es "incuestionable" que España tiene la obligación de investigarles al tratarse de crímenes de lesa humanidad y confía en que los tribunales tengan la "suficiente valentía" para hacerlo así y poner punto y final a la "impunidad mantenida por el Estado desde hace décadas".

"Tenemos todas las esperanzas de que se admita a trámite, porque es una denuncia concreta sobre unos hechos concretos", ha dicho Ollé, quien ha avanzado que se presentarán sucesivas querellas criminales en relación con torturas, aunque no ha dado fechas.

Otro de los abogados que han participado en la elaboración de la querella, Jacinto Lara, ha subrayado que solo persiguen "la verdad judicial, no política, de lo que sucedió aquel entonces", algo que "en muchos países no sería noticia porque aplican el derecho internacional".