El Congreso debatirá una ley sobre la muerte digna

La dignidad en la muerte ha entrado, por fin, en el Congreso de los Diputados. El Pleno ha admitido a trámite este martes la toma en consideración de una proposición de ley de Ciudadanos para garantizar la dignidad de los pacientes en el proceso final de su vida. Lo ha hecho con el apoyo de la mayoría de los partidos representados en la cámara y dejando fuera la eutanasia, con la que Podemos fracasó legislativamente la pasada semana.

La decisión adoptada por PP, PSOE, Unidos Podemos, Compromís y UPN no es sino un paso tardío en un camino que debió empezar a recorrerse hace tiempo. Pero es un avance para quienes, desde hace años, reclaman una legislación que proteja la dignidad de las personas hasta el final de sus días. Habrá que ver qué texto resulta de los debates que vendrán, pero sería raro que se alejara mucho de los que ya existen en ocho comunidades autónomas: Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Baleares, Andalucía y Madrid.

En ninguna de ellas se permite la eutanasia o el suicidio asistido. Pero la Asociación Derecho a Morir Dignamente sigue insistiendo: lo que precisa España es una ley de eutanasia que otorgue a los pacientes el derecho a decidir en todos los aspectos sobre el final de su vida.

La normativa propuesta por Ciudadanos aboga por garantizar del "pleno respeto" del derecho a la dignidad de la persona en el proceso final de su vida; promover la libertad, autonomía y voluntad de acuerdo con sus deseos, preferencias, creencias o valores; y asegurar que el rechazo de un tratamiento por voluntad de la persona, o interrupción del mismo, no suponga un menoscabo de una atención sanitaria integral.

Asimismo, pretende garantizar el derecho de todos los ciudadanos a recibir cuidados paliativos integrales y un adecuado tratamiento de los síntomas físicos y problemas emocionales que puedan surgir al final de la vida; evitar la discriminación en el acceso a los servicios sanitarios en estos momentos; y asegurar una atención personalizada a través de la coordinación y cooperación entre los sistemas de salud y de servicios sociales, velando por la continuidad de los cuidados.

Del mismo modo, se destaca la necesidad de diferenciar lo que es un "razonable esfuerzo terapéutico" para alargar la vida de los pacientes en condiciones dignas, del "encarnizamiento terapéutico" que conduce a la prolongación de un sufrimiento "innecesario". Además, el texto señala que, en estos procesos, la prolongación de la vida "no debe considerarse un bien superior" al derecho de los pacientes a pasar sus últimos días conforme a sus creencias y convicciones personales.

De esta forma, la normativa establece como derechos de las personas que están cerca de la muerte recibir cuidados paliativos integrales y de tratamiento del dolor, previendo el derecho a la sedación paliativa, "incluso cuando ello pudiera implicar un acortamiento de la vida"; derecho a recibir tales cuidados en su domicilio o en otro lugar que designen; que, en el caso en que la asistencia sea en régimen de internamiento hospitalario, puedan estar acompañados de sus familiares, allegados y el auxilio espiritual que deseen; y que puedan estar en una habitación individual.

Por otra parte, la ley refleja también la necesidad de dotar a todos los profesionales sanitarios del apoyo, información y de las herramientas necesarias para asumir su papel "con seguridad" y reducir la conflictividad ante estos casos. Al mismo tiempo, pretende dar respuesta legal a los dilemas a los que se enfrentan las administraciones y profesionales de salud y, finalmente, se subraya la importancia de que se limite el esfuerzo terapéutico a la situación del paciente, siempre y cuando sean con las garantías de decisión compartida por varios profesionales y de información al paciente y respeto a su voluntad.

En defensa de la iniciativa, el diputado de Ciudadanos Francisco Igea ha señalado que "la política útil no es levantar banderas o agitar pasiones", sino conseguir que los pacientes noten mejoras "reales y efectivas".

Igea ha defendido la igualdad de los españoles también para morir, por lo que ha subrayado la importancia de una ley básica para todos aquellos que no están cubiertos por una ley autonómica.

Desde el PP, Pilar Cortés ha apoyado la proposición de ley para profundizar en el desarrollo de los derechos y autonomía de los pacientes, garantizando la protección integral y de calidad durante el proceso final de la vida, con la finalidad de que las personas con enfermedades avanzadas y terminales mueran dignamente sin dolor ni sufrimiento.

En nombre del PSOE, Jesús María Fernández Díaz ha arremetido contra Ciudadanos por hacer "un ejercicio de oportunismo político" y plagiar las normas autonómicas existentes, "dándoles un toque conservador y centralista", si bien ha respaldado la iniciativa para asegurar una ley básica.

Por Unidos Podemos, Eva García Sempere, ha adelantado que presentarán un texto alternativo para incorporar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido.

La diputada ERC Ester Capella ha avanzado la abstención de su grupo "en solidaridad con los españoles" para cubrir el "déficit" en esta materia, aunque ha criticado "la obsesión enfermiza" de Ciudadanos por perseguir el derecho a decidir de las personas y "la voluntad clara y manifiesta de limitar el autogobierno catalán".

La urgencia por una Ley sobre muerte digna, suicidio asistido y eutanasia tiene que ver con una capa enorme de dolor y frustración: la de todos aquellos pacientes que, por una u otra circunstancia, se ven privados del derecho a decidir sobre su propia vida y forzados, ellos o sus familiares, a incurrir en la ilegalidad para poner fin a su existencia.

"Vivir es un derecho, no una obligación", decía el Ramón Sampedro de ficción en la película Mar Adentro, de Amenábar, que llevó la eutanasia a la gran pantalla y la situó en el centro de la conversación social. Esa frase resumía de manera certera la lucha y la convicción del Ramón Sampedro real, el hombre que pasó 29 años postrado en su cama y el que inició en 1994, hace nada menos que 23 años, una batalla con la Justicia para que autorizara su muerte.

No lo logró, pero su caso es uno de los que con más fuerza perviven en el imaginario colectivo y uno de los que puede contribuir a la ruptura de las barreras morales que, basadas a menudo en "mitos", según los partidarios de la eutanasia, deben caer para acabar con una situación de ilegalidad que sólo provoca sufrimiento.