Al acusa a España de usar el delito de "enaltecimiento de terrorismo" para casos de libertad de expresión
En 2016 España no estuvo al margen del menoscabo de los derechos humanos. Así lo sentencia el informe anual de Amnistía Internacional, que es muy claro sobre los campos en los que el Gobierno español necesita mejorar en lo que a derechos humanos se refiere: tanto en materia de libertad de expresión y reunión, como en la gestión de las denuncias de tortura, en su compromiso con los refugiados y en la manera en la que hace frente a la violencia de género. Nada más y nada menos.
En el documento se acusa a España de usar el delito de "enaltecimiento de terrorismo" para procesar a personas que ejercen de manera pacífica su derecho a libertad de expresión. El caso más polémico, en 2016, fue el de dos titiriteros que estuvieron cinco días en prisión por exhibir durante su espectáculo en Madrid una pancarta en la que se leía "Gora Alka-ETA" (Viva Alka-ETA.
Para la organización internacional estos hechos se enmarcan dentro de las "restricciones injustificadas" a los derechos de la libertad de información, expresión y de reunión, que incluye la reforma del Código Penal española y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como 'Ley Mordaza'.
La violencia de género y cómo enfrentarse a ella es otro de los asuntos que se recogen en el informe. Se hace una referencia explícita a la ley de 2004 que, desde su aprobación, no se han vuelto a evaluar sus efectos "de manera participativa y transparente, a pesar de las preocupaciones expresadas respecto a la eficacia de los procesamientos y la idoneidad de las medidas de protección de las víctimas". A este asunto se ha referido el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, que ha alertado sobre las carencias de esta ley: "Ha perdido prioridad política. Cada vez se destina menos dinero a prevenir y combatir este tipo de violencia.También hay problemas para que el Estado investigue los casos por sí mismo; es de los pocos delitos en los que es la víctima la que tiene que aportar las pruebas. Esto es inaudito".
FALTA DE COMPROMISO EN LA CRISIS MIGRATORIA
España también suspende en materia de refugiados: el sistema español de recepción de solicitantes de asilo es "inadecuado", no ha aplicado las directivas europeas en esta materia y, seis años después de su entrada en vigor, la Ley de Asilo española sigue "sin implementarse", se recoge en el informe. España tampoco ha cumplido el compromiso que adquirió en virtud de los programas de reasentamiento de recibir 1.449 refugiados de Oriente Medio y Norte de África. Hasta diciembre, sólo habían llegado a territorio español 289.
Respecto a la cuota de refugiados procedentes de Italia y Grecia, que asumió como parte del programa de reubicación de la UE, la ONG se sirve de los datos para sacar los colores a las autoridades españolas: sólo han llegado 609 (datos de diciembre) de las 15.888 refugiados comprometidos.
La ONG también denuncia la falta de "eficacia" y "exhaustividad" de las autoridades españolas a la hora de investigar algunos de los casos de tortura y malos tratos que se han interpuesto a lo largo de 2016 contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entre otros ejemplos, cita el caso de Javier Beortegui, que el año pasado llevó a España al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por una denuncia de supuestas torturas mientras estaba detenido por un presunto delito de integración de banda terrorista ETA.
El tribunal europeo resolvió que España violó la prohibición de tortura y otros malos tratos por no investigar esta denuncia de manera eficaz, la séptima sentencia que una instancia superior dicta en este sentido.
La organización de derechos humanos también denuncia la negativa de España a cooperar con los tribunales argentinos en la denominada "Querella Argentina", que investiga los crímenes cometidos durante el franquismo y la Guerra Civil, que ha impedido que se tome declaración a algunas de las víctimas y a 19 imputados. Por medio de una circular, la Fiscalía General del Estado español instruyó a sus sedes territoriales para que se opusieran a cualquier investigación judicial solicitada por Argentina, argumentando que los crímenes en cuestión, desapariciones forzadas y tortura, han prescrito o están exentos por la Ley de Amnistía española. “Se niega así el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y sus familiares”, sentencia el texto.
