Claves para entender el guirigay de Garoña y el resto de nucleares
Once años de debate, más de 30.000 horas de trabajo, 167 informes emitidos, una polémica decisión final de reapertura y un fin de fiesta que alarga la vida de las nucleares en España. El dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) se presenta como un precedente precioso, aunque no determinante, para extender hasta 60 años la explotación de los ocho reactores del país. Y no solo. Completa además un rosario de cambios en la regulación de la energía nuclear en España que prima los intereses económicos de la industria sobre protocolos internacionales, almacenaje y seguridad, según denuncian expertos, ecologistas y partidos políticos a excepción del PP.
La oposición se ha levantado en armas. El PSOE presentó este jueves la Proposición no de Ley para la no reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña y prepara una Proposición de Ley para la semana próxima mientras Equo registrará este viernes la Proposición de reforma de la Ley 2/2011 de Economía sostenible para cerrar las centrales nucleares a medida que sus permisos de explotación caduquen, independientemente de que hayan cumplido 40 años en funcionamiento o no. Esta es la respuesta al dictamen del CSN y, sobre todo, a las cinco cartas remitidas por su presidente, Fernando Marti, al ministro de Energía en las que le sugería hacer cambios para facilitar que las plantas puedan funcionar más allá de los 40 años (hasta los 60 o incluso más, con la única condición de pasar una revisión de seguridad al menos cada década).
Las cartas están firmadas por Marti el pasado 1 de febrero, pero fueron enviadas al Ministerio de Energía oficialmente el 7 de febrero (según la fecha de salida del Registro General del organismo), solo un día antes de que el CSN anunciara su dictamen sobre Garoña, ha informado El Independiente. En ellas, el presidente del supervisor nuclear propone al ministro de Energía una nueva redacción de uno de los apartados de las autorizaciones vigentes de todas las centrales del país (Almaraz, Ascó I y II, Vandellós II, Cofrentes y Trillo).
Todo el arco parlamentario menos el PP ha requerido por primera vez la presencia de los cinco consejeros del CSN responsables del dictamen. Las comparencencias comenzaron este miércoles 15 con las intervenciones de la gestora de residuos Enresa, el Foro de la Industria Nuclear, la Asociación de Municipios de Áreas de Centrales Nucleares (Amac) y la organización ecologista Greenpeace y se prolongarán durante tres semanas hasta finalizar con las intervenciones de los consejeros.
¿Por qué Garoña?
Garoña excede a Garoña, Garoña marca el futuro de la energía nuclear en España. No solo es la más antigua de las nucleares del país (son seis, pero Almaraz y Ascó tienen dos reactores cada una) sino también la que menos electricidad ha vertido a la red, la más polémica y la que más protestas ecologistas ha suscitado contra la energía nuclear.
Las nucleares e hidroeléctricas percibieron entre 1998 y 2005 36 euros por cada uno de los 674.000.000 megavatios producidos en ese periodo, más 8.664 millones de euros en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTC’s). Garoña estaba entre ellas. “Esas retribuciones permitieron que las nucleares recuperaran las inversiones realizadas”, denuncia Jorge Fabra, expresidente de Red Eléctrica de España (1998-1997) y exconsejero de la Comisión Nacional de la Energía (2005-2011).
Amortizadas ya, como explica este experto, todo es ganancia para las empresas explotadoras que acaban también de blindar la vida de las centrales, pues tras el precedente del dictamen de Garoña, el Gobierno de turno tendría que compensar por lucro cesante a la propietaria de una nuclear si ordenase cerrarla.
Garoña supone renunciar a una práctica que estructuraba las renovaciones de las plantas nucleares por diez años y cambiarlo por una situación indeterminada en que será el Gobierno quien fije, sin indicación al respecto por parte del CSN, ese tiempo.
¿En qué excede?
“Con el dictamen del CSN, la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ya tiene lo que quería: extender hasta 60 años la explotación de sus otros siete reactores nucleares que acaban su vida de diseño entre 2020 y 2028”, informa Jorge Fabra.
Excede en que los cálculos por lucro cesante escalados al resto del parque nuclear conducen a “otros 16.600 millones de euros más caídos del cielo a los que sin duda aspiran las cinco empresas de Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Viesgo y EDP)”, únicas propietarias de las nucleares españolas, agrega.
Cuando en 2011, el CSN otorga una renovación de diez años a Garoña y el Gobierno concede solo cuatro, Nuclenor pide compensación en base a esta figura jurídica, porque el CSN le dio diez años autorización y el Gobierno solo cuatro. La Audiencia Nacional denegó la indemnización. La industria tomó buena nota, opina Jorge Fabra, del mecanismo que ya no será un impedimento para indemnizaciones.
¿Por qué el CSN se contradice respecto a Garoña: ahora sí, ahora no?
No hay justificación, entiende Cristina Narbona, en la entrevista que mantiene con El Huffington Post el lunes 13. “Al menos, no la ha habido en el Pleno salvo la necesidad de responder a la empresa de acuerdo con la ley de procedimiento administrativo que exige que no se dilaten los tiempos cuando hay un expediente en curso”, explica.
Pero la ley no dice cuál es el sentido de la respuesta, aclara la consejera del CSN, la única del cónclave de cinco que votó en contra del dictamen. “Podíamos haber votado en contra de la reapertura porque Garoña sigue sin cumplir los requisitos que el propio CSN le ha impuesto, y así lo he expresado en mi voto particular”, matiza después la exministra de Medio Ambiente.
Hasta la fecha el CNS vinculaba las revisiones a las autorizaciones, por lo que el Gobierno no podría ofrecer renovaciones por más de diez años. Con la modificación, se abre la vía de reclamaciones por lucro cesante. ¿Pero en qué mejora este cambio la seguridad?
¿A quién beneficia este cambio de rumbo?
Ecologistas y expertos interpretan el dictamen del CSN como una jugada financiera con lo nuclear como moneda de cambio. Arístides García, responsable del área en Ecologistas en Acción, ha cifrado entre 800 y 1.000 millones la cantidad que Nuclenor, propietaria de la nuclear de Santa María de Garoña y coparticipada por Endesa e Iberdrola, podría pedir por "lucro cesante" si, tras autorizarse ahora la prórroga, el Gobierno decidiera su cierre. Esa cantidad se iría reduciendo cada año que se mantenga la prórroga, pero es tan alta que cada vez será más difícil retirar la licencia a Garoña.
¿No al resto?
También al resto. Tras el dictamen del CSN, las propietarias de las centrales nucleares podrán reclamar una indemnización por lucro cesante si reciben la orden de cierre de cualquier futuro Gobierno. Los cálculos de Garoña escalados al resto del parque nuclear conducen a “otros 16.600 millones de euros más caídos del cielo a los que sin duda aspiran las cinco empresas de Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Viesgo y Edp)”, únicas propietarias de las nucleares españolas, repite Jorge Fabra.
¿Quién quiere cerrar Garoña?
Ecologistas y oposición. La portavoz de Greenpeace ha criticado también "la actitud" del CSN en el "escandaloso" proceso de valoración y finalmente visto bueno para que la central nuclear de Garoña pueda volver a conectarse a la red, pese a que esto "pueda poner en riesgo la seguridad nuclear".
La historia de Garoña empieza en 2013 con una serie de cambios de normas que facilitan que Nuclenor pidiera la renovación en las mejores condiciones posibles y llega hasta ahora. “En todos esos momentos en que el Consejo ha sido requerido por parte del Gobierno o por parte de la empresa, he manifestado mi disconformidad y he dejado constancia por escrito en los votos particulares”, se posiciona Cristina Narbona.
¿Quién quiere reabrir Garoña?
Unesa, la patronal de la industria eléctrica, que se garantizaría una importante compensación por lucro cesante en el caso de que cualquier Gobierno futuro decida cerrar la central después del dictamen favorable del CSN, seguirá obteniendo una alta rentabilidad de las ocho nucleares españolas, ya amortizadas según los cálculos de Jorge Fabra. La industria lo niega.
Y quizá también el Gobierno pero lo dice con la boca chica, con la de la calculadora: “Tendremos que acostumbrarnos a unos precios de la energía más altos en determinados momentos”, anunció el ministro Nadal, que aboga por “desactivar los elementos ideológicos de la política energética”.
¿Es segura Garoña?
“El riesgo cero no existe”, explica Cristina Narbona. “Si Garoña realiza todas las mejoras requeridas por el CNS, las garantías de seguridad son mayúsculas”, continúa. El dictamen no cambia un ápice la seguridad, que continuará siendo revisada cada diez años por el CSN. “La modificación es otra”, explica, “ya no hay un horizonte temporal de vida útil de las nucleares establecido por el Consejo, a partir de ahora será el Gobierno el que decida”.
La clave es la actualización de la Guía de Seguridad 1.10 sobre Revisiones Periódicas de Seguridad (RPS), en cuyo debate los representantes del sector indicaron la necesidad de publicar la nueva guía lo antes posible porque los plazos de presentación de solicitudes de renovación de las autorizaciones de explotación son muy ajustados, informa Pilar Lucio, portavoz de Energía del PSOE en el Congreso.
¿Y rentable?
Las inversiones en seguridad serían rentables si la vida útil fuese prorrogada por 20 ó 25 años en lugar de 15, valora Jorge Fabra. Para que eso fuese posible, sería necesario un nuevo cálculo de inversiones.
¿Merece la pena invertir 3.380 millones de euros en una tecnología del pasado?
“El Consejo”, subraya Cristina Narbona, “ha cumplido con su obligación de evaluar una solicitud con independencia de lo que haga la empresa, pero para que llegue a operar tiene que cumplir otros requisitos”. Jorge Fabra ofrece a su turno un consejo: “No lo hagan, señores de Unesa. Cierren Garoña. Renuncien a considerar como precedente el dictamen del CSN”, recomienda en un amplio análisis publicado en la web de Economistas frente a la crisis. “Dejen de seguir ordeñando el modelo regulatorio que tantos beneficios les ha aportado y súbanse al tren del cambio”, les recrimina y “prepárense para el desmantelamiento de sus reactores nucleares”.
Si se acometen las mejoras, ¿volverá a producir electricidad?
“El CSN avala alargar la vida de Garoña pero le impide producir electricidad hasta que no ejecute las mejoras solicitadas”, insiste Cristina Narbona. Aunque el Consejo exige en su último dictamen un total de diez condiciones, Garoña tiene al menos cuatro cuestiones muy básicas que resolver previas al paquete Fukushima que extremó la seguridad de todas las nucleares. Estas son el sistema de tratamiento de gases de reserva, aislamiento de contención y pruebas de fuga, independencia de sistemas eléctricos y protección contra incendios.
“Si Nuclenor considerase que la operación no es rentable con los nuevos costes, hay dos opciones: venta a operadores que sí estén dispuestos a invertir o retirada de la autorización y sellado de la central”, sitúa Jorge Fabra. La pelota está ahora en dos tejados: en el de Nuclenor y en el del Ministerio. “La empresa tiene que pensarse muy bien cualquier decisión”, advierte el economista, “porque la que tome y su grado de colaboración sentará un precedente para las próximas prórrogas que soliciten las nucleares”. Por ejemplo, Almaraz en mayo de 2017.
¿Cuáles son esos intereses en juego?
En juego están intereses económicos de las empresas propietarias y discrepancias sobre política regulatoria y política energética, entiende Jorge Fabra, porque lo que finalmente acabe pasando con Garoña, sentará precedentes que, aunque no determinantes, sin duda influirán en la política regulatoria y en la política energética, explica Jorge Fabra.
“Desde 2013, el proceso de cambios en los criterios regulatorios del CSN, la falta de unanimidad entre los miembros de su Consejo, los cambios en los plazos de prolongación de la explotación en las solicitudes, los aparentes desacuerdos económicos entre Iberdrola y Endesa sobre la continuidad o no de la explotación de la central, la fuerte contestación social y la alta oposición de los partidos políticos… dibujan un panorama confuso que revela la existencia de intereses y de discrepancias políticas que sobrepasa la cuestión concreta que se debate y que, sin embargo, se están dilucidando en Garoña”, contextualiza el experto.
¿Nuclear o renovables?
Depende. ¿De qué depende? De ecología, coste e ideología, según las guerras en juego. Desde el cálculo ecológico, renovables y nuclear son energías limpias. Desde el punto de vista del coste, las renovables han reducido su coste hasta un 80% en los últimos cinco años. La producción de energía nuclear está prácticamente amortizada, según Jorge Fabra, pero no así el almacenamiento de los recursos, una cuestión peliaguda que despierta no pocos recelos. En cuanto a ideología, el ministro Álvaro Nadal acusa a las renovables de venir cargadas de ideario, también la FAES, el think tank anteriormente ligado al PP, plasmó el suyo en el documento Propuestas para una estrategia energética nacional de 2011 y actualizado en 2013, apología de lo nuclear.
¿Y a mí qué?
Pues a ti todo, tanto si eres de los de #Yosoynuclear como de los de #Yosoyantinuclear.
