El Consejo de Estado, tumba política para Trillo... y nuevo refugio laboral
Paradojas de la vida. Un informe del Consejo de Estado sobre el caso del Yak-42 ha acabado fulminando la etapa política del exministro Federico Trillo, que ya ha hecho las maletas para salir de la mansión de Belgravia y volver de Londres a Madrid. Su destino: el propio Consejo de Estado, del que es letrado.
Entre los muros del imponente Palacio de los Consejos, en la calle Mayor de Madrid, se firmó por unanimidad en octubre el documento que reconocía oficialmente por primera vez la responsabilidad del Ministerio de Defensa, en manos entonces de Trillo, del accidente que acabó con la muerte de 62 militares que regresaban de Afganistán el 23 de mayo de 2003.
El Gobierno titubeó en un primer momento y hasta Mariano Rajoy decía que era un tema zanjado judicialmente, pero finalmente la presión social, mediática, de la oposición, de las familias de las víctimas y de la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha llevado a que Trillo tenga que dejar su puesto como embajador en la capital británica.
¿Su siguiente destino? ¡El Consejo de Estado precisamente! Trillo ya ha avanzado que piensa pedir su reincorporación a este órgano, donde tiene plaza como letrado por oposición desde el año 1979. Este puesto lo abandonaría en 1989 para dedicarse de lleno a la política y presentarse en las elecciones para diputado en el Congreso.
UN MES PARA PEDIR LA REINCORPORACIÓN
Él mismo ha comentado que ya trasladó hace un año esa intención al Consejo. No obstante, fuentes de este órgano consultadas por El Huffington Post, explican que solo puede hacerlo oficialmente una vez se publique su cese como embajador en el Boletín Oficial del Estado. Desde ese momento, tiene un mes para registrar esa petición.
Actualmente, Trillo se encontraba de excedencia de esta plaza por “servicios especiales”, comentan las fuentes, al ser embajador en Reino Unido. Pertenece al cuerpo de letrados, pero podría convertirse tras su incorporación en “letrado mayor” de una de las secciones por la condición de antigüedad de acceso por oposición. Esto tiene más consecuencias organizativas que económicas. Este puesto está en uno de los escalafones más altos de la administración, en torno a los niveles 28 y 29 -el máximo es el 30-.
La misión de los letrados es elaborar informes en las secciones a las que estén adscritos y trabajar junto al consejero permanente de ese área. Una de las ventajas de este puesto, y de la que podrá disfrutar Trillo, es que no tienen horario ni una obligación presencial fijada en el Consejo. Es decir, ellos se distribuyen el trabajo y lo pueden hacer en casa. Eso sí, apuntan las fuentes, estos letrados están presentes en las reuniones de sección y de la Comisión Permanente del Consejo cuando se tratan sus informes.
A esta categoría de letrados solo se puede acceder por oposición entre licenciados universitarios, y su encomienda concreta, según el Consejo, es la de “desempeñar las funciones de estudio, preparación y redacción de los proyectos de dictamen sobre los asuntos sometidos a consulta del consejo”.
Este sería su puesto inicialmente, aunque él mismo ha dicho que luego pensará si “deriva” su carrera para centrarse en su propio despacho de abogados.
¿QUÉ ES EL CONSEJO DE ESTADO? ¿QUIÉN LO FORMA?
El Consejo de Estado llevaba años sin acaparar tantos titulares -a excepción de las menciones durante el conflicto judicial entre el Gobierno y la Generalitat y los informes solicitados sobre la legalidad de las leyes aprobadas en el Parlament-. Y muchos ciudadanos se preguntan: ¿Qué es realmente? ¿Para qué sirve?
Se trata del “supremo órgano consultivo del Gobierno”, según la definición incluida en la Constitución de 1978, aunque su fundación corresponde a Carlos V en 1526. Su labor es principalmente emitir dictámenes a petición de las autoridades consultantes: presidente del Gobierno, ministros y jefes de Ejecutivos autonómicos. Los particulares pueden pedir audiencia cuando están interesado en el objeto de una consulta. Además, el Gobierno puede solicitar que elabore propuestas legislativas o de reforma constitucional.
Actualmente, la presidencia de este órgano recae en el exministro del PP José Manuel Romay Beccaría, que llegó al cargo en marzo de 2012 por nombramiento del Gobierno y que hasta ese momento era tesorero del Partido Popular y senador. Es un hombre de absoluta confianza de Mariano Rajoy.
Por debajo de él hay ocho consejeros permanentes (uno por sección): Landelino Lavilla, Miguel Rodríguez-Piñero, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Fernando Ledesma. Alberto Aza, José Luis Manzanares, María Teresa Fernández de la Vega y Enrique Alonso. Todos ellos son nombrados por el Ejecutivo vía real decreto y cuentan con letrados -como lo será Trillo- para elaborar los dictámenes.
También en este órgano hay consejeros natos -lo son por razón del cargo que desempeñan-. Desde la modificación de la ley en 2004, los expresidentes del Gobierno forman parte de este órgano por esa condición y con carácter “vitalicio”. Felipe González, Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo rechazaron entrar en en el Consejo. José María Aznar sí lo hizo, pero lo abandonó en 2006 para entrar a formar parte del consejo de administración de News Corporation, empresa de Rupert Murdoch. José Luis Rodríguez Zapatero también fue consejero hasta que en 2015 lo abandonó “temporalmente” para ocupar el cargo de presidente del consejo asesor de la fundación alemana Instituto de Diplomacia Cultural. Por lo tanto, ningún expresidente ejerce esta posibilidad actualmente.
Entre los consejeros natos actuales están los presidentes de academias, como de la Lengua o de la Jurisprudencia, el Fiscal General del Estado o el gobernador del Banco de España. En total, hay once.
Existe una tercera categoría de consejeros, los electivos. También son nombrados por el Gobierno vía decreto. En este grupo hay figuras como Amelia Valcárcel, Juan José Laborda, Isabel Tocino, Manuel José Silva, Juan Antonio Ortega, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, José María Michavila, Ana Palacio y María Luisa Cava de Llano.
No todos se reúnen a la vez. En la organización consta que hay un Pleno, formado por el presidente y los consejeros de las tres categorías mencionadas. Luego está la Comisión Permanente, en la que están el presidente y los consejeros permanentes. Se suele reunir los jueves y, como apuntan las fuentes, es el “motor” del Consejo. Fue precisamente en la cita del jueves 20 de octubre cuando se abordó el informe sobre el Yak-42.
Y ahora será Trillo, el que menospreció ese informe del Consejo, el que esté elaborando nuevos textos. Así es la vida. Este mismo viernes reflexionaba el exministro de Defensa José Bono sobre el asunto, quien ha recordado que Trillo le llamó “indeseable por decir lo mismo que acaba de decir el Consejo de Estado”.
Y lanzaba esta pregunta: "¿También son indeseables los consejeros y Trillo va a ser asesor jurídico de ellos?".
