Moncloa quiere temas potentes en la Conferencia de Presidentes y retratar a Urkullu y Puigdemont
La Conferencia de Presidentes del próximo 17 de enero será la primera gran cita política del año. Las autonomías llevan años reclamando que se vuelva a reunir este órgano. Y La Moncloa tiene la intención de dotarla con un contenido potente, con temas que afectan directamente a los ciudadanos y que se retraten quienes no acudan a ella -previsiblemente Carles Puigdemont e Iñigo Urkullu-.
Según fuentes gubernamentales, el Gobierno está trabajando intensamente en la preparación de esta cita, en la que el punto estrella que tratarán Mariano Rajoy y los presidentes regionales será el nuevo modelo de financiación autonómica, especialmente los aspectos para sufragar los pilares del Estado del Bienestar, la sanidad y la educación.
Detrás de la maquinaria de la Conferencia está la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que en el nuevo Gobierno asumió también las competencias del recuperado Ministerio de Administraciones Territoriales. La ‘número’ dos de Moncloa y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se reunieron el pasado miércoles con representantes autonómicos para ir avanzando en la reunión.
EL GOBIERNO LLAMA A LA "RESPONSABILIDAD" DE PUIGDEMONT Y URKULLU
La Conferencia se ha encontrado con un gran problema: las anunciadas ausencias del presidente catalán, Carles Puigdemont, y del lehendakari, Iñigo Urkullu. Esta será la primera vez en que estos cargos no acudan a este foro, que fue creado durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero como jefe del Ejecutivo.
La Moncloa sabe que su no presencia puede marcar esta cita, descafeinar su resultado y además dar una imagen de asimetría de trato entre las autonomías. Tanto Euskadi como Cataluña reclaman una relación bilateral con Madrid, por encima de organismos multilaterales.
El Gobierno está tratando de forzar que los dos presidentes acudan por “responsabilidad”, según fuentes gubernamentales. Hasta el presidente del Gobierno ha hablado recientemente con Puigdemont y le gustaría que el catalán rectificara en su postura.
De todas formas, ante ese posible bache, el Gobierno ya está desplegando su argumentario. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, y otros miembros del Ejecutivo repiten todo el día la disponibilidad al diálogo para pactar medidas que beneficien a los ciudadanos. Siempre con el ‘no’ al referéndum por delante.
Esta tensión llega también en pleno inicio de la ‘operación diálogo’ emprendida por Sáenz de Santamaría, que ha intensificado su presencia en Cataluña para intentar encauzar la situación. Hasta dispone de despacho propio en la Delegación del Gobierno en Barcelona y se reúne constantemente con representantes políticos y de distintos sectores económicos y sociales. También está reforzando esta labor el delegado en Cataluña, Enric Millo.
El calendario de preparación de la Conferencia tiene marcado en rojo el próximo 11 de enero, cuando hay prevista otra reunión entre el Gobierno y las autonomías. A pesar de que Cataluña y el País Vasco no acudieron a la otra preparatoria, Moncloa tiene la intención de enviarles todos los documentos que se están realizando para no romper la posibilidad de que a última hora quieran acudir Puigdemont y Urkullu.
Estos días las comunidades autónomas están recopilando y enviando sus propuestas al Gobierno sobre el nuevo modelo de financiación. Algunas autonomías están subrayando aspectos a tener en cuenta, como el envejecimiento demográfico de España, y la necesidad de reforzar el modelo para garantizar la sanidad, la educación y la dependencia -que representan el 60% de los gastos regionales-.
TEMAS CON CALADO SOCIAL
Además, de la financiación, el Gobierno quiere introducir otros temas con marcado carácter social. Uno de ellos será el reciente pacto entre PP y PSOE -con incorporación a última hora de Ciudadanos- para prohibir los cortes de luz a familias vulnerables. El decreto ya ha pasado por Consejo de Ministros y debe enfrentarse a la tramitación parlamentaria. Pero, como recuerdan fuentes del Gobierno, debe desarrollarse a través de un complejo reglamento que puede tardar tres meses. Y es que afecta a normas y competencias europeas, autonómicas y locales. Por eso, desean contar con la colaboración efectiva de las autonomías y los ayuntamientos. Álvaro Nadal quiere ser muy pulcro en ese desarrollo para que no pudiera ser fácilmente recurrible ante los tribunales.
Desde el Gobierno inciden en que estos temas afectan directamente a los ciudadanos. Por lo tanto, la no participación de Puigdemont y Urkullu deberá ser explicados por ellos mismos ante los ciudadanos. Son “graves problemas”, repiten en el Ejecutivo, que tienen también los catalanes y los vascos.
En la lista de temas en los que trabajan en Moncloa y las presidencias regionales aparecen también la agenda europea y la participación autonómica en el anhelado pacto por la educación que anunció Rajoy durante su sesión de investidura.
Al buzón del Gobierno siguen llegando propuestas para esa cita, como las de la Comunidad de Madrid que solicita revisar también el reparto del coste del transporte público, un pacto para unificar la atención sanitaria y más fondos para discapacidad.
El Gobierno pisa el acelerador -en público y en privado- para la primera gran cita de 2017. ¿Éxito o fracaso?
