La crisis de los 38
¡Felices 38! La Constitución cumple años otro 6 de diciembre, y como en los últimos aniversarios, con la misma coletilla de “en pleno debate sobre su reforma”. Pero en esta ocasión los festejos llegan acompañados por el fantasma del fracaso del referéndum en Italia y la reflexión sobre cómo puede llevarse a cabo su cacareada modificación.
Todos los grupos de la oposición han pedido con fuerza en las últimas semanas al Gobierno que arranque el proceso de reforma para actualizar las reglas básicas de convivencia y, además, conectar el texto de 1978 con la España de 2016. Un cambio que parece más cerca que nunca ante la conciencia de todos los partidos de que deben acercarse a la ciudadanía y, especialmente, a los más jóvenes.
La respuesta que llega desde La Moncloa y desde la calle Génova no es negativa pero se pone el énfasis en que tiene que ser un cambio por “consenso” y un texto pactado entre todos. Este mensaje lo trasladó directamente la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al Congreso durante su comparecencia en la Comisión Constitucional.
EL PP Y LOS REFERÉNDUMS QUE "CARGA EL DIABLO"
El Partido Popular no piensa jugarse la estabilidad por un cambio constitucional anhelado por los otros partidos o por un empeño personal, como ha sucedido en Italia con Matteo Renzi. Mariano Rajoy sabe que abrir el melón de la reforma de la Carta Magna puede traer algunos quebraderos de cabeza. Y, sobre todo, le obligaría a convocar un referéndum. Como repiten en público y en privado los ‘populares’: estas consultas las “carga el diablo”. No solo está en mente el caso italiano, también caló en el PP la victoria del Brexit pese a tener en contra al ex primer ministro David Cameron y a los laboristas.
Por eso, en el Gobierno se habla de “prudencia”. El actual Congreso es mucho más plural y los pactos son más necesarios. El problema que ven los populares es que hay muchas “divergencias” en los planteamientos de los partidos sobre la reforma, según explicó Santamaría la semana pasada. Por lo tanto, creen que hay que ir “paso a paso”. No hay prisas. Además, preocupa en el PP que determinados y delicados se pongan sobre la mesa, no se consiga un acuerdo y generen una “fractura” del país.
Lo que sí tienen en mente la mayoría de partidos es que una reforma de este calado debería abordar temas como la sucesión de la Corona -priman los hombres sobre las mujeres en la línea hereditaria-, el modelo de Estado -especialmente la resolución del encaje de Cataluña- y la consolidación de nuevos derechos.
También está en el punto de mira de los partidos el debate sobre la introducción del nombre de las comunidades autónomas, desarrollar el vínculo de la Unión Europea, modificar el Senado y el cambio de los aforamientos.
EL PSOE PISA EL ACELERADOR... SIN LÍDER
El Gobierno no tiene intención de tomar la iniciativa en las próximas semanas. En esa búsqueda de consenso se fija especialmente al PSOE. Tras el abismo existente entre Rajoy y Pedro Sánchez, Moncloa y Ferraz se han acercado más desde que se constituyó la comisión gestora presidida por Javier Fernández. No obstante, el PP es consciente de que se trata de una dirección interina y que una reforma de la Constitución no podría pactarse con ella. No es un escenario seguro negociar cualquier modificación sin que se sepa quién dirigirá a la familia socialista… y el congreso del partido ni siquiera tiene fecha. Lo que existe en el PSOE, según fuentes del partido, es la sensación de que esta vez sí se puede conseguir con el PP gobernando -en la oposición no estaría predispuesto- y con una mayoría parlamentaria presionando.
Otra de las cuestiones que más preocupa actualmente es Cataluña. Desde varios sectores políticos y empresariales se opina que una reforma de la Constitución podría dar salida a esta cuestión. De hecho, permitiría que los ciudadanos votaran a través del referéndum sobre la Carta Magna. El problema es la fórmula a incluir, ya que cada partido propugna una posición y se prevé difícil un acuerdo. En el PP ponen reparos a la propuesta “federal” del PSOE y la intención de Unidos Podemos de permitir una consulta choca de frente con el PP, Ciudadanos y una parte importante del PSOE. Y otra de las incógnitas es qué harían ERC y el Partit Demòcrata, piezas indispensables para la arquitectura política catalana.
En esta materia territorial para lograr un amplio respaldo los grandes partidos ven necesario incorporar al PNV, que de manera paralela está emprendiendo una reforma del Estatuto de Autonomía vasco junto al PSE-EE.
En este proceso, los socialistas han abanderado esta reforma de la Constitución como el método para cohesionar territorialmente y firmar un nuevo contrato con los jóvenes. En el ámbito autonómico siguen defendiendo el modelo federal establecida en la Declaración de Granada -firmada por el entonces líder Alfredo Pérez Rubalcaba y sus barones en el verano de 2013-. Y, además, quieren reconocer nuevos derechos y libertades y blindar el Estado social.
La idea de los socialistas es iniciar este proceso después de las vacaciones parlamentarias de Navidad a través de una subcomisión en el Congreso para ir estudiando la reforma, llamar a expertos, pedir informes a órganos como el Consejo de Estado y entablar un diálogo con las autonomías.
En esta aritmética endiablada en la que se mueve la nueva política española, Unidos Podemos es otro de los actores clave para poder sacar una reforma que contara con el apoyo de la mayoría de los españoles. Los de Pablo Iglesias no han concretado ninguna propuesta en el Congreso, pero sí han avanzado que sus intenciones pasan por recoger la plurinacionalidad del Estado y el blindaje de las inversiones en Estado del Bienestar, una especie de artículo anti 135 -pactado por PP y PSOE para garantizar la estabilidad financiera-.
La Constitución sopla las velas con la ‘resaca’ de Italia y ganas de cambiar. Pero no sabe ni cuándo ni cómo. La crisis de los 38.
