El congreso del PP será los días 10, 11 y 12 de febrero
La Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del PP entre congresos, ha convocado este lunes el próximo congreso nacional del partido para los días 10, 11 y 12 de febrero. La presidenta del comité organizador de ese cónclave, que tendrá lugar en Madrid, será la expresidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, han informado fuentes 'populares'.
La principal duda respecto a este cónclave es si María Dolores de Cospedal seguirá como 'número dos' del partido tras su nombramiento como ministra de Defensa. Sectores del PP creen que sería el momento de que tomara las riendas de Génova otro dirigente. En las quinielas aparecen nombres como Fernando Martínez-Maillo y Alfonso Alonso.
Mariano Rajoy ha detallado esta fecha durante su intervención ante la Junta Directiva. En el partido dan por hecho que el líder del Partido Popular se presentará a la reelección, aunque no lo ha verbalizado ante sus compañeros. El plan de Rajoy pasa por renovar los órganos de dirección en un periodo que no supere los seis meses. Primero será el cónclave nacional y, posteriormente, se realizarán los regionales -la intención es que sean antes del viernes 14 de abril-. Luego se desarrollarán los provinciales.
La elección del líder y la dirección del PP se hace mediante compromisarios y no existe el método de 'un militante, un voto', como en el resto de grandes partidos. El sistema de primarias ha sido reclamado por algunos sectores del PP, especialmente en la Comunidad de Madrid, y la dirección se abrió a estudiarlo, pero nunca se ha llegado a tomar una decisión al respecto. En total votarán 2.128 delegados (513 son natos, 2.565 electivos, 10 de la comisión organizadora y 40 del PP exterior). Los candidatos al liderazgo podrán presentarse hasta el próximo 24 de noviembre.
Además de Rudi, en la comisión organizadora estarán como vicepresidentes Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Juan Carlos Vera (Madrid) y Vicente Tirado (Castilla-La Mancha). Las cinco ponencias estarán coordinadas por los vicesecretarios Fernando Martínez-Maillo, Javier Maroto, Javier Arenas, Andrea Levy y Pablo Casado,
REITERA SU MENSAJE DE RESPONSABILIDAD
Durante su discurso, el presidente ha apelado a la responsabilidad de todos los partidos para pedirles que dejen a su Ejecutivo trabajar y ha subrayado que "nadie" debería impedir "el ejercicio razonable de la acción de gobierno".
"Tan malo es no tener un gobierno como tener un gobierno al que no se deje gobernar", ha dicho Rajoy en la reunión de la Junta Directiva Nacional, en la que ha admitido que para que se aprueben la mayoría de las leyes y medidas no son suficientes los votos de su partido junto con Ciudadanos y se necesita, al menos, la abstención de otros partidos.
Esta legislatura, ha insistido, "tiene que ser de mucho diálogo, pacto y acuerdo". "Nos obliga a todos", ha añadido Rajoy. Y ha señalado que los dos retos de la legislatura son consolidar la recuperación económica y abordar asuntos de Estado.
Así, ha manifestado que ésta es una "oportunidad magnífica" para abordar esos asuntos de Estado y "dejarlos al margen de los vaivenes políticos durante un tiempo".
LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES, ANTES DE QUE ACABE EL AÑO
El presidente también ha anunciado que convocará la Conferencia de Presidentes antes de final de año para avanzar en el importante reto de acordar un nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas que garantice servicios básicos, como la sanidad o la educación.
Reunirá a los presidentes de las comunidades autónomas "a lo largo de este año" en el objetivo de que el nuevo sistema de financiación quede aprobado en la primera parte de la legislatura, a pesar de que reconoce que es un asunto "difícil".
Ya en su discurso de investidura, Rajoy invitó a las fuerzas políticas a negociar un sistema de financiación autonómico que sea estable y suficiente y anunció que convocaría cuanto antes una reunión de la Conferencia de Presidentes.
Por ese motivo, reclamó a los partidos y "muy singularmente" al PSOE, que gobierna en muchas comunidades, que se abra la negociación para reformar el actual modelo, de manera que se asegure la igualdad y la solidaridad entre los españoles y se preserven los servicios públicos de contingencias como los ciclos electorales o económicos.