El Gobierno francés vuelve a saltarse la votación sobre la reforma laboral
El primer ministro francés, el socialista Manuel Valls, ha anunciado este lunes que ha decidido recurrir de nuevo al artículo 49.3 de la Constitución para aprobar en la Asamblea Nacional su proyecto de ley de reforma laboral sin someterlo a votación. El recurso a ese instrumento constitucional que suspende el debate parlamentario, según ha señalado Valls ante los diputados, ha sido decidido porque el Ejecutivo está convencido de que es un texto "de progreso social", que responde a las necesidades del país, y debe adoptarse.
La reforma quedará aprobada en esa cámara a menos que la oposición introduzca en las 24 horas siguientes una moción de censura, algo que los diputados conservadores ya han avanzado que no se plantean hacer.
En caso de que se mantenga ese plan y no haya ninguna moción, el texto irá al Senado para una segunda lectura, y, si hay discrepancias, pasaría de nuevo a la Asamblea para su votación definitiva, donde el Ejecutivo podría servirse por tercera vez de ese artículo, tachado por la oposición de antidemocrático.
La última vez que el Ejecutivo socialista recurrió al 49.3 fue el pasado 10 de mayo en la primera lectura de este controvertido proyecto de ley que toma el nombre de la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri.
LAS EMPRESAS CON MÁS FLEXIBILIDAD
Valls ha destacado, en una acalorada sesión parlamentaria en la que el grupo conservador Los Republicanos a abandonado el hemiciclo tras anunciarse el recurso al 49.3, que el texto ha sido objeto de un amplio diálogo social y es necesario seguir adelante. "La estrategia de unos y de otros a menos de un año de las presidenciales no debe bloquear el país. (...) No es intransigencia, pero en este momento difícil internacional y europeo, no quiero dejar que las divisiones alimenten las fracturas", destacó el jefe del Gobierno.
Valls ha señalado que actúa teniendo en cuenta el interés de los franceses y ha recordado que el texto responde a la intención de que el país sea más fuerte frente a la competencia internacional, las empresas tengan más flexibilidad a la hora de invertir y los trabajadores estén más protegidos.
Esta polémica ley del Gobierno socialista, que se inspira en la reforma laboral de Rajoy, plantea que los empresarios ganen en flexibilidad y reduzcan los costes laborales. La nueva legislación permitiría el despedido si la empresa prevé perder beneficios. Si se trata de una filial de un grupo internacional, podrá hacerlo si las cuentas en Francia no van como esperaban, con independencia de que a las otras filiales les vaya bien. La ley ha causado numerosas críticas desde la izquierda francesa, sindicatos y organizaciones juveniles, que han convocado este lunes la décimo segunda jornada de movilización nacional desde que se filtraron en febrero sus primeras disposiciones. Desde entonces, las iniciativas, colectivos, manifestaciones y protestas que se han producido en contra han sido numerosas y con muchas tensiones entre los ciudadanos y la policía.
