Preguntas y respuestas sobre las polémicas pruebas de 6º de Primaria
La Lomce llega esta semana a uno de los momentos clave de su paulatina aplicación. Este miércoles comienzan a realizarse unos polémicos exámenes a los alumnos de sexto de Primaria que estudian en las comunidades gobernadas por el PP, tanto en los centros públicos como privados y concertados.
Estas evaluaciones, que establece la reforma educativa, han acabado convirtiéndose en un verdadero examen para el propio Ministerio, que ha visto cómo las Comunidades Autónomas que no dirige el PP se han rebelado contra las pruebas. Hasta tal punto que Educación ha ido introduciendo matices para rebajar la polémica, aunque sin demasiado éxito.
Pero, ¿en qué consisten y por qué han generado tanto revuelo?
La prueba, planificada y corregida por personal externo a cada colegio, incluye preguntas sobre competencias lingüísticas, matemáticas, científicas y tecnológicas. El contenido de los exámenes los fijan las propias comunidades autónomas y algunas, como Madrid, también han introducido cuestiones de inglés. El real decreto indica que las preguntas deben estar contextualizadas “en entornos próximos a la vida del alumnado, e incluirán situaciones personales y familiares, escolares, sociales y científicas y humanísticas”.
Constan de unas 200 preguntas en total, de las que un mínimo del 40% son tipo test y un mínimo del 20% de respuesta construida. Se recomienda que los exámenes se hagan a lo largo de dos días y que las pruebas de cada competencia se lleven a cabo en sesiones de entre 25 y 50 minutos cada una. Los resultados se darán como habitualmente: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB).
Depende. Este examen es sólo una prueba diagnóstica, por lo que no va a constar en el expediente de cada alumno. Pero la ley contempla que se haga un informe individual para cada estudiante con “carácter informativo y orientador” que se trasladará al centro al que se matricule para proseguir con sus estudios de secundaria. Por lo que, de alguna manera, el examen sí puede marcar el futuro del niño. Distintas son las pruebas de la ESO y Bachillerato, que aún no se han empezado a aplicar pero que sí serán reválidas. Es decir, quien no las apruebe no conseguirá el título.
Porque, en principio, estas pruebas abrían la posibilidad a que los resultados de los centros se hicieran públicos, lo que en la práctica equivalía a establecer rankings de colegios en función de sus resultados en las pruebas.
Hace unas semanas, el ministerio de Educación y el titular de la cartera, Íñigo Méndez de Vigo, cedió y descartó que se fueran a elaborar clasificaciones al asegurar que las notas "tendrán difusión únicamente en su comunidad educativa y los resultados de las evaluaciones no podrán utilizarse en ningún caso para la clasificación de centros docentes". Pero lo cierto es que no se ha introducido nada en este sentido en la normativa, por lo que no hay nada que legalmente impida a las regiones elaborar los rankings.
Son la mayoría de los partidos de la oposición y sindicatos y asociaciones de docentes y padres. Al margen de los polémicos rankings, los detractores de estas pruebas afirman que la evaluación de un niño de 11 o 12 años se ha de basar en el trabajo diario y no en una prueba diseñada y corregida por una persona externa, que ni conoce a los niños ni su forma de trabajar.
Además, señalan que la prueba puede aumentar la desigualdad porque incluye un cuestionario que deben completar los estudiantes, los colegios y las familias para conocer su situación socioeconómica: el trabajo de los progenitores, su nivel de estudios, su nacionalidad y el tiempo que dedican sus hijos a los deberes escolares. Otros expertos creen que, además, se somete a los niños a una situación de estrés “injusta e inútil".
La oposición a las pruebas es tal que la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) está recomendando que los progenitores "no lleven" a los hijos al colegio el día de la evaluación.
Que este tipo de pruebas son muy útiles para detectar alumnos con bajo rendimiento y combatir así el fracaso escolar y el abandono prematuro de los estudios. Y aseguran que la creación de estos exámenes es fruto de las recomendaciones que, desde hace años, lleva haciendo la OCDE en sus informes PISA, de los que España siempre sale malparada. “El objetivo es obtener la información que permita tomar las decisiones más acertadas, adaptándolas a las necesidades de cada alumno y centro para personalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje y, de esta forma, conseguir la mejora en el rendimiento de los alumnos”, dice el Gobierno.
En la práctica, la gran mayoría de las comunidades van a hacerla, pero muchas se han rebelado contra el modelo que marca la Lomce. Andalucía, Asturias, Cantabria, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha realizarán una evaluación no externa, pues consideran que quien mejor puede llevar a cabo la tarea evaluadora es el profesorado de este alumnado. Luego, pasarán el informe final por una comisión externa. Por otro lado el País Vasco no hará las pruebas y Navarra, Cataluña y Canarias aplicarán su propio modelo de examen. Mientras, las comunidades gobernadas por el PP (Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Murcia) aplicarán la evaluación final de Primaria según las previsiones de la Lomce.
En principio, ninguna. Pero el Ministerio ha avisado de que negarse a realizar la evaluación final de Primaria de la Lomce "priva a la Administración educativa de una información relevante para detectar los problemas” y, lo que es más importante, “aportar recursos adicionales allí donde se necesiten".
Tienen un presupuesto de 1.451.930 euros, según aprobó el Consejo de Ministros el pasado 20 de noviembre de 2015.
