Turquía, amigo de la UE y depredador de la libertad de prensa
El Gobierno de Turquía pasa por un momento dulce. A cambio de ser el guardián de las fronteras europeas ante los amenazantes refugiados, ha logrado que la Unión Europea le dé no poco dinero (6.000 millones de euros, en dos tandas de 3.000), exima a sus ciudadanos de la necesidad de un visado para viajar a los países de la Unión y acelere el proceso de adhesión del país al club comunitario.
Turquía quiere ser el miembro número 29 de una alianza que se fundamentó sobre una serie de derechos esenciales irrenunciables, como el respeto a las ideas, el debate, la diversidad. Sin embargo, el nuevo mejor amigo de Bruselas es hoy el país número 151 de 180 en la clasificación de la libertad de prensa que hace la asociación Reporteros Sin Fronteras (RSF), precisamente porque viola de forma sistemática uno de esos pilares fundacionales de la UE, la expresión libre de ideas, opiniones y noticias.
Especialmente en el último año, Turquía está estrechando el cerco a la prensa, como evidencia por ejemplo el último golpe de mano: el nuevo control gubernamental del mayor diario del país, Zaman, antes crítico y que ahora parece el boletín del Estado. Más de 400 periodistas de este rotativo y de la agencia Cihan, igualmente poco dada a cantar las alabanzas del Ejecutivo, han sido despedidos, informa la agencia rusa Ria Novosti.
Como explica RSF, las violaciones de la libertad de información se hicieron especialmente graves desde finales de julio pasado, cuando el Gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro Ahmet Davutoglu lanzó su llamada “guerra contra el terrorismo”, en la que el PKK, el partido ilegalizado kurdo, se convirtió en el principal objetivo, a la par que el Estado Islámico, que controla territorios sirios cercanos a la frontera turca y ha intensificado sus atentados contra objetivos del país. La necesidad de más seguridad se ha convertido en la justificación para todo, incluso para perseguir a la prensa que no comulga a pies juntillas con los actuales mandatarios.
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La Policía turca, tomando el diario Zaman, intervenido por el Gobierno.
Posiblemente el caso más sangrante en este momento es la detención del editor de Cumhuriyet, Can Dündar, y de su delegado en Ankara, Erdem Gül. Se les acusa de pertenencia a organización terrorista, espionaje y divulgación de secretos de Estado. El diario ya estaba siendo investigado previamente por publicar que los servicios de Inteligencia turcos estaban haciendo llegar armas a grupos rebeldes, opositores al régimen de Bachar el Asad, en Siria.
El Tribunal Constitucional turco ordenó su puesta en libertad den febrero, poniendo fin a una prisión preventiva de tres meses, pero el Presidente Erdogan anunció ya entonces que no aceptaría esta decisión. A finales de marzo comenzó el juicio. Se da la circunstancia de que apenas una semana antes de las detenciones Cumhuriyet había sido reconocido con el Premio RSF a la Libertad de Expresión.
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Can Dündar y Erdem Gül.
PERSECUCIÓN RELIGIOSA
En enero, este medio ya había sido objeto de una campaña de acoso por reproducir una portada del semanario francés Charlie Hebdo. De hecho, otros dos reporteros del diario fueron condenados el pasado 28 de abril reproducir las caricaturas del número Survivors Issue, la primera edición de la revista satírica gala tras los ataques terroristas en su redacción de París, en enero de 2015.
El tribunal entendió que Ceyda Karan y Hikmet Cetinkaya eran culpables, bajo el artículo 216.1 del código penal turco, de “incitación al odio y la hostilidad” de naturaleza religiosa por incluir pequeñas versiones de las caricaturas en sus columnas, que mostraban por ejemplo a Mahoma bajo el título “Je suis Charlie” y la firma final: “Todo está perdonado”. La misma que puedes ver a continuación sin que nadie cierre en Huffington Post en España.
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UN GOTEO INCENSANTE
El año 2015 dejó en Turquía un largo registro de decisiones y medidas políticas destinadas a fortalecer la censura y el control de cualquier voz crítica con el Gobierno, paso a paso, poco a poco. Así, en enero, el partido en el poder inició el trámite de una ley para controlar la información en Internet, que permitía a las autoridades cerrar sitios web sin necesidad de una orden judicial y que había sido ya rechazada el año anterior por el Tribunal Constitucional. El texto que los diputados enviaron al Parlamento tenía prácticamente el mismo contenido que la norma que no había prosperado y añadía la posibilidad de bloquear sitios web para proteger “la salud pública”.
Al mes siguiente, el Parlamento comenzó el debate sobre una reforma de la “seguridad interna” que permitía a los agentes de la policía detener a cualquier individuo y realizar registros indiscriminados sin necesidad de pedir autorización a un juez. Cualquiera es también un informador, claro. El texto, que entró en vigor el 3 de abril, supone una preocupante amenaza para la libertad de información y para los periodistas. Fue elaborado en una primera versión, a finales de noviembre del año anterior, justo después de los disturbios más violentos que ha vivido el país en los últimos 30 años.
A las iniciativas legislativas se suman las prohibiciones de las autoridades. El 31 de marzo, un fiscal turco permaneció secuestrado durante ocho horas y finalmente fue asesinado por sus captores. Los medios críticos con el Gobierno tuvieron prohibido realizar la cobertura del incidente, así como del funeral que se celebró al día siguiente. En mayo, a sólo dos semanas de las primeras elecciones generales, la oficina de la fiscalía en Ankara pidió prohibir la publicación de varios medios opositores. Y en octubre, cuando un atentado contra una marcha pacifista en Ankara dejó un centenar de muertos, los medios locales, escritos y audiovisuales, denunciaron igualmente que las autoridades les estaban poniendo problemas para emitir las imágenes, pese a que había numerosos reporteros en el lugar de los hechos que grabaron lo ocurrido de inmediato.
El goteo es incesante: proceso contra 26 periodistas de medios kurdos por distribuir supuestamente propaganda en nombre el PKK, acusación por la que podrían enfrentarse a penas de hasta siete años y media de prisión; investigación contra Dogan, uno de los mayores grupos de comunicación del país, por parte de la fiscalía del distrito de Bakirköy, en Estambul, por supuesta propaganda terrorista; 71 periodistas del grupo Ipek despedidos tras la campaña lanzada por el Gobierno contra ese medio el mes anterior; la investigación abierta contra un reportero de la agencia Diha por "insultar" al presidente Erdogan...
TAMBIÉN A LOS EXTRANJEROS
También los informadores de fuera sufren en Turquía. Dos periodistas sirios fueron asesinados en 2015 en el país, sin que se les brindase protección alguna -Siria es, sin matices, un adversario- y, por primera vez en los últimos 15 años, tres periodistas extranjeros (miembros de un equipo de VICE News) fueron detenidos y puestos a la espera de juicio. Aunque inicialmente se les acusó de filmar sin las acreditaciones necesarias, poco después los cargos incluyeron "colaboración con grupo terrorista". Dos de ellos, británicos, acabaron saliendo. Su traductor, iraquí, se quedó dentro.
A comienzos de septiembre, fue detenida en la misma región de mayoría kurda la periodista holandesa Frederike Geerdink. Se la detuvo por “viajar por una zona prohibida” y representantes del Gobierno incluso dijeron que se hizo “por su propia seguridad”. Sin embargo, Geerdink ya había sido detenida brevemente, en enero, bajo la acusación de “distribuir propaganda del PKK”, cargo por el que fue absuelta, en abril, convirtiéndose en uno de los primeros periodistas extranjeros en ser juzgados en Turquía desde 1995. Bajo las nuevas acusaciones, la reportera se enfrentaba a una posible condena de hasta siete años y medio de prisión.
Un expediente de méritos para entrar en la Unión Europea.
Clasificación Mundial Libertad de Prensa 2016
