7 asignaturas pendientes que tendrá el próximo Gobierno en Educación
Una vez más, movilización en las aulas. El Sindicato de Estudiantes ha convocado para este miércoles y jueves una huelga en secundaria y universidades para exigir la derogación completa e inmediata de la Lomce y el llamado ‘Decreto 3+2’, que permite reducir la duración de los grados universitarios y aumentar la de los másteres, lo que supone un encarecimiento de los estudios, según denuncian las plataformas en defensa de la educación pública.
La semana pasada se aprobó en el Congreso la paralización del calendario de aplicación de la también conocida como ‘Ley Wert’, pero los convocantes de la huelga consideran esa medida un mero “acto simbólico”. “La paralización no es tal porque al día siguiente se siguen impartiendo los planes de estudio impuestos por la Lomce”, subraya a El Huffington Post Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes.
En su opinión, el pacto entre PSOE y Ciudadanos (que se abstuvo en la votación para paralizar la Lomce) es “una vergüenza total” que supone “una gran traición” de los socialistas a la Marea Verde. “Se están bajando los pantalones ante las presiones de la derecha. El pacto no contempla la derogación de la Lomce, que es algo que ellos resaltaron mucho durante la campaña. Tampoco habla del ‘3+2’, que supone que los ciclos universitarios costarán 20.000 euros o más, y ni siquiera reconoce la gratuidad del Bachillerato y de la FP”, critica García.
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La huelga es un síntoma más del descontento que se respira en la comunidad educativa y un aviso al próximo Gobierno, que se encontrará con muchos retos en este área. Estudiantes, expertos, padres, madres y profesores dan las claves de las asignaturas pendientes que el próximo Ejecutivo tendrá en materia educativa.
Javier Tourón, vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo de la Universidad Internacional de La Rioja-Unir, subraya que el próximo Ejecutivo debería promover un pacto “de no intervención política en el sistema educativo” para que no sea “un mecanismo de nacionalización de las conciencias” en el que “todo el que gobierna quiere establecer una nueva ley”. “Es lo principal y afectada a todas las corrientes políticas, de izquierdas, de derechas y de centro”, subraya.
¿Quién debería, entonces, fijar el funcionamiento del sistema? Tourón dice que es ahí donde habría que centrar el debate y da ideas: principalmente, afirma, asociaciones profesionales expertas en desarrollo curricular, en las materias, expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas…
“Por ejemplo, ¿quién debería determinar qué es lo ideal para la enseñanza de la biología o de las ciencias? Pues los expertos en didácticas de las ciencias, los científicos…”, indica, aunque admite que también tendría “un papel que jugar” el ministerio de Educación. En su opinión, tampoco habría que dejar a un lado a las empresas, para determinar “qué competencias les gustaría ver en sus trabajadores el día de mañana, porque el sistema de educativo debe responder a las demandas sociales en cada momento”. “Aunque no sólo, porque puede haber otras demandas y hay que combinarlas”, matiza.
La gran mayoría de los consultados por El Huffington Post coinciden en la necesidad de derogar la Lomce y de trabajar en una nueva ley educativa de consenso, que sería la octava de la democracia. Nicolás Fernández, presidente del sindicato de profesores Anpe, advierte en este sentido de que ahora mismo, con la Lomce a medio implantar, cualquier paralización o derogación debería venir “siempre precedida de un pacto de Estado, un acuerdo de mínimos, de manera que se pueda abordar una nueva reforma educativa con tiempo, sin agobios, sin prisa y con vocación de que tenga duración y estabilidad”.
Para ello, Ana García, del Sindicato de Estudiantes, insiste en que la próxima e hipotética reforma debe ser consultada y hacerse con la participación y el consenso de los actores principales de la educación: padres, profesores y estudiantes y demás trabajadores de la enseñanza.
Pero advierte: “Si lo que entienden por consenso es el pacto de estado por la educación, que es un nombre para hablar de un pacto con la derecha, no estamos de acuerdo porque pactar con la derecha y defender la educación pública son cuestiones absolutamente incompatibles”.
Los expertos coinciden en que la formación del profesorado es “la gran asignatura pendiente” y los docentes “la pieza olvidada del sistema”, por lo que subrayan la importancia de que este aspecto se aborde en profundidad en la próxima reforma. “Ningún sistema educativo es mejor que sus profesores”, zanja Javier Tourón, que insiste en que los profesores deberían estar “obligados” a actualizar “sus conocimientos pedagógicos y didácticos y el uso instrumental de las herramientas que necesitan para ello”.
También cree que los docentes deberían actualizar los conocimientos de las materias que imparten. “Un señor no puede haber salido de la facultad de químicas hace 25 años y seguir explicando el mismo modelo del átomo que entonces, porque la ciencia cambia y, por tanto, los profesores deberían actualizarse”, ejemplifica.
Otro de los talones de Aquiles que se suelen señalar en este sentido es que la formación de los docentes es demasiado teórica y muy poco práctica, por lo que habría que cambiar la forma en que se enseña a los maestros. “Pueden tener una buena preparación científica pero quizá falta pedagogía y didáctica. Es decir, no es sólo importante lo que se sabe, sino cómo se enseña y cómo se transmite”, explica Nicolás Fernández, de Anpe.
Eva Bailén, una madre que lleva meses luchando por la “racionalización de los deberes”, lanzó una exitosa campaña en Change.org que ha logrado más de 206.000 apoyos. Los alumnos españoles hacen 6,5 horas de deberes a la semana, frente a las 4,9 en los demás países, y sólo en Polonia, Irlanda, Italia y Rusia ponen más deberes, según la OCDE. Curiosamente, los países líderes en Educación, como Finlandia y Corea del Sur, son los que menos tareas mandan para casa, con menos de tres horas por semana.
“Hay cierto sector que, como no tiene hijos y no viven esta situación, piensa que los padres nos quejamos por nuestro afán de sobreproteger y de no educar a los niños en el esfuerzo. Muchas veces te vienen y te dicen que luego tenemos ni-nis porque no los educamos bien”, explicaba Bailén en octubre. De hecho, aseguraba que “las jornadas de los niños son, muchas veces, más largas que las de los adultos”.
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Los padres insisten en que la nueva reforma debería regular de alguna manera todo ello. Jesús Salido, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres (Ceapa) afirma además que los deberes están generando “unas desigualdades tremendas”. “Quien no sabe, o no entiende las asignaturas, no puede realizarlos y acaba pagando clases particulares, por lo que el propio sistema educativo público está gerando desigualdad”, denuncia.
Los recortes han entrado de lleno en la educación en los últimos años. Los sindicatos denuncian que el sistema ha perdido unos 25.000 docentes desde 2010 y el gasto público para educación en España se redujo 7.000 millones entre 2009 y 2014, según un informe de la Fundación BBVA. A la luz de esos datos, Ana García, del Sindicato de Estudiantes, afirma que el “problema fundamental que tiene el sistema es que no tiene recursos”.
Por eso, llama a que el próximo Gobierno haga “un plan de emergencia económico para invertir en la educación pública todo el dinero que haga falta para que las necesidades que existen puedan ser cubiertas”. “Una vez conseguido ese dinero, habría que sentarse a ver cuáles son los problemas de la educación y cómo pueden solucionarse”, indica.
El experto Javier Tourón cree, en cambio, que el problema del sistema no es tanto de inversión como de “eficacia de lo que se invierte y, sobre todo, de diseño”. “Pasado un determinado nivel de inversión, que nosotros hemos sobrepasado con creces, más inversión no significa mejor rendimiento”, zanja.
“Estamos anclados en un sistema basado en metodologías prácticas que se están llevando a cabo desde hace 50 o 60 años y que no tienen nada que ver con la sociedad actual”, critica Jesús Salido, de Ceapa. El experto Javier Tourón cree incluso que este es uno de los “grandes retos de la escuela”.
En su opinión, ahora se necesita desarrollar en los alumnos unas competencias que tienen que ver con la creación y que no están “adecuadamente fomentadas por una escuela que se centra en la enseñanza donde el profesor explica, el alumno memoriza el mensaje mejor o peor y luego lo repite en un examen”. Un modelo, dice, que algunos denominan “modelo factoría” y que estaba muy bien “cuando había que preparar funcionarios para el imperio y queríamos que todos hicieran lo mismo”.
“Ahora estamos en una sociedad digital en la que la escuela sigue siendo analógica. Y necesitamos que la escuela sea digital también porque el aprendizaje también tiene que serlo. Y necesitamos desarrollar en las personas competencias transversales”, destaca.
Tourón insiste en que la escuela debe ir hacia un modelo que “fomente la personalización y el desarrollo del talento”. Y eso, dice, se logra con flexibilización curricular y con una enseñanza basada en competencias y en el dominio. “Conceptos como libro de texto, curso, agrupamiento por edad... tienen que desaparecer”, afirma.
Nicolás Fernández, presidente del sindicato de profesores Anpe, también cree que, especialmente la enseñanza secundaria, tiene que ser mucho más flexible y los caminos tienen que ser alternativos. “Si a un alumno en tercero se le recomienda que vaya por la FP básica, ese camino no debe ser irreversible. El título de graduado escolar debe posibilitar al alumnado que vaya donde quiera ir”, dice. Y apuesta por un bachillerato de tres años con un primer curso de fuerte componente común de asignaturas y dos años más específicos.
Muchos retos y múltiples posturas que obligan a un debate profundo. Cuestión de Educación.
