La juez Servivi pide interrogar en España a los exministros Martín Villa y Utrera Molina por crímenes franquistas
Un paso más. La juez argentina María Servini ha pedido interrogar en España a 19 acusados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura franquista, entre los que se encuentran el ex ministro de Gobernación en el Gobierno de UCD Rodolfo Martín Villa o el ex ministro de Franco, José Utrera Molina, así como el expolicía Antonio González Pacheco Billy el niño y el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas.
En un exhorto, la magistrada pide que su petición sea cursada a la Audiencia Nacional a fin de que las declaraciones indagatorias puedan celebrarse entre el 4 y el 22 del próximo mes de abril, es decir, desde el lunes próximo.
En concreto, la titular del Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires se dirige contra Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979), Utrera Molina, que es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista) o Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976).
Servini también quiere interrogar al abogado Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) por redactar la sentencia de Salvador Puig Antich; Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar); al jurista Fernando Suárez González; al exjuez Jesús Cejas Mohedano; y al médico Abelardo García Belaguer.
Además, investiga a los antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado, Jesús Martínez Torre, Benjamín Solsona Cortés, Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas.
La magistrada invoca el artículo 40 del tratado de extradición y asistencia judicial firmado entre España y Argentina a fin de arbitrar los medios necesarios para tomar declaración a los investigados e instar en las comparecencias a que aclaren respuestas "confusas o incompletas", así como repreguntar aquellas cuestiones que "no hayan sido debidamente contestadas".
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La juez María Servini.
LOS HECHOS INVESTIGADOS
En concreto, acusa a Utrera Molina y Carro de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa.
A Rodolfo Martín Villa le considera responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores y hubo más de cien heridos muchos de ellos por armas de fuego -la conocida como matanza de Vitoria-.
Al ex ministro de Presidencia Antonio Carro le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1.975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en las que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.
Contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernándo Suárez, mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.
Además de estos cargos políticos, la querella se dirige contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército o un médico ginecólogo acusado de sustraccion de menores.
Abelardo García fue denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco, quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967 donde trabajaba como ginecólogo.
SIN EXTRADICIONES
La magistrada ya recordó, cuando ordenó detener a los investigados en 2014, que la Audiencia Nacional había rechazado extraditar al país andino al expolicía Antonio González Pacheco Billy el niño y al excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas por estar prescritos sus delitos y que numerosos juzgados españoles han archivado este tipo de casos.
Servini, que viajó en mayo de 2014 a España para interrogar a víctimas y visitar distintas instituciones, alega que Argentina es competente al enmarca los hechos en crímenes de lesa humanidad."En el terreno de los crímenes de derecho internacional, la extraterritorialidad equipara y aún desplaza a la territorialidad como base para el ejercicio jurisdiccional", alegó.
El caso tiene su origen en la denuncia interpuesta en abril de 2010 por múltiples víctimas y sus familiares agrupados en la Coordinadora CEAQUA al entender que los crímenes ocurridos desde el 17 de julio de 1936 constituían un plan sistemático y planificado de "aterrorizar a españoles" por su ideología y de sustracción de menores.
Women's Link Worldwide solicitó hace unos días a Servini ampliar la causa con el fin de esclarecer "los crímenes de género" que se cometieron durante el franquismo contra, al menos, seis mujeres "por el mero hecho de serlo".
QUEJAS DE LAS ACUSACIONES
Los abogados de las víctimas del franquismo, sin embargo, han denunciado la falta de colaboración y respuesta del Ministerio de Justicia ante la petición cursada por la jueza argentina. En un comunicado, los letrados aseguran que Justicia no ha tramitado la petición de las autoridades judiciales argentinas, que fue entregada el pasado 9 marzo, "incumpliendo el Tratado de Asistencia Judicial suscrito entre ambos países e incurriendo en un posible delito de prevaricación".
Por ello, solicitan que la petición de la magistrada se remita "con carácter urgente" a la Audiencia Nacional para que se proceda a interrogatorio de los imputados en la causa penal argentina.
Igualmente, Amnistía Internacional ha enviado una carta al ministro de Justicia, Rafael Catalá, para pedirle que acceda a la petición de la jueza argentina.
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"Las autoridades deben permitir a Argentina investigar, a menos que los presuntos autores vayan a ser juzgados en España, algo que no está sucediendo, cuando 40 años después seguimos sin avances", asegura el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.
