La Fiscalía Anticorrupción pide que Ignacio González declare como imputado por su ático
Comienza mal el fin de semana para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ya que la Fiscalía Anticorrupción en Málaga ha pedido que declare en calidad de investigado (lo que antes se conocía como imputado) junto a su mujer por presunto cohecho y blanqueo en relación con el ático que ambos tenían alquilado en Estepona y que después pasó a ser de su propiedad. Una petición que la Fiscalía hace extensible al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
El escrito del fiscal, remitido al Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, encargado de la causa, se produce a raíz de las últimas comprobaciones efectuadas sobre las grabaciones de conversaciones en las que "se atribuyen a González hechos que de ser ciertos podrían integrar los delitos de cohecho y blanqueo de capitales".
El fiscal considera que González, su mujer y Cerezo han de declarar en el propio juzgado, ya que es necesario reproducir las conversaciones aportadas a la causa y por las que ya declararon, a principios de este mes, los comisarios Enrique García Castaño y José Manuel Villarejo.
RELACIÓN CON LA 'GÜRTEL'
Asimismo, insta al juzgado a que se acuerde la complejidad de esta causa y considera que por el momento no se debe producir la inhibición al caso Gürtel, que se lleva en el Juzgado Central de Instrucción número 5, al no estar acreditada la vinculación de los hechos, aunque se apunta que habrá que esperar al resultado de otras diligencias.
En este sentido, el fiscal señala que la vinculación entre ambos procedimientos viene de unas afirmaciones realizadas por una acusación particular personada en esta causa (el SUP), sobre la supuesta utilización de las mismas entidades instrumentales en ambos casos en la constitución de sociedades que encubrirían la titularidad de los bienes.
Pero entiende que no se ha acreditado estos extremos con la respuesta de la comisión rogatoria remitida a Panamá. Por esto, solicita que se libre una nueva a dicho país, reclamando la información relacionada con los beneficiarios de determinadas entidades, al haberse ampliado el objeto de la investigación.