La justicia francesa confirma el cierre de parte del campo de refugiados de Calais
Primero lo ordenó el Gobierno de François Hollande. Ahora lo ha ratificado el Tribunal Administrativo de Lille: el campamento de inmigrantes de Calais, en el norte del país y conocido como la jungla por las duras condiciones de vida de los refugiados, será parcialmente cerrado. Miles de personas aguardan en tiendas precarias su momento para cruzar de forma clandestina al Reino Unido, donde muchas de ellas tienen ya a sus familiares o donde entienden que tendrán mejores oportunidades de futuro.
Las autoridades francesas esperan acabar al menos con la mitad de ese campamento y proponer soluciones alternativas a los refugiados -la mayoría afganos, sirios y sudaneses-, al menos 3.700 posibles demandantes de asilo entre los que hay al menos 200 menores no acompañados que tienen al otro lado del Canal de la Mancha a sus allegados.
El gabinete de Hollande ha repetido en distintas ocasiones que su intención es repartir a estas personas por centros de toda Francia, pero las ONG que las atienden sostienen que no se han hecho los preparativos básicos y que el reparto puede ser un caos, más allá del derecho de reagrupación que han de tener quienes tengan familias partidas en el Reino Unido. Por ese motivo, las asociaciones recurrieron ante la justicia la orden de expulsión, pero los jueces han rechazado su apelación.
La Prefectura del departamento señaló que en los próximos días continuarán el trabajo conjunto con las asociaciones para convencer a los inmigrantes para que abandonen de forma voluntaria el lugar. Además, los centros comunitarios de la zona que se va a desalojar, tales como la escuela levantada por una asociación humanitaria británica o la iglesia, no serán destruidos.
El desmantelamiento de esas áreas del campamento no está previsto antes de tres semanas, según fuentes de la delegación del Gobierno.
PURO CAOS
Hasta el momento, Francia tenía instalados 125 contenedores, colocados en Calais en diciembre, en los que vivían hacinados estos refugiados. Los 18 millones de euros de inversión que Hollande siempre destaca como signo de su "compromiso" con los exiliados no ha sido suficiente. Las imágenes de personas malviviendo entre el barro, casi sin agua potable, con escasos baños y precaria comida, ha cosechado severas críticas de parte de organizaciones mundiales de defensa de los derechos humanos como Human Right Watch, que denunció malos tratos y abusos por parte de la Policía.
La mayoría de los refugiados rechazan la alternativa de ir a otro centro -más allá del descontrol que denuncian las ONG- porque, por un lado, eso supone que sean fichados en Francia y, por otro, les aleja de la frontera con el Reino Unido, que es su objetivo.
Los emigrantes intentan llegar a territorio británico en los camiones que cruzan el canal de La Mancha, en ferri o a través del túnel ferroviario subterráneo.
La presencia de los refugiados en la zona estaba escociendo ya a la parte más conservadora de los vecinos. Varios altercados causados por inmigrantes que trataban de abordar barcos en el puerto para escapar al Reino Unido acabaron con redadas policiales importantes y daños en algunos comercios. La ultraderecha gala ha hecho bandera de esa queja local para insistir en la necesitad de desmantelar el campamento.
Ante la previsión de este cierre ahora ratificado por la justicia, el Gobierno belga comunicó hace dos días a la Comisión Europea que suspende la vigencia del Tratado de Schengen en su frontera con Francia, para impedir la llegada de los immigrantes. El ministro del Interior, Jean Jambon, sostuvo que no quieren "que el campamento que hay en Calais se instale en la costa belga". Las autoridades de Bruselas dicen estar preocupadas también por «los perjuicios económicos que causaría esta situación en el puerto de Zeebrugge», desde donde parten varias líneas de transbordadores hacia Gran Bretaña.