Los guiños a diestra y siniestra del PSOE
El PSOE ha presentado este lunes un documento con 43 propuestas para gobernar los próximos cuatro años. Los socialistas esperaban contentar tanto a la izquierda, con Podemos a la cabeza, como a Ciudadanos para formar un "Gobierno progresista y reformista". Misión cumplida. En una primera lectura, todos se han quedado razonablemente contentos, y tras reunirse con Ciudadanos, Unidad Popular y Compromís, Antonio Hernando, portavoz del PSOE en el Congreso, ha afirmado que no ve "ningún obstáculo" para alcanzar un acuerdo de gobierno.
Pablo Iglesias se ha mostrado muy satisfecho con las medidas, que cree que están inspiradas en el programa electoral de su formación, y cree que "será fácil" llegar a un acuerdo. Alberto Garzón, de Unidad Popular, ha expresado un "optimismo moderado", porque sí coinciden en parte con lo planteado por el PSOE pero también encuentran "diferencias sustanciales". Ciudadanos, en la misma línea, ha dicho a través de José Manuel Villegas, su portavoz en el Congreso, que no encuentra ningún obstáculo "insalvable".
Están todos por lo tanto dispuestos a hablar de las propuestas, pero Iglesias ha rechazado encontrarse con Pedro Sánchez para discutir el documento -aunque le enviarán una copia- mientras se siga incluyendo a Ciudadanos en las conversaciones. "Un Gobierno de progreso implica que el PSOE no puede mirar hacia las derechas ni pensar en un Gobierno de gran coalición con PP y Ciudadanos, que es lo que defiende legítimamente el Ibex 35 y, legítimamente, Ciudadanos", ha dicho. Villegas opina también que la posición de su partido es "incompatible" con lo que defiende Podemos, Compromís o Unidad Popular, pero Albert Rivera ha dejado claro que él no le va a decir al PSOE "con quién tiene que hablar o no", y que le parece "insólito" que otros lo hagan.
Medidas contra la corrupción. Los socialistas han incorporado algunas de las propuestas de otros partidos en este ámbito como realizar auditorías del gasto público, dotar de transparencia a todos los ingresos públicos y privados de los partidos, suspender a concejales y parlamentarios a los que se abra juicio oral, tipificar delitos como el de enriquecimiento injusto y la figura del testaferro en el delito de encubrimiento, y que los partidos que se hayan financiado ilegalmente se hagan responsables patrimonialmente de los actos de corrupción de sus miembros.
Reducir el paro a la mitad y derogar la reforma laboral del PP. Lo primero es evidentemente un objetivo que todos persiguen, y lo segundo ha sido un clamor de la izquierda durante toda la legislatura pasada. Otra cuestión es cómo conseguirlo. Alberto Garzón, por ejemplo, se ha mostrado satisfecho con que los socialistas no hayan incorporado el contrato único y el complemento salarial que planteaba Ciudadanos, pero no le ha gustado que no se vaya un paso más allá y se derogue también la reforma laboral del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Reforma de la ley electoral. Todos los partidos la han pedido, y el PSOE se ha comprometido a acabar con el voto rogado, establecer un sistema de "listas desbloqueadas", garantizar la paridad y "mejorar la proporcionalidad". La vaguedad de esa última propuesta no ha gustado tampoco a Garzón, cuya candidatura de Unidad Popular fue una de las grandes perjudicadas por el sistema D'Hont en las pasadas elecciones.
Lucha contra el fraude fiscal. "El combate al fraude fiscal y la economía sumergida será una de las prioridades en materia fiscal", dice el PSOE, que promete, entre otras cosas, aumentar en 5.000 empleados públicos los efectivos de la Agencia Tributaria. Los socialistas reconocen, como calculaban IU y Podemos, que con el dinero negro que emerja de la lucha contra el fraude y el fin de las amnistías fiscales se puede contribuir al crecimiento del PIB y dicen que se lo plantearán a Bruselas en la negociación del déficit.
Educación e I+D+i. El PSOE propone a todos los partidos alcanzar un "Pacto Social y Político por la Educación, la Ciencia y la Cultura como uno de los ejes fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades". Entre las medidas aseguran que paralizarán de forma inmediata la aplicación de la LOMCE, universalizará de forma progresiva la enseñanza pública para niños de cero a tres años y reducirá el IVA cultural.
El Ingreso Mínimo Vital y otras medidas sociales. Los socialistas plantean un paquete de iniciativas para luchar contra la desigualdad desde un posicionamiento de izquierda que coincide con los planteamientos de Podemos y Unidad Popular, como un Plan de Emergencia Social, una ley contra la pobreza energética, y medidas contra el sobrendeudamiento y los desahucios. Plantea, por ejemplo, que los jueces paralicen la ejecución hipotecaria en caso de insolvencia justificada, que existan alternativas habitacionales para quienes pierdan sus casas y la dación en pago, "valorando la vivienda en el precio establecido para la concesión del préstamo".
Los derechos de las mujeres. O como dice Alberto Garzón, "la lucha contra el patriarcado". Frente al rechazo de Ciudadanos a las cuotas que garanticen la presencia de mujeres en Consejos de Administración, Podemos y Unidad Popular coinciden en apoyar que se obligue al menos a un 40% de presencia femenina. También han defendido el derecho a decidir sobre su maternidad a las mujeres de 16 y 17, es decir, el derecho al aborto con independencia de lo que opinen sus padres. Están además a favor de la igualdad salarial, de ampliar los permisos de paternidad, facilitar la conciliación laboral e impulsar un Pacto de Estado contra la violencia machista.
Evitar las puertas giratorias. Ha sido una reivindicación constante de Pablo Iglesias, y ha quedado recogida en el documento del PSOE, que plantea incluir en la legislación de conflictos de intereses "un supuesto especial de incompatibilidad al cese de altos cargos" de cinco años "para quienes pretendan incorporarse ex novo a empresas del sector sobre el que no tenían experiencia profesional previa y sobre el que hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión".
Restaurar la Sanidad Universal. El PP y Ciudadanos son los únicos partidos que están a favor de mantener fuera del sistema sanitario público, de calidad y gratuito, a los inmigrantes en situación irregular. En su propuesta, el PSOE promete derogar la reforma sanitaria del PP y devolver el derecho a toda la ciudadanía, y se compromete a reforzar la gestión pública del sistema y asegurar que "el copago farmacéutico no sea una barrera de acceso, en especial para pensionistas".
Reforma de la Ley mordaza. Podemos e IU hablaban de derogarla, pero al menos el PSOE se compromete a "revisar los preceptos que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional", y otros como los que otorgan "facultades excesivas" a las fuerzas de seguridad. También considera que "es necesaria una revisión en profundidad de las conductas infractoras procedentes de las faltas del Código Penal". Alberto Garzón, tras encontrarse con Pedro Sánchez, ha citado entre los puntos que más le han gustado la apuesta del PSOE por la derogación de la pena de cárcel para los piquetes informativos.
Renegociar los objetivos de déficit con Bruselas. Pedro Sánchez plantea que el nuevo Gobierno acuerde con las instituciones europeas "una senda gradual, realista y equilibrada de consolidación fiscal a cuatro años que sitúe el déficit en el entorno del 1% en 2019". Albert Rivera explicó una propuesta muy parecida en rueda de prensa este lunes, que implicaba presentar a Bruselas "un plan serio, responsable, de dos años" que relaje el cumplimiento de los objetivos de déficit y que al mismo tiempo incluya una serie de reformas estructurales para modernizar el sistema productivo y educativo español.
Reforma parcial de la Constitución. Los socialistas proponen crear una subcomisión en el Congreso para revisar la Carta Magna, que cree que podría estar renovada a principios de 2017. Rechaza sin embargo un proceso constituyente como el que demandan Podemos, Unidad Popular y otras fuerzas del cambio.
El Senado. Ciudadanos quiere abolirlo. El PSOE no llega a tanto, pero en su reforma constitucional estaría a favor de incluir una modificación de su "composición y funciones".
Ni una palabra sobre el referéndum en Cataluña que pedía Podemos. La Comunidad Autónoma, de hecho, solo aparece mencionada una vez en el documento, cuando promete actualizar el sistema político para, entre otras cosas, "resolver los problemas que las Comunidades Autónomas, y especialmente Cataluña, puedan sentir en cuanto a su participación en el proyecto común y en el reconocimiento efectivo de las singularidades que las caracterizan".
