Ablación femenina: una tortura que también se aplica en España
Más de 140 millones de mujeres en el mundo han sido sometidas a la mutilación de sus genitales, un tortura peligrosa, destructiva para su cuerpo y su mente, que no tiene motivo médico alguno que lo justifique. Sólo pesa la tradición patriarcal, la anulación de la mujer, la superstición y el oscurantismo. Hoy, sábado 6 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Mutilación Genital Femenina, al menos una jornada al año para recordar lo intolerable.
Según Naciones Unidas, 29 países africanos -sobre todo Gambia, Guinea, Sierra Leona, Burkina Faso y Mali- aplican hoy esta dañina práctica, pero que se ha ido extendiendo con los flujos de emigración a otros lugares del planeta. España no se libra: hay 17.000 menores de entre cero y 14 años en riesgo de ser sometidas a estas intervenciones. El dato lo aporta el informe de la Fundación Wassu-UAB, con datos de 2012 y que se elabora cada cuatro años. Son niñas bajo las leyes de protección de España -se supone- pero sobre las que pesa una amenaza constante.
Esta es la radiografía de una aberración que es urgente erradicar.
Consiste en la extirpación parcial o total de los genitales femeninos externos por motivos no médicos, particularmente arraigada en países africanos -20 de ellos penalizan su práctica, pero sigue haciéndose de forma furtiva- y en algunos de Oriente Medio y Asia. Como indica la ONG Amref Salud África, "hay cuatro tipos de mutilación: extirpación total o parcial del clítoris, eliminación total o parcial clitoriana y de los labios, infibulación (que incluye la costura de los labios para hacer más pequeña la abertura vaginal) o mutilación de los genitales femeninos en todo su conjunto. Las más comunes son los dos primeros casos, y los dos últimos llaman la atención por su dureza".
Por supuesto, sus víctimas nunca podrán disfrutar de relaciones sexuales plenas, "con el impacto emocional que eso conlleva", la mayoría de las mujeres víctimas de la mutilación sufren dolor agudo durante la penetración. Pero, además de violar los derechos básicos de la mujer y privarla de tomar decisiones sobre su propia vida y su cuerpo, es muy perjudicial para su salud. Las infecciones durante el momento del corte o poco después son frecuentes (es difícil eliminar la orina o los restos menstruales, por ejemplo).
Si quedan embarazadas, corren el riesgo de tener problemas en el parto, ya que el conducto vaginal ha estado artificialmente modificado y el bebé podría tener muchas dificultades para salir. Pueden surgir quistes, problemas de esterilidad, mala cicatrización... Por eso la ONU considera que es una "violación de los derechos humanos", ya que afecta a la seguridad de las mujeres y a su integridad física, se viola su derecho a no ser torturadas e, incluso, se pone en peligro su derecho a la propia vida.
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Una niña, sometida a la ablación del clítoris en una aldea de Egipto.
Aunque cada vez más países legislan en contra, la mutilación se considera algo cultural, profundamente instaurada en la costumbre de hombres (y mujeres) de África. El proceso se relaciona, indica Amref, con la "femineidad, la transición adulta, la belleza o el matrimonio". En muchas zonas, además, se entiende que con esta operación bestial se reduce el deseo sexual de las mujeres, lo que evita, dicen, que quiera mantener relaciones "ilícitas". Nadie se plantea hacer lo mismo con los hombres o en pensar que ellos tienen relaciones "ilícitas". Es un bloqueo total al deseo femenino libre pero que muchas mujeres terminan defendiendo porque socialmente marcaría para siempre a quienes se nieguen a pasar por el trance. En un entorno absolutamente patriarcal, hay familias que festejan el día en el que someten a una niña a la ablación.
Según el mapa de Wassu-UAB, elaborado por Adriana Kaplan y Antonio López Gay, África es hoy el tercer continente de origen de los inmigrantes en España, tras Europa y América. Hay 17.000 menores de 15 años en riesgo potencial de padecer la ablación, una cifra que es un 60% superior a la registrada en el informe de 2008 elaborado por este mismo organismo.
Un tercio de la población del grupo de nacionalidades en las que se practica la mutilación genital femenina reside en Cataluña. Con más de 70.000 residentes esta es, con diferencia, la comunidad con más población de este origen. La proporción aumenta hasta el 36,6% cuando se analiza exclusivamente el grupo de la población femenina menor de 15 años. Andalucía es el segundo territorio con más población de estas nacionalidades, aunque la Comunidad de Madrid le supera en número de mujeres y de niñas. Comunitat Valenciana, Aragón, Canarias, País Vasco e Islas Baleares son el resto de regiones con más de 10.000 personas de este grupo de nacionalidades. Por provincias, la de Barcelona es la que alberga más personas, casi 40.000; seguida de Madrid, unos 25.000; y Girona, Valencia, Almería, Lleida y Baleares, con más de 10.000.
Hay zonas donde la proporción es pequeña aún pero creciente, como en Asturias, con 64 niñas en riesgo pero cuya población-diana se ha multiplicado por cinco en cuatro años; el País Vasco, Cantabria y Castilla La Mancha, que han triplicado el número; o Murcia, Baleares y Galicia, que lo han duplicado.
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El Ministerio de Sanidad español aprobó en 2015 un protocolo estatal de Actuación del Sistema Nacional de Salud. Su propósito es el de instruir a profesionales sanitarios para detectar posibles casos, penalizar a las familias que apliquen la ablación y educar tanto a las pequeñas como a sus familias para que deje de verse como una tradición imposible de soslayar. Sin embargo, como denuncia Médicos del Mundo, ese protocolo en realidad no se está aplicando y, por el momento, es realidad sólo en el papel. De hecho, ya estima esta ONG que el protocolo tiene carencias de base, porque por ejemplo debería incluir a los ámbitos social y educativo, no sólo al sanitario, y ni aún así se aplica.
El documento contempla que los padres, antes de irse de vacaciones a sus países de origen, han de firmar supuestamente un documento comprometiéndose a no someter a sus hijas a una ablación. En caso de que se nieguen a aceptarlo, el médico informará al servicio autonómico de protección de menores, que a su vez conectará con la fiscalía de menores y puede llegar a retirar los pasaportes a la familia si hay riesgo de intervención. Incluso se pueden pedir exámenes médicos antes y después del viaje.
Gobiernos regionales como Cataluña, Navarra y Aragón ya desarrollaron su propios protocolos antes que el ministerio. Euskadi está en trámites.
