La Dependencia con Rajoy: 2.000 millones de recorte y 400.000 desatendidos

El Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) acumula un recorte de 2.000 millones de euros en estos cuatro años de legislatura y unas 400.000 personas con derecho reconocido permanecen en lista de espera, lo que supone un incremento de 156.761 personas desde julio de 2012.

Son los datos del último Observatorio Estatal para la Dependencia que elabora periódicamente la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales y que denuncia la "demolición" de la ley de Dependencia.

Así, subraya que el SAAD finaliza la legislatura con 1.178.483 personas que tienen reconocida su situación de dependencia (el 2,5% de la población). Esto supone que hay 105.197 personas menos valoradas como dependientes con respecto a 2012.

La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales denuncia, asimismo, que la aplicación del nuevo baremo ha supuesto que actualmente haya 64.211 grandes dependientes menos, 16.794 severos menos y 24.200 moderados menos, mientras que ha aumentando un 5% (hasta los 65.871) el número personas valoradas que no obtiene grado (21,5%).

Además, el número de personas atendidas se ha mantenido en los últimos tres años en torno a los 779.373 beneficiarios actuales, lo que supone que hay 1.163 personas menos que reciben prestaciones o servicios con respecto a 2012.

De esta manera, el SAAD no es capaz de atender a 400.000 personas con derecho reconocido, un 34% de sus potenciales beneficiarios y la lista de espera ha aumentado en 156.761 personas desde el inicio de la legislatura.

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La última edición del Observatorio Estatal para la Dependencia subraya también que más de 100.000 personas han fallecido desde 2012 sin recibir las atenciones a las que tenían derecho reconocido, algo que contribuye a reducir las listas de espera.

En este sentido, lamentan que debido a las "reformas" y "recortes", el sistema ha colapsado de manera que los nuevos atendidos no lo son en virtud de su derecho, sino que dependen de las bajas que se producen.

"El real decreto de julio de 2012 supuso que de la paralización y estancamiento se pasase a un retroceso y demolición encubierta del SAAD", critican para añadir que, desde esa fecha, las solicitudes se han reducido en 36.333 y los dictámenes en 39.334.

Han denunciado que tras el recorte de más de 2.000 millones de euros en 4 años, los presupuestos generales del Estado para 2016 prevén un incremento de 75 millones, que es -a su juicio- "la antesala de una forzosa y sistemática violación del derecho a atenciones de 400.000 personas en el limbo de la dependencia".

El Observatorio constata que actualmente hay 359.205 cuidadores familiares (83.302 menos que en 2012) y a los que desde ese año se les ha recortado al menos un 15% la prestación económica (de 320 euros al mes a 270 de media).

Además, se han expulsado del convenio especial de cuidadores no profesionales de la seguridad social a más de 165.000 personas y ya sólo quedan 11.527 cuidadores cotizantes que no tienen apoyos de servicios profesionalizados, ni periodos de descanso, ni formación.

Han observado diferencias entre territorios en aspectos tan básicos como la valoración, el plazo de acceso a los servicios o los diferentes copagos, lo que supone que haya dependientes de primera, segunda o tercera, dependiendo de la comunidad en que se resida.

Denuncia que el modelo de financiación del sistema es tramposo y que la financiación estatal (estimada actualmente en un 18%) incumple lo que la ley establece (50%).

El Observatorio señala que sólo 5 CCAA aprueban en la Escala de Valoración del Observatorio y 3 destacan con calificaciones notables: Castilla y León (9,58), País Vasco (7,92) y Andalucía (7,50).

Mientras, 2 CCAA se sitúan entre el aprobado y el notable: Extremadura (6,67), La Rioja (6,67) y 6 rozan el aprobado (todas ellas con 4,58 puntos): Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra, Cataluña, Cantabria y Galicia.

Por su parte, 6 suspenden: Baleares (3,75), Aragón (3,75), Canarias (3,75), Murcia (3,75), Madrid (3,33), Ceuta y Melilla (2,50) y con la peor calificación la Comunidad valenciana (1,25).