El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña imputa a Mas por el 9-N
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha citado a declarar como imputados al presidente de la Generalitat, Artur Mas, a la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y a la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, por la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre.
En un auto recogido por Europa Press, la Sala Penal del TSJC ha citado a Mas el jueves 15 de octubre y dos días antes, el martes 13 de octubre, a Ortega y Rigau.
El TSJC también ha llamado a declarar el lunes 19 de octubre a cinco testigos que había solicitado la Fiscalía.
En una providencia notificada dos días después de las elecciones autonómicas del 27S, el alto tribunal catalán ha decidido tomar declaración a los tres querellados, después de que ellos mismos solicitaran que no se acordaran nuevas diligencias de investigación ni testificales hasta que comparecieran como imputados ante la justicia.
Mas, Ortega y Rigau han sido formalmente citados a declarar como imputados, casi un año después de que la Fiscalía presentara, el 21 de noviembre de 2014, una querella en la que los acusaba de desobediencia, malversación de fondos públicos, prevaricación y usurpación de funciones.
Les acusaba concretamente de haberse "negado abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución emanada del máximo intérprete de la Constitución", al organizar este proceso participativo pese a la suspensión decretada por el TC.
En su escrito, la Fiscalía consideró que los ahora imputados sabían que la consulta prevista inicialmente -primero- y el proceso participativo -después- habían sido suspendidos, y aludió a estas declaraciones de Mas: "Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi gobierno".
"PLANIFICADA Y FINANCIADA"
La Fiscalía que no es necesario que la negativa del Govern a cumplir la decisión del TC fuese expresa, sino que "esa voluntad puede deducirse, tanto en comportamientos activos como omisos, expresos o tácitos", recogía el escrito.
También insistía en que fue "una consulta planificada, auspiciada y financiada" por el Govern, que el contenido de la suspensión no dejaba margen a la duda y que, pese a eso, los tres querellados participaron en su fomento de manera personal y directa, decía literalmente.
