Varufakis anuncia una amnistía fiscal para griegos con cuentas en extranjero
El ministro griego de Finanzas, Yanis Varufakis, anunció hoy que el Gobierno está preparando una ley de amnistía fiscal para todos los griegos que tengan depósitos ocultos en el extranjero y estén dispuestos a declararlos a Hacienda.
Tras una reunión con el secretario de Estado de Finanzas suizo, Jacques de Wateville, Varufakis anunció que el Gobierno tiene previsto presentar a comienzos de verano una ley que "permite a los ciudadanos declarar voluntariamente sus depósitos en el extranjero".
Las personas que se acojan a esta medida deberán pagar un impuesto de entre el 15 % y el 20 % sobre los fondos que declaren, pero quedarán eximidos de sanciones y multas. A los que no se acojan voluntariamente a esta medida y sean descubiertos se les aplicará un impuesto del 46 % y una multa.
ACUERDO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Varufakis añadió que una vez que se haya aprobado esta ley en el Parlamento, Grecia y Suiza firmarán un acuerdo de intercambio de información sobre los depósitos de ciudadanos helenos en entidades suizas.
El Gobierno suizo se comprometerá a obligar a todos los bancos a que envíen a sus clientes griegos una carta en las que les informen de esta oferta de las autoridades.
"Tenemos un acuerdo con la Unión Europea sobre la entrega automática de información que aplicaremos también a Grecia", dijo de Wateville.
La de hoy era la segunda reunión con el secretario de Estado suizo tras acordar hace un mes iniciar los procedimientos necesarios para aplicar en Grecia el acuerdo de intercambio de información que existe con la Unión Europea.
15 SOLICITUDES
Según fuentes gubernamentales griegas, en aquella reunión el secretario de Finanzas griego manifestó su "asombro" por el hecho de que el Gobierno anterior tan solo formulara 15 solicitudes para acceder a datos de ciudadanos griegos con cuentas en Suiza.
El primer ministro, Alexis Tsipras, cifró recientemente en 2.000 millones de euros los activos griegos no declarados en todo el mundo, de los que el Gobierno espera recuperar 800 millones.
