Cómo te afectará la "privatización" del Registro Civil, en 9 claves
Marea verde, marea blanca, marea violeta... y ahora marea amarilla. El nuevo movimiento surge de la mano de cientos de funcionarios de los registros civiles de toda España, que este fin de semana recorrieron el centro de Madrid al grito de "No a la privatización del Registro Civil".
Protestan por una polémica reforma impulsada por el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y cuya entrada en vigor está prevista para el 15 de julio. La ley aún se está tramitando, por lo que todavía hay dudas y temores sobre cómo será la norma final. Lo que se sabe seguro es que te va a afectar. Aquí te damos nueve claves.
Cuando la ley entre en vigor, el Registro Civil pasará a ser gestionado por los registradores de la propiedad y mercantiles. Hasta ahora, es un servicio público a cargo de funcionarios de Justicia especializados.
El Ministerio de Justicia argumenta que así se reducirá el colapso y se evitarán las colas en los registros. Los sindicatos, en pie de guerra, han denunciado que la reforma supone en la práctica la privatización del Registro Civil.
Ese es uno de los grandes debates. Fuentes de Justicia consultadas por El Huffington Post aseguran que los registradores mercantiles son trabajadores del Estado y que, por tanto, la reforma no va a suponer la privatización del Registro Civil. Además, la Ley Hipotecaria les atribuye dicha condición para el ejercicio de determinados derechos y prerrogativas.
Pero los sindicatos no lo consideran así y aseguran que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado en varias sentencias que no tienen ese carácter de funcionarios públicos ni tampoco los trabajadores a los que contratan.
En la práctica, los registradores mercantiles acceden al puesto mediante oposición, pero luego operan con interés privado, ya que "contratan a su personal y tributan por IVA" y el Gobierno les ha encuadrado en el régimen general de autónomos y trabajadores por cuenta propia.
Hasta ahora, y desde 1896, todos los trámites son gratuitos para los ciudadanos, algo que, según los sindicatos, va a terminar con la reforma. Fuentes de Justicia, y también el ministro, Rafael Catalá, subrayan que se ha dicho “1.000 veces” que “no se va a cobrar por nada”. “En ningún caso se crearán nuevos aranceles ni se subirán los ya existentes”, aseguran, a la vez que destacan que los nacimientos y defunciones, que son “el 80% de las inscripciones que se hacen en el Registro”, van a ser telemáticas y no va a hacer falta la presencia en las oficinas.
Pero los sindicatos aseguran que los ciudadanos van a tener que pagar por servicios que ahora son gratuitos, ya sea de forma directa o mediante subidas de impuestos. “Las cuestiones más evidentes para el ciudadano van a seguir siendo gratuitas. Por ejemplo, no creo que se atrevan a cobrarte si vas a inscribir a tu hijo, porque sería muy descarado, ni tampoco por registrar un fallecimiento. Pero, según las documentaciones que vamos conociendo, muchísimos actos van a dejar de ser gratuitos”, advierte Javier Hernández, responsable de Acción Sindical del Sector de Administración de Justicia del sindicato CCOO, que pone como ejemplo de trámites que dejarán de ser gratis pedir una copia del certificado de nacimiento o de defunción.
A Victoria Carrero, responsable de Justicia de UGT, tampoco le salen las cuentas. “Es inviable. Los registradores mercantiles, que funcionan como pequeñas pymes porque tienen que comprar su propio local, que tienen que tener regulados a sus trabajadores... no van a asumir estos servicios gratuitamente”, alerta. En su opinión, estos registradores no van a utilizar los aranceles que cobran por los registros mercantiles “para sufragar un servicio público que no es competencia suya”.
Alfonso Candau, decano del Colegio de Registradores, avisó hace tiempo de que con el control de los Registros “no quieren ganar dinero, pero tampoco perderlo”.
Según el Gobierno, no habrá que pagar nada. Según tramitadores del Registro Civil consultados por el diario Noticias de Guipúzcoa, un certificado normal, como una fe de vida, costará entre 20 y 30 euros por cada vez que se solicite; hacer el duplicado del libro de familia, entre 100 y 150 euros; obtener un acta matrimonial, entre 90 y 100 euros; y la inscripción de las comunidades vecinales, por encima de los 300 euros”.
Sí. El Gobierno va a pagar este año cuatro millones de euros al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles para que sigan haciendo la gestión de los expedientes de nacionalidad que ya tenían encomendada desde 2012, sin que hasta ahora recibieran cantidad alguna. En ese caso también hubo compromiso expreso de que esas gestiones no supondrían ningún gasto para los ciudadanos ni para las arcas públicas.
Todavía no está claro, pero los sindicatos temen que sí. “Se habla de otras figuras que hasta hora no eran obligatorias de inscribir, como los seguros de vida. Va a ser obligatorio que el que se haga seguro de vida lo tenga que inscribir en el registro. Y por eso te cobrarán un arancel”, avisa Victoria Carrero, de UGT.
Es otra de las polémicas de la próxima ley. Fuentes de Justicia aseguran que los datos de los ciudadanos seguirán siendo del Estado. “No se privatiza la información y están protegidos con todas las garantías de seguridad de la Agencia de Protección de Datos”, advierten.
Javier Hernández, de CCOO, avisa de que los datos “personales y privados de toda la vida de una persona”, van a estar “en manos privadas, por mucho que diga el ministro que van a seguir siendo controlados por el Ministerio de Justicia”.
Hernández explica que el Registro Civil tiene ahora más de 8.000 oficinas en España y que se pasará de pronto a 120 (1.200, según Catalá), dado que sólo hay Registros Mercantiles en las localidades con más población. Carrero, de UGT, indica que hasta ahora los juzgados de paz (hay 7.800 en toda España) prestaban los servicios de Registro Civil y eran una manera “muy directa” de mantener el trato con el ciudadano, dado que allí tenían sus propios libros para expedir los certificados que se necesitaban.
Justicia dice que los ciudadanos podrán seguir yendo a los juzgados de paz, pero Carrero señala una diferencia clave: “Prestarán el servicio pero mucho más deficitario porque harán de intermediarios entre el ciudadano y el registro mercantil oportuno, con lo que tendrán que recoger allí las peticiones del ciudadano, remitirlas al registro mercantil más cercano, el registro mercantil practicar la certificación y por correo devolverla al juzgado de paz para que se ponga en contacto con ese ciudadano y vaya a recogerlo”.
“Se aísla completamente a la población”, zanja CCOO.
Hasta ahora, las bodas civiles se pueden hacer a través del Ayuntamiento o del Registro Civil. Con la reforma se introduce un tercer sistema: casarse por el notario. “Y te van a cobrar por el expediente de matrimonio 95 euros y otros 95 por la boda en sí. 200 euros en total”, asegura Hernández, de CCOO, quien critica que habrá una justicia para ricos, "que pagarán y se podrán casar a la mañana siguiente", y para pobres, que tendrán que esperar los seis meses que se tarda por el Registro Civil.
“Esa es una manera de leerlo”, admiten desde Justicia, donde subrayan que la de los notarios es una opción “que suma y no sustituye”. “No desaparece la opción de hacerlo como hasta ahora y quien lo haga así no esperará seis meses porque la reforma pretende aligerar los tiempos”.