Ley de Dependencia: sólo se aceptan el 56% de las solicitudes y se atiende a menos de la mitad
Las cifras son desoladoras: más de 70.000 personas continúan a la espera de las ayudas de la Ley de Dependencia, sólo se aceptan el 56% de las solicitudes y, de este porcentaje, se atiende a menos de la mitad.
Los resultados de una encuesta elaborada por la Unión de Consumidores y Usuarios (OCU) entre personas en situación de dependencia, sus familiares y sus cuidadores, arroja una conclusión: "La fotografía es muy poco optimista", considera esta asociación en una nota de prensa.
A juicio de la OCU la situación de los dependientes y sus familias "ha ido empeorando" tras la aprobación de la Ley de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria en 2012. El 20% de los dependientes encuestados opina que no está bien atendido y un 3% dice que la atención podría ser mejor.
La mitad de las personas dependientes no recibe las ayudas estipuladas en la Ley de Dependencia aprobada en 2006, una prestación que, recuerda la OCU, es asumida en parte por el dependiente mediante un sistema de copago que varía entre el 15 y el 90 por ciento.
Según la encuesta, no reciben ningún tipo de ayuda el 41% de los grandes dependientes, ni el 51% de los dependientes severos, ni el 60% de los moderados. Y solo un 10% de ellos tiene capacidad económica para sufragar sus cuidados, "de forma que son muchos miles de personas las que se ven afectadas por este mal funcionamiento del sistema de ayudas".
Las cifras de la propia administración "son contundentes", dice la OCU, ya que sólo un 56% de las solicitudes son aceptadas, y de ellas sólo se atiende el 45% tras un periodo de espera que puede superar los dos años.
El perjuicio derivado de los recortes presupuestarios, añade la organización de consumidores, lo sufren tanto los dependientes como sus familias.
Ya que los primeros han visto reducida un 15% la cantidad que percibían, mientras que a los segundos se les ha suprimido la exención de la cotización a la Seguridad Social de la que podían beneficiarse por cuidar a un familiar dependiente, lo que ha generado que un 90 por ciento de los cuidadores no profesionales haya tenido que darse de baja.