La Ley de Seguridad Ciudadana ya ha pasado su trámite parlamentario en el Congreso y se encamina al Senado. Con toda la oposición y la sociedad civil en contra, la mayoría absoluta del PP ha vuelto a hacer de las suyas y ha aprobado la conocida como Ley Mordaza.
Se mantienen otros igualmente controvertidos, como la posibilidad de multar con hasta 600.000 euros a los organizadores o promotores de reuniones o manifestaciones no comunicadas en "instalaciones en las que se prestan servicios básicos a la comunidad". Una definición tan amplia que puede abarcar desde una protesta en un hospital o en la Universidad, hasta una manifestación frente al Congreso.
Al final sale más barato gestionar mal los análisis clínicos de seis hospitales, provocar fallos y retrasos, y ganarte quejas de sus médicos -90.000 euros de multa que te puede acabar perdonando tu excompañero, el presidente de la Comunidad de Madrid, como en el caso de las empresas del exconsejero Güemes-, que defender el derecho a la sanidad pública y universal en tu centro de trabajo.
Estas son otras nueve comparaciones que ilustran la desproporción de algunas de las infracciones previstas en la norma:
La intrusión en infraestructuras o instalaciones -incluyendo su sobrevuelo-, una de las formas típicas de protesta pacífica de organizaciones ecologistas como Greenpeace, será castigado con una multa de entre 601 y 30.000 euros. En cambio, e...