La violencia de género, una lacra sin control 10 años después de la ley de Zapatero
Cuando pasaron diez años, la violencia de género seguía allí. Se cumple una década de la aprobación de la ley de protección integral contra la violencia de género, uno de los símbolos sociales de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero, parafraseando el célebre cuento de Augusto Monterroso, el problema sigue ahí.
Unos datos bastan para comprender la entidad del problema, que este martes vuelve a la agenda con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
- La sangría no cesa. En lo que va de año, 45 mujeres han muerto por violencia de género. Desde 2003, la cifra ha superado siempre el medio centenar al año (en 2013 fueron 54, en 2012: 52; en 2011: 61; y en 2010: 73). En total: 758 desde enero de 2003.
- Las mujeres jóvenes, afectadas. Casi la mitad de las víctimas tienen menos de 40 años.
- Pocas denuncian. Algunas de las que lo hacen también son asesinadas. En 2013, un 20% de las mujeres que murieron por violencia de género había presentado una denuncia. El dato es casi cinco puntos menor que el promedio de los últimos 8 años.
- El número de órdenes de alejamiento resueltas y adoptadas se reduce año tras año.
- El problema no es prioritario para la sociedad. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, sólo un 0,5% de la población considera la violencia contra la mujer uno de los tres problemas más importantes.
Diez años después, partidos políticos, asociaciones que ayudan a mujeres maltratadas y colectivos pro derechos de la mujer valoran como un hito la aprobación de la ley, que puso en el mapa el problema y reunió en una sola norma muchas medidas aplicadas sin demasiada coordinación hasta entonces. "La violencia hacia las mujeres en las relaciones sentimentales pasó de ser una cuestion privada y de ámbito familiar a que ser un tema central en la vida pública", dijo Zapatero este fin de semana, en un acto para celebrar la efeméride.
Aunque el Gobierno mantiene que el grueso de la inversión en la lucha contra la lacra no se ha visto mermado, sí reconoce recortes en el presupuesto, que justifica por el adelgazamiento de la burocracia. El PSOE, en cambio denuncia "recortes de más del 22% y un completo desentendimiento de las políticas de Igualdad", en palabras de Carmen Montón, secretaria de Igualdad del PSOE, en conversación con El HuffPost.
NO DENUNCIAR POR CREER QUE NO SIRVE
Se aprecian irregulares descensos de denuncias, de órdenes de alejamiento y de otras medidas de protección, como los brazaletes que identifiquen la presencia de un agresor cerca. "Muchas mujeres no denuncian porque creen que no servirá de nada. A menudo no se las cree, los jueces y fiscales no están formados y no garantizan la protección necesaria a las que se atreven a dar el paso", lamenta Antonia Ávalos, presidenta de Mujeres Supervivientes, una asociación de ayuda a las maltratadas.
Ávalos denuncia que el miedo a quedarse sin trabajo, sin hogar o sin la custodia de los hijos es clave en el recelo de ese 80% de mujeres víctimas que mueren a manos de hombres sin haber denunciado.
El Gobierno admite que hay mucho por hacer. Blanca Hernández, delegada del Gobierno para la violencia de género, reconoció en una comparecencia reciente en el Congreso la "falta de seguimiento de las víctimas por no tener en vigor medidas judiciales de protección", los "sobreseimientos o faltas de concesión de órdenes de protección por los órganos judiciales", los desestimientos o no ratificaciones cuando son terceros los que denuncian o la "falta de coordinación" entre administraciones para atender a la maltratada. Por si fuera poco, cada vez más mujeres jóvenes tienen dificultades para identificar comportamientos machistas o agresiones, que ahora suman las redes sociales como vehículo.
Según Montón, el PP acumula más de un 22% de recorte en la lucha contra la violencia machista, con "tres años de retroceso" en todos los campos. Para empezar, con la reducción de las políticas asistenciales, pero también con el "ataque de los cimientos ideológicos" de la ley a través de la eliminación de la educación para la ciudadanía, "lo que saca la prevención de las aulas", la eliminación de competencias municipales, "cerrando puntos de atención locales", o con la "amenaza de la custodia compartida automática", que no tiene en cuenta que "el 73% de las mujeres sale del entorno de la violencia a través de la separación, no de la denuncia".
Y quizás lo más simbólico: "que Rajoy nunca haya pronunciado la expresión violencia de género" y no haya dado un discurso sobre el tema o mandado una condolencia a la familia de una mujer asesinada, a pesar de que remite muchos telegramas a deportistas o artistas por sus éxitos profesionales.
En palabras de Puri Causapié, experta y responsable del PSOE en la materia hasta hace unos meses, la última amenaza es el nuevo estatuto para las víctimas de delitos violentos, ahora en tramitación en el Congreso. En su artíuculo 35 ncluye el pago del coste de los procesos judiciales y las medidas de protección en caso de sobreseimiento o absolución del acusado, algo que "desincentivará aún más la denuncia".
Tanto para la oposición como para algunas asociaciones de víctimas, España corre el riesgo de pasar de ser un país puntero en la lucha contra la violencia de género a uno en el que la lacra pasa a un segundo plano, pese a que el problema persista.
