Interpol pide a España detener a los 20 acusados por Argentina de crímenes franquistas
Interpol ha pedido a la justicia española la detención preventiva de los últimos 20 acusados por la justicia de Argentina por los crímenes del franquismo, entre los que están los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina.
La sección argentina de Interpol también pide los datos de identificación de los acusados, como requisito "indispensable" previo a la emisión de una orden de "captura internacional en forma completa", según reza el comunicado de Interpol Argentina enviado a la jueza de la causa, María Servini de Cubría. Dicha petición se produce "para evitar posibles confusiones por razones de homonimia", antes de hacer extensiva la medida a la totalidad de los países miembros de Interpol.
Las órdenes de detención fueron dictadas a raíz del auto emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de Buenos Aires el pasado 30 de octubre, en el que solicitaba la detención de 20 acusados, según aclararon desde la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua).
EL GOBIERNO CREE QUE NO HABRÁ EXTRADICIÓN
La petición de Interpol ya ha chocado con el parecer del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha adelantado que la Audiencia Nacional se negará a extraditar a los investigados porque los crímenes habrían prescrito y recordando la Ley de Amnistía de 1977.
"Hay que estudiar esa orden de Interpol, pero por los antecedentes que tenemos de la Audiencia Nacional por hechos similares de los que ahora hemos tenido conocimiento a través de la prensa, yo creo que la resolución será muy equivalente a la que hubo anteriormente, que es denegar la entrega porque son delitos prescritos en España y hay una Ley de Amnistía", ha respondido.
Catalá ha destacado que esta norma, aprobada por unanimidad en 1977, "intentó superar una etapa trágica de nuestra historia". "Pero totalmente superada", ha enfatizado.
EN MANOS DE LA AUDIENCIA
Una vez cursada y recibida la orden de detención preventiva por parte de las autoridades competentes, las Fuerzas de Seguridad deberán proceder a la detención de los imputados para ponerles a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional que esté de guardia en un plazo no superior a las 24 horas.
La Audiencia Nacional podrá ordenar la prisión provisional, su libertad o medidas cautelares, como visitas periódicas a un juzgado, ertirada del pasaporte o prestación de fianza, entre otras, y comunicará su decisión al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, que puede solicitar la extradición en el plazo que determine.
En caso de ordenar una detención preventiva, ésta no puede prolongarse más allá de cuarenta días si dentro de este plazo no se presenta la solicitud de extradición, según ha explicado la Ceaqua, personada en la causa abierta en Buenos Aires.
La organización alude al artículo 8 de la ley 4/1985 de Extradición Pasiva española y al artículo 24 del Tratado Bilateral de Extradición y Asistencia Jurídica en materia penal suscrito en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987 entre el Reino de España y la República Argentina.
En este caso se trata de una orden de detención internacional que deberá tramitar la oficina de Interpol-Madrid, radicada en el complejo policial de Canillas, que ha recibido la comunicación 'muy urgente' de sus colegas argentinos.
Si se tratara de una petición de extradición, el Consejo de Ministros habitualmente las autoriza aunque puede negarse. En caso de mostrarse a favor de la entrega, la Audiencia Nacional tiene dos opciones negarse o concederla. Si informa a favor de la extradición, el Ejecutivo puede concederla o denegarla.
RESPONSABLES DE DIVERSOS CRÍMENES
La Justicia argentina pidió la extradición de Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976 y que había ocupado previamente cargos de responsabilidad en el régimen franquista, por responsabilidades en la muerte en Vitoria, en marzo de 1976, de cinco trabajadores en una acción policial.
A Utrera Molina, ministro de la Vivienda en 1973 y ministro secretario general del Movimiento (1974-75), se le responsabiliza de la pena de muerte aplicada al anarquista Salvador Puig Antich, último ajusticiado con garrote vil en España (1974).
La detención de Fernando Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del gobierno en 1975, fue solicitada por su presunta responsabilidad en la pena de muerte de los cinco últimos fusilados por el régimen franquista en septiembre de 1975 (dos miembros de ETA y tres del FRAP -Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico-).
La orden también incluye al recientemente fallecido Antonio Barrera de Irimo, por lo que la lista final se reduce a 19 acusados.
LOS OTROS ACUSADOS
Figuran también Antonio Carro Martínez, ministro de la Presidencia (1974-1975); Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente (1974-1975); José María Sánchez Ventura Pascual, ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ministro de la Presidencia (1975-1977) y vicepresidente del Gobierno (1976-77).
Además, la orden incluye al excapitán de la antigua Policía Armada Jesús Quintana Saracíbar y siete expolicías: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés y Atilano del Valle Oter.
Los últimos reclamados por la Justicia argentina son Carlos Rey González, que fue miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich, los antiguos jueces Antonio Troncoso de Castro y Jesús Cejas Mohedano, y el ginecólogo Abelardo García Balaguer.
