Prisión para el exalcalde de Serranillos del Valle por participar en la trama púnica
El juez Eloy Velasco ha decretado prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros para el exalcalde de Serranillos del Valle (Madrid), Antonio Sánchez Fernández, sorprendido el lunes cuando intentaba sacar documentos del Ayuntamiento, como responsable de irregularidades en adjudicaciones públicas para beneficiar al supuesto cerebro de la operación Púnica, David Marjaliza.
El juez imputa a Sánchez Fernández ocho delitos: integración en organización criminal, revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, malversación, falsedad documental, cohecho y fraude. Velasco ha enviado a prisión al exalcalde tras tomarle declaración durante hora y media y tras examinar la documentación que trató de llevarse del Consistorio, ante el riesgo "objetivo y concurrente" de alteración de elementos "relevantes" para la investigación, "al haber sido descubierto huyendo del Ayuntamiento con documentación probatoria que pretendía eludir de la acción de la Justicia".
El intento de sacar los documentos de su despacho fue puesto en conocimiento del juzgado por un funcionario del Ayuntamiento a través de una comunicación en la que se alertaba de que Sánchez Fernández había comparecido en el Consistorio con cajas vacías y "las está llenando con documentación de su despacho, posiblemente para llevársela".
ALTERÓ UN CONCURSO PÚBLICO A FAVOR DE COFELY
En el auto de prisión, Velasco pone como ejemplo de las irregularidades un contrato de eficiencia energética para el que se alteró la valoración de las ofertas de un concurso público a favor de la empresa Cofely, sobre la que pivota gran parte de esta trama, "con su connivencia y la del técnico municipal".
El juez añade que las empresas de Marjaliza, presunto socio del otro cabecilla de la trama, el exdirigente del PP Francisco Granados, "habrían estado trabajando sin contrato público que lo amparase, tratando de articular posteriormente las autoridades municipales un procedimiento de contratación predeterminado a su adjudicación" a Marjaliza, quien "habría intervenido en la redacción de los criterios de adjudicación".
Para amparar los trabajos realizados sin contrato público "se habrían elaborado informes y facturas falsas para posibilitar que se libraran las cantidades económicas necesarias" para pagar a Marjaliza.
Ya son nueve los imputados en la red púnica que han ingresado en la cárcel, entre ellos Granados, Marjaliza, el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), y el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP). Sánchez Fernández, de Unión Demócrata Madrileña (UDMA), también fue detenido pero no pasó inmediatamente a disposición judicial por motivos de salud.