Medidas anticorrupción del Gobierno: el Ejecutivo defiende que ha hecho su "tarea"
El Gobierno ha aprobado este viernes el Estatuto del Consejo de la Transparencia, el órgano que se encargará de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia aprobada recientemente y que entrará en vigor en diciembre de 2014, como ha explicado Soraya Sáenz de Santamaría. El Consejo de Ministros ha aprobado también la creación de 282 nuevas plazas judiciales "para fortalecer el Estado de Derecho", según la vicepresidenta del Gobierno.
Sáenz de Santamaría ha dado un repaso a las medidas por la "regeneración democrática" que ha impulsado el Ejecutivo -entre otras, el Real Decreto de control de la financiación de partidos políticos y el relativo al ejercicio de los altos cargos, paralizados desde hace meses en el Congreso-, y ha defendido que el Gobierno ha hecho su "tarea". Si hay retrasos, ha dicho, es porque los otros grupos políticos le pidieron esperar a las elecciones europeas y después, al cambio en la secretaría general del PSOE. "Sería bueno ya que en noviembre esas leyes se debaterian en el Parlamento, y se hicieran las enmiendas que se considere adecuado", ha manifestado la vicepresidenta.
En un intento de descargar al PP del peso de la corrupción, ha insistido en que se trata "de un problema de personas, no de partidos". Este argumento, que ha repetido varias veces en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, le ha servido también para justificar que el presidente del Gobierno no comparezca en el Congreso de los Diputados, como le han pedido, porque "habrá quien diga que no es neutral para explicar lo de todos", y lo que debe hacer la Administración, según ella, es explicar las leyes y medidas emprendidas para atajar la corrupción. "¿No será más oportuno que dentro de los partidos tomen las decisiones que estimen oportunas?", ha planteado.
"Hay que tomar medidas, y nosotros hemos plantreado medidas que son ambiciosas, que hemos querido consensuar porque es un problema que tenemos que abordar juntos. A todos nos concierne", ha insistido.
También ha tratado de darle la vuelta al problema de la corrupción para señalar que si se han conocido más casos, es porque "las instituciones funcionan" y el Gobierno está trabajando en "aplicar la ley con el máximo rigor y los mecanismos necesarios para que así sea".
LEY DE TRANSPARENCIA
También ha insistido la vicepresidenta en presumir de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. "La primera de la democracia", ha dicho en varias ocasiones.
El Real Decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros regula los fines, los estatutos y el funcionamiento de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, que contará con un presidente nombrado para un periodo de 5 años, no renovables, que deberá someterse a un exámen en el Congreso. Cuando le han preguntado por qué este presidente necesitará solo mayoría absoluta y no el consenso de la Cámara, ha recordado que así se suele hacer y así se ha hecho con leyes aprobadas tanto por el PP como por el PSOE. Para dar una pátina más democrática a esa comisión, ha explicado que contará también con un diputado, un senador y un representante del Defensor del Pueblo.
El consejo empezará a funcionar antes de diciembre, igual que un portal web de transparencia en el que todos los órganos administrativos tienen que publicar sus contratos y subvenciones. "Es un elemento muy importante de control" de la corrupción, ha señalado la vicepresidenta.
MEDIDAS PARA AGILIZAR LOS PROCESOS JUDICIALES
Como había avanzado el jueves el presidente del Gobierno, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de 112 plazas de magistrados y 167 plazas de jueces de adscripción territorial.
El objetivo, según ha señalado la vicepresidenta, es que los procedimientos de corrupción "puedan resolverse cuanto antes". Para eso, además de las nuevas incorporaciones en Justicia, se crearán nuevos puestos en la fiscalía, y se impulsarán medidas de agilización procesal.
