El Gobierno da marcha atrás en puntos polémicos de la Ley de Seguridad Ciudadana
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha confirmado este miércoles que ha modificado "algunos aspectos" de la futura Ley de Seguridad Ciudadana que pudieran tener dudas de constitucionalidad, atendiendo las recomendaciones efectuadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Consejo Fiscal.
Aunque el ministro no ha detallado cuáles han sido los cambios, según adelanta El País, las modificaciones más destacadas se refieren a:
- La entrada y registro de domicilios, para los que será necesaria autorización judicial o la evidencia de delito.
- La identificación de personas, que no podrá realizarse por una mera infracción administrativa.
- Los controles y cacheos en la vía pública, que sólo se realizarán cuando puedan ayudar a evitar un delito grave.
- Las multas, que se implantarán por tramos y en función de la capacidad económica del sancionado y sus circunstancias.
- Las multas a menores por consumo o tenencia de drogas, que se suspenderán si se someten a tratamiento y rehabilitación.
- Las multas por prostitución cerca de parques y colegios, que se limitarán a los clientes.
- Las concentraciones frente a edificios institucionales (como el Congreso), que podrán realizarse siempre que no supongan "una seria perturbación de la seguridad ciudadana".
- La responsabilidad por actos vandálicos en manifestaciones, que no se volcará en los organizadores de la concentración.
El diario considera que se ha "suavizado" la polémica norma, algo que Fernández Díaz niega. "No se trata de suavizar ni de reforzar sino de precisar técnicamente mejor", sostiene.
Según ha explicado el titular de Interior, tanto el órgano de gobierno de los jueces como el Consejo Fiscal apreciaron algunos aspectos del anteproyecto que podrían ser "eventualmente inconstitucionales" y plantearon algunas recomendaciones técnicas que podían mejorar el texto.
El ministro asegura que su intención es que el proyecto sea "escrupulosamente constitucional y garantista" y que equilibre las libertades y derechos fundamentales con el mandato constitucional de garantizar la seguridad ciudadana, y ha apuntado que el Gobierno está "actuando en coherencia".
Tras los cambios, Interior remitirá el anteproyecto al Consejo de Estado para que dé su dictamen final, con el objetivo de que el proyecto que el Gobierno envíe al Congreso garantice la seguridad ciudadana "con pleno respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas".
