El Vaticano ha destituido en diez años a 848 curas por abusos a menores
El Vaticano ha destituido a 848 curas por abusos a menores en la última década, según ha explicado este martes el observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, el arzobispo Silvano Tomasi.
La Santa Sede registró en los últimos 10 años un total de 3.420 denuncias creíbles sobre sacerdotes presuntamente culpables de abusos cometidos entre los años 50 y 80. Concretamente, se registraron 713 denuncias en 2004, 184 en 2005, 218 en 2006, 216 en 2007, 191 en 2008 y 196 en 2009. En 2010 hubo un repunte: 464 denuncias, que fueron 402 en 2011, 418 en 2012 y 401 en 2013, según Radio Vaticana.
El representante diplomático de la Santa Sede ha añadido que en otros 2.572 casos, tras la investigación, los sacerdotes fueron simplemente sancionados con distintas penas, que no ha especificado.
Tomasi ha precisado que desde 1950 las diócesis católicas y órdenes religiosas han pagado 1.800 millones de euros de indemnización a las víctimas de abusos y 56 millones se han destinado a medidas terapéuticas para las víctimas.
El arzobispo ha explicado que el Vaticano no puede encausar a "las personas que viven en un determinado país, sometidas a la jurisdicción de la legítima autoridad de ese país" y que son "las autoridades estatales" las que "están obligadas a proteger, y a perseguir cuando sea necesario, a las personas bajo su jurisdicción".
Tomasi ha especificado que la Iglesia sí aparta de sus funciones a los sospechosos "sin perjuicio de las acciones judiciales que se practiquen en los lugares donde resida el acusado".
El diplomático vaticano ha detallado el proceso cuando se sospecha de un caso de abuso a menores por parte de un clérigo: el obispo local realiza un informe y lo remite a la Congregación para la Doctrina de la Fe; una vez estudiado el caso, la Congregación puede condenar al sacerdote a una pena canónica, que en su caso más extremo "es la separación del entorno clerical".
La relatora del Comité, Felice Gaer, ha preguntado al representante vaticano si cuando se conocieron los casos, las autoridades civiles de los países donde se cometieron los delitos fueron informadas. Tomasi ha respondido que no cuenta con cifras exactas pero ha afirmado que entiende que han sido "la mayoría", y que "la política" del Vaticano es informar a las autoridades.
El arzobispo ha asegurado que, en los casos de sacerdotes disciplinados por supuestos abusos pero no expulsados, estos no son trasladados "como se hacía erróneamente en el pasado", sino que se les cambia de trabajo. "La condición es que no estén en contacto con niños", a puntualizado.
EL ABORTO ES "UN ACTO DE TORTURA"
El representante del Vaticano ha recordado que "para la Santa Sede el derecho a la vida no es negociable" y que ésta práctica "no tiene nada que ver con la salud reproductiva". Tomasi ha agregado que la práctica del aborto "constituye en sí misma un acto de tortura".
"Intentar que la Santa Sede cambie de opinión al respecto es un atentado a la libertad de expresión y de credo", ha apostillado el diplomático.
Gaer le ha preguntado por qué entonces el Vaticano presiona al resto de Estados parte para que no legislen al respecto o anulen las normas que ya permiten la interrupción voluntaria del embarazo. "¿No están ustedes atentando contra el básico derecho a elegir de las mujeres?", se ha cuestionado la relatora.
George Tugushi, el segundo relator, ha preguntado a Tomasi si no consideraba que la amenaza de excomunión a la que fueron sometidas las niñas de Brasil y Nicaragua menores de diez años embarazadas tras ser violadas y que pretendían abortar no constituía "una forma de maltrato".
Tomasi considera que esos casos eran "excepcionales" y que las amenazas de excomunión habían sido vertidas "por obispos locales, no por funcionarios del Vaticano".
