El Tribunal Constitucional anula el euro por receta en Cataluña
El Tribunal Constitucional ha confirmado la inconstitucionalidad del pago de un euro por receta en Cataluña, han informado fuentes jurídicas.
Esta medida fue suspendida de forma cautelar en enero de 2013 por el tribunal, que en otro proceso también suspendió la misma medida que había adoptado la Comunidad de Madrid.
Las farmacias catalanas dejaron de cobrar el euro por receta ese mismo mes una vez que la Generalitat recibió la suspensión cautelar de esta tasa autonómica por el Tribunal Constitucional (TC), tras recaudar 45,7 millones desde su implantación en mes de junio del 2012.
Aunque la decisión alcanzada por el Constitucional solo se refiere al euro por receta en Cataluña es seguro que la misma resolución se produzca en el recurso pendiente sobre la aplicación también de esta medida en Madrid.
El 29 de abril de 2013 el Tribunal Constitucional (TC) se pronunció ante la batalla del euro por receta abierta por dos comunidades contra el Gobierno al suspender la aplicación de este impuesto también en la Comunidad de Madrid, después de hacerlo quince días antes en Cataluña.
El Gobierno recurrió los artículos 16 y 41 de la Ley de Medidas Fiscales, Financieras y Administrativas de Cataluña, para impugnar dos tasas, una judicial por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de justicia, y otra sanitaria, conocida como el euro por receta.
GALLARDÓN PIDE A MADRID QUE DESISTA
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha subrayado que tanto el Gobierno de la nación como los gobiernos autonómicos deben acatar las resoluciones y "estar a lo que diga" el Tribunal Constitucional.
Ruiz-Gallardon ha hecho esta afirmación en los pasillos del Senado al ser preguntado por la decisión del alto tribunal de considerar inconstitucional el pago de un euro por receta en Cataluña.
El titular de Justicia ha explicado que aún no ha leído la sentencia y que sólo conoce el fallo dado a conocer por los medios de comunicación.
Y a la espera de conocer los razonamientos de la resolución para poder hacer una evaluación jurídica, ha insistido en que hay que saber que lo que condiciona a todos es la Constitución y que quien la interpreta es el TC. EFE
