ONG denuncian que la devolución de siete inmigrantes desde Chafarinas a Marruecos es ilegal
Los siete inmigrantes que llegaron este martes a la isla del Congreso, situada en el archipiélago de las Chafarinas y de titularidad española, han sido devueltos a Marruecos, según ha informado la Delegación del Gobierno de Melilla. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha advertido al Gobierno de Mariano Rajoy que la denegación de asilo a estos inmigrantes contravendría la legislación vigente y los compromisos internacionales. La representación de este organismo en España espera que el Ejecutivo repare la situación creada.
Varias ONG que trabajan por la defensa de los derechos humanos en Melilla también han criticado al Gobierno por una devolución que consideran ilegal. Como ha anunciado José Palazón, portavoz de la ONG Prodein, interpondrán una denuncia conjunta contra el Gobierno para "identificar quién ha llevado a cabo esta expulsión".
"Esta es otra barbaridad del Gobierno. Devolver a inmigrantes que estaban en Chafarinas, que es indiscutiblemente territorio español, es absolutamente ilegal", ha denunciado Palazón. "No se trata de devoluciones en caliente" sino de "deportaciones absolutamente ilegales", ha asegurado, y ha acusado al Gobierno de convertir los territorios españoles en el norte de África en "fronteras chicle".
Según el comunicado de prensa de la Delegación del Gobierno, que defiende la legalidad del proceso, Marruecos "se hace cargo" de los siete inmigrantes, de origen subsahariano, pese a que a su llegada pidieron auxilio y, por lo tanto, son susceptibles de pedir asilo en España, como recuerda también Amnistia Internacional.
"REPARAR LA SITUACIÓN CREADA"
En un comunicado, Acnur muestra su "preocupación" por la situación de estos siete inmigrantes, que según las últimas informaciones quedarán a disposición de las autoridades marroquíes, y traslada su confianza en que las autoridades españolas "adoptarán todas las medidas pertinentes para reparar la situación creada".
En base a la información de la que dispone, Acnur explica que ha tenido conocimiento de que los inmigrantes de Chafarinas, a través de su abogada, habían informado a las autoridades de su intención de solicitar asilo en España. Por ello, la organización se puso en contacto con el Ministerio de Interior para reclamar que estas personas pudieran presentar de manera oficial su solicitud de asilo conforme establece la ley.
"En caso de que se confirmara la información recibida, estos hechos supondrían una denegación del acceso al procedimiento de asilo en España, lo que contravendría la legislación vigente y los compromisos internacionales adquiridos por España", advierte Acnur.
EL GOBIERNO DEFIENDE QUE LA EXPULSIÓN ES LEGAL
El Ejecutivo asegura que "a todos los inmigrantes se les ha aplicado escrupulosamente la legalidad vigente". El grupo llegó a la Isla del Congreso en una lancha neumática, provista de un motor de 15 caballos, que quedó a la deriva. Según la Delegación del Gobierno, todos "fueron atendidos desde un principio por las autoridades militares emplazadas en las Chafarinas". Allí, se les dio cobijo "en una caseta usada habitualmente por biólogos que realizan estudios científicos en el archipiélago".
Los representantes del Gobierno en Melilla afirman que han actuado de acuerdo a las normas y el convenio de colaboración con Marruecos: varios agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, acompañados de un abogado, un intérprete y de la secretaria general de la Delegación del Gobierno se trasladaron el miércoles a Chafarinas para garantizar la legalidad del procedimiento.
Una vez realizados todos los trámites de atención e identificación, los siete han sido devueltos a Marruecos, país con el que existe una "magnífica colaboración" en materia de flujos migratorios, según ha subrayado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.