Torres-Dulce insinúa que la Fiscalía está "teledirigida" por el Gobierno
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha exigido reforzar la autonomía del Ministerio Público para mantenerlo alejado de la "contienda política" y ha advertido de que los ciudadanos ven "inadmisible" que la Fiscalía esté "teledirigida desde el Gobierno, ideologizada o al servicio de concepciones políticas determinadas".
En la presentación del Libro Blanco de la Fiscalía y rodeado del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, el máximo responsable del Ministerio Público ha apostado por un fiscal "servidor de la ley" que cumpla su función desde la "más absoluta imparcialidad" y desde "una posición autónoma".
"El objetivo debe ser el de mantener al Fiscal al margen de la contienda política y vincularlo a la lucha por la promoción de la justicia y el interés de la sociedad", ha afirmado Torres-Dulce ante un auditorio lleno de miembros de la Carrera Fiscal.
"Deben seleccionarse desde la racionalidad las causas en las que los fiscales deben intervenir. De otro modo, dilapidaremos un bien escaso y caro", ha añadido. A su juicio, el buen funcionamiento del Ministerio Fiscal debe ser una cuestión de Estado, ajena a "intereses partidistas o sectoriales" que exige por ello una convergencia integradora.
RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Torres-Dulce, que ha advertido de los "problemas" que sigue generando la descentralización organizativa y la especialización, ha apostado por aumentar la preparación de los fiscales y por dar la "relevancia" que se merece la relación con los medios de comunicación.
"El Ministerio Fiscal también tiene obligaciones para con los medios y en última instancia para con la sociedad, que tiene derecho a recibir información veraz sobre los sucesos de relevancia penal, respecto de los que ha declarado el Constitucional que "no cabe negarles el interés noticioso", ha explicado.
Eso sí, ha dejado claro que esta autonomía no significa que el organismo derive en una institución "autista de auditorías y ha apostado por una reorganización ahora que se viven "tiempos convulsos" con la revolución tecnológica, la "transnacionalización e hiperespecialización" del Derecho, las nuevas reformas legislativas y los "cada vez más exigentes ciudadanos" ante la Justicia.