La ley de seguridad y el acoso policial, principales problemas de la libertad de prensa en España
La ley de seguridad ciudadana y el acoso policial a los periodistas en las manifestaciones son dos de los principales problemas de la libertad de prensa en España, según Reporteros Sin Fronteras (RSF).
La ONG ha presentado este jueves su informe anual sobre la libertad de prensa en el mundo, en el que señala que la ley de seguridad ciudadana, ya aprobada por el Consejo de Ministros y a la espera de pasar por el Congreso, de no modificarse supondrá "un grave atentado contra la libertad de información y una puerta abierta a la censura".
El documento incide en que la ley prevé que la captación o difusión de imágenes de las fuerzas del orden puede penalizarse con una multa de hasta 1.000 euros, hecho que "supondría una seria dificultad" para cubrir cualquier actuación policial.
Precisamente sobre el comportamiento de las fuerzas de seguridad con los periodistas, la organización expone que los profesionales de la comunicación, y sobre todo los reporteros gráficos, han sufrido durante todo el año "presión y dificultad en su trabajo en la cobertura de manifestaciones, movilizaciones, desahucios o escraches".
La organización destaca actuaciones policiales "comunes" como "relegar a los periodistas a posiciones alejadas, rechazar sus credenciales, exigir a los freelance un chaleco identificativo que no es obligatorio", e incluso cargar contra los profesionales y denunciarles por desacato.
Algunos de los ejemplos resaltados por RSF son la agresión a una periodista de Antena 3, Soledad Arroyo, por parte de los escoltas de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y de la Reina Sofía, así como la detención y acusación de atentado contra la autoridad del freelance Adolfo Luján, por su cobertura de un escrache en el domicilio del presidente del Congreso.
El informe hace una mención especial a la situación en Melilla, donde el freelance Jesús Blasco de Avellaneda fue detenido dos veces en menos de tres meses y acusado de dos delitos, así como obligado a entregar las grabaciones realizadas en la frontera durante un asalto de inmigrantes.
LEY DE TRANSPARENCIA Y CIERRE DE CANAL NOU
Otro de los problemas a los que se enfrenta la libertad de prensa, según RSF, es la ley de transparencia aprobada este año, que considera "insuficiente", ya que "no cumple con los usos internacionales de democracias de nuestro entorno" en cuanto al acceso a la información pública.
Las críticas más importantes a la ley son que no reconoce el derecho a la información, que excluye muchos tipos de información pública y que establece como respuesta válida el "silencio negativo" (fomentando así la inactividad de la administración, que en más del 50% de los casos no se pronuncia).
Además, la norma crea un organismo de revisión, el Consejo de Transparencia, que "no es independiente ni vinculante y que no establece sanciones relevantes por ocultar información".
Por otra parte, la ONG advierte también que el cierre el pasado noviembre de la televisión valenciana, Canal Nou como respuesta del Gobierno autonómico a la sentencia del Tribunal Superior de Valencia, que declaraba nulo el ERE ejecutado en la empresa, ha creado un "precedente peligroso para otras televisiones públicas", como es el caso de Telemadrid, que se encuentra inmersa en una causa judicial para determinar la legalidad de su ERE.
Para RSF, el cierre de un medio siempre supone "una limitación al pluralismo", pero al tratarse de un medio público también supone un "ataque frontal a la libertad de información". La presidenta de la organización, Malén Aznárez, ha ha denunciado la mala gestión de la empresa por parte del Gobierno valenciano, que la ha utilizado "como un coto privado de caza durante años".
Reporteros Sin Fronteras subraya en su informe que la salida de ETA de la lista de Depredadores de la Libertad de Prensa, después de que anunciara el cese definitivo de las armas en 2011, ha supuesto que "numerosos periodistas amenazados por la banda puedan trabajar y vivir sin escolta".
