Crisis de Gobierno en Turquía: Erdogan cambia a 10 ministros por el escándalo de corrupción
El escándalo de corrupción urbanística y financiera, el mayor vivido en Turquía en décadas, ha desembocado en una remodelación el gabinete tras la dimisión de tres ministros, lo que pone contra las cuerdas al primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, que incluso fue invitado a dimitir desde sus propias filas.
A primera hora de la mañana dimitieron Zafer Çaglayan, el titular de Economía, y Muammer Güler, de Interior, denunciando en términos casi idénticos la investigación judicial como "una maquinación sucia" con el objetivo de hundir el Ejecutivo.
Poco más tarde renunció Erdogan Bayraktar, ministro de Medio Ambiente y Urbanismo, aunque señalando que la mayor parte de los proyectos urbanísticos bajo sospecha habían sido aprobados por el propio primer ministro.
Tras una reunión de urgencia con el presidente, el también islamista Abdullah Gül, el primer ministro anunció poco antes de la medianoche una remodelación profunda de su gabinete.
SE SUCEDEN LAS PROTESTAS
Al mismo tiempo, en Ankara, Estambul y Esmirna arreciaban las protestas ciudadanas, que pedían la dimisión de todo el Ejecutivo.
La policía dispersó con gas lacrimógeno una protesta de cientos de personas en el barrio estambulí de Kadiköy, pero para el viernes se ha convocado otra gran concentración en Estambul.
El actual escándalo de corrupción supone un golpe duro al gobierno, cuando falta sólo tres meses para las elecciones locales, fijadas para el 30 de marzo del año que viene.
Horas antes, en un largo discurso ante los líderes provinciales de su partido, Erdogan había insistió en que la investigación judicial es "un ataque, no ya al AKP, sino a toda la nación, un complot internacional obvio, una maquinación".
La investigación se centra en dos aspectos: los sobornos en la compra de petróleo iraní a cambio de oro y la adjudicación de suculentas contratas de construcción en terrenos recalificados por los políticos del AKP, una práctica habitual, según los analistas.
La corrupción urbanística se habría visto favorecida por leyes que eliminaban la necesidad de informes técnicos y por la opaca estructura de TOKI, la agencia pública de Vivienda, sometida únicamente al control del primer ministro.
