Fernández Díaz critica al Consejo de Europa por "no haberse leído la ley" de Seguridad Ciudadana

Fernández Díaz critica al Consejo de Europa por "no haberse leído la ley" de Seguridad Ciudadana

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No se puede amar lo que no se conoce y por eso al Consejo de Europa no le gusta la nueva ley de seguridad ciudadana que impulsa el Gobierno. Esa es la tesis del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que este miércoles ha cargado contra el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, por criticar el texto legal que el pasado viernes presentó el Ejecutivo.

"Ha hablado sin haberse leído la ley", ha criticado en una entrevista en Los Desayunos de TVE. El ministro ha pedido a Muiznieks "que respete al Gobierno de España" y a la ley de la que es responsable, ya que a su juicio es indispensable.

Fernández Díaz también enmarcó las críticas del comisario en una declaración personal, distinguiéndola del Consejo de Europa, institución de 47 países, con sede en Estrasburgo, y cuyo baluarte es el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

"Creo que (esta ley) es altamente problemática y, si va más allá, lo trataré con las autoridades españolas", declaró Muiznieks este martes.

"QUE ME CONVENZAN DE QUE ES PROPORCIONADA"

El anteproyecto de ley presentado inicialmente por el Gobierno prevé, entre otras cosas, multar con hasta 600.000 euros concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso cuando perturben la seguridad ciudadana, si bien esta sanción se ha reducido finalmente a un máximo de 30.000 euros.

La ley contempla también penalizar, entre otros, actos que supongan una ofensa a España, así como las vejaciones a los agentes de policía en sus actuaciones o la difusión de sus imágenes cuando éstas atenten contra su honor.

En este sentido, Muiznieks dijo que está "muy preocupado por las altas multas propuestas".

"Quiero que alguien me convenza de que 600.000 euros por ofensas muy serias es una multa proporcionada", afirmó.

El comisario expresó su preocupación por la interpretación que los jueces hagan de términos recogidos en la ley como "ofensas a España" o "poner en peligro la seguridad ciudadana".