La Junta de Andalucía reactiva las expropiaciones de viviendas a bancos
La Junta de Andalucía ha reactivado este miércoles el proceso para expropiar casas a los bancos para evitar desahucios gracias a la entrada en vigor de la nueva ley autonómica de Función Social de la Vivienda. Estas actuaciones habían quedado paralizadas tras recurrir el Gobierno central el anterior decreto sobre vivienda ante el Tribunal Constitucional.
En concreto, según fuentes de la Junta de Andalucía, se han retomado 18 casos. La Secretaría General de Vivienda ha dado orden a las ocho delegaciones territoriales de la Consejería de Fomento a volver a remitir al Boletín Oficial de la comunidad los expedientes de expropiación abiertos durante el periodo que estuvo en vigor el anterior decreto.
De estos casos, seis corresponden a familias de Málaga, cuatro a Sevilla, tres a Almería, dos a Granada, dos a Huelva y uno a Cádiz. De esta manera, se reinicia el proceso de expropiación temporal del uso de viviendas del BBVA (3), Banesto (3), Banco Santander (2), Banco Popular (2), Caja Rural de Granada (2), Banco de Sabadell (1), Caja Rural del Sur (1), Deutsche Bank (1), A Y T Fondo Hipotecario Mixto (1), Citifin (1) y Gescat Viviendes (1).
Una vez se publiquen en el BOJA los expedientes, las empresas tienen quince días para presentar las alegaciones que consideren. Este procedimiento similar al del anterior decreto, al que sustituye la actual ley.
Asimismo, desde este miércoles las delegaciones territoriales de la Consejería de Fomento en las provincias pueden continuar con la tramitación de las solicitudes de expropiación formuladas antes de que el Gobierno central recurriera el anterior decreto y comenzar a gestionar las nuevas peticiones.
La Junta de Andalucía ya está trabajando también en el reglamento del registro de viviendas deshabitas, en el que incluirá todos los inmuebles vacíos de la comunidad que detecte para su eventual sanción -en el caso de personas jurídicas- o incentivo -en el caso de personas físicas-. Todo ello con el objetivo de que salgan en "alquiler asequible", según fuentes del Gobierno andaluz.
NEGOCIACIONES CON EL GOBIERNO
La Consejería de Fomento y Vivienda apuesta por el diálogo con el Gobierno central para dirimir cualquier choque competencial y evitar así un recurso como el que se produjo contra el decreto anterior.
"Hay margen" para el acuerdo, sostienen desde la Junta de Andalucía. Antes de la aprobación de la ley ya se mantuvieron reuniones por parte del departamento de Vivienda andaluz y representantes de los ministerios de Economía y Competitividad, Justicia, Fomento y Hacienda y Administraciones Públicas.
Desde Andalucía, se defiende que el texto aprobado es "absolutamente constitucional", aunque están abiertos en la Junta a un cambio en la redacción antes de que llegar a la paralización de la ley por una impugnación ante el Constitucional.
El parque residencial desocupado en la comunidad se estima que ronda entre los 700.000 y el millón de inmuebles.
