Portugal recorta un 10% las pensiones de funcionarios superiores a 600 euros
El Gobierno de Portugal ha aprobado una reducción del 10% a las pensiones de los funcionarios que reciben más de 600 euros al mes y hasta un 60% en el sueldo de los trabajadores públicos que se consideren "excedentarios".
Con estos nuevos recortes, el Ejecutivo luso pretende disminuir el déficit del sistema de pensiones de los funcionarios en 1.100 millones de euros, o lo que es lo mismo, una rebaja casi del 25%.
Además, responde al fallo del Tribunal Constitucional -que tumbaba la ley que pretendía facilitar la salida de funcionarios- con un nuevo decreto para bajar el coste de mantenimiento de los cerca de 600.000 funcionarios que tiene el país .
El Gobierno portugués intentó sacar adelante una norma que preveía despedir -con indemnización- a los funcionarios considerados "excedentarios" si durante un año no lograban encontrar otro puesto dentro de la Administración o incluirlos en una lista de espera pero sin recibir remuneración. La disposición aprobada hoy no incluye ninguna fecha tope.
Sin embargo, los recortes salariales a estos trabajadores públicos son ahora superiores: un 40% durante el primer año y un 60% en los siguientes. Los afectados podrán complementar su sueldo con otro trabajo en el sector privado.
Estos cortes garantizarán en cualquier caso que los afectados -los medios lusos especulan con que la cifra se situará entre 15.000 y 25.000 funcionarios- reciban una cantidad superior al salario mínimo nacional, establecido en Portugal en 485 euros.
El principal sindicato del país ya ha anunciado que impugnará estos recortes y ha censurado al Gobierno por no respetar el fallo del Constitucional.
MEDIDAS A CAMBIO DEL RESCATE
Reformar el sistema de pensiones y aligerar la plantilla de trabajadores públicos -que suponen un 13% de la población activa lusa- son algunas de las medidas ideadas por el Ejecutivo para reducir el gasto público de acuerdo con lo pactado con la UE y el Fondo Monetario Internacional tras el rescate financiero de mayo de 2011.
Hélder Rosalino, secretario de Estado de Administración Pública, ha justificado la necesidad de acometer estos cambios estructurales y recordó que, en el caso de las pensiones, el objetivo es que el sistema público sea cada vez más parecido al del sector privado.
Por otra parte, Rosalino ha recordado que este nuevo decreto puede sufrir variaciones antes de que sea votado en el Parlamento y aseguró que se mantendrán reuniones con los sindicatos para negociar los detalles de esta reforma.
"Sabemos que este asunto generará debate, pero éste es un problema serio para la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas, no podemos ignorarlo y nuestra obligación es presentar soluciones", ha insistido.
