El Consejo de Ministros da el sí a la reforma de las administraciones que rechaza toda la oposición
El Consejo de Ministros aprobará este viernes la llamada reforma local, ley que el Partido Popular lleva preparando más de un año y que ha suscitado críticas en todos los grupos parlamentarios, que consideran la medida un ataque al municipalismo y una privatización de los servicios públicos.
La aprobación del proyecto de ley por parte del Gobierno, que podría suponer un ahorro de más de 7.000 millones de euros, llega después de que el Consejo de Estado emitiera un informe que advertía sobre una posible inconstitucionalidad por los recortes de la autonomías locales, y criticaba la regulación del coste estándar.
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local tiene como objetivo reordenar competencias para evitar duplicidades entre las administraciones autonómicas y locales, y optimizar la prestación de los servicios con la introducción del "coste estándar", que deberán adoptar los municipios.
COSTE ESTÁNDAR
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es el citado coste estándar (presupuesto al que se deberán ajustar los municipios para prestar servicios). Este podría ser sustituido por el coste efectivo, que permitirá que los municipios no queden fuera de las prestaciones de servicios en muchas zonas, y así ya no se tendría que intervenir en las localidades de menos de 5.000 habitantes.
"Se tendrá en cuenta al calcular el coste el número de habitantes, la dispersión, las características del municipio, la densidad; en definitiva, reconocer que en una España variada con 8.117 municipios, de los que solo 400 tienen más de 20.000 habitantes, los costes son necesariamente diferentes. Lo pensábamos regular en una norma de desarrollo, lo incluiremos en esta", ha detallado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
82% DE LOS CONCEJALES
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ha anunciado que cuando se apruebe esta reforma municipal el 82% de los concejales españoles realizará su actividad "sin cobrar". Esto afectará en las ciudades donde los concejales tienen "dedicación exclusiva" (y que a partir de la aprobación ya no la tendrán), aunque seguirán comprometidos en la gestión política de sus ciudades y de sus pueblos. Hipotéticamente, en la ciudad de Madrid solo cobrarían 45 de 57 concejales.
