España dispone de 10.179 viviendas públicas vacías
En España hay más de 250.000 viviendas protegidas gestionadas por las comunidades autónomas. De ellas, unas 13.500 se encuentran vacías y 9.752 están disponibles, es decir, son viviendas habitables que no están ocupadas. A su vez, los grandes ayuntamientos gestionan 26.144 viviendas protegidas: 427 están vacías y disponibles.
En una coyuntura marcada por las heridas causadas tras el estallido del boom inmobiliario, con miles de personas atravesando serias dificultades para pagar la hipoteca a fin de mes, los datos ofrecidos hoy por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, reflejan la existencia de una oferta opaca en materia de vivienda que, por un motivo u otro, termina inutilizada.
Antes esta situación, en un momento en el que hay 332.529 personas inscritas como solicitantes de vivienda protegida, Becerril ha abogado este jueves en el Congreso de los Diputados por estimular el alquiler de este tipo de inmuebles, a precios accesibles, frente a su venta.
De hecho, sostiene que en este momento en España habría al menos 10.179 viviendas públicas vacías en condiciones para ser habitadas de inmediato, por lo que muchas de las personas que necesitan una vivienda con urgencia podrían beneficiarse de las miles de viviendas públicas que actualmente se encuentran vacías y disponibles.
EL PROBLEMA DE LA FINANCIACIÓN
El informe 'Viviendas protegidas vacías', con recomendaciones a las administraciones para acabar con el desajuste entre la necesidad de vivienda y el número de viviendas protegidas que están vacías, refleja que una de las principales causas de que haya viviendas protegidas vacías es la imposibilidad de los compradores de encontrar financiación. También figuran que el adjudicatario tenga otra vivienda (libre o de protección pública) en la que reside de manera habitual, o que haya viviendas en malas condiciones de conservación, o casos en los que la entidad gestora no sabe que el titular ha fallecido o se ha mudado.
Otros motivos de la no ocupación de viviendas protegidas son la caída de los precios de la vivienda libre, que en algunos casos ya resultan inferiores a los de las protegidas, o que la entidad pública se demore excesivamente en la adjudicación.
El estudio está realizado con datos e informaciones proporcionados por las consejerías y organismos de Vivienda de todas las Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla. Además, incluye información de diez ayuntamientos de capitales con una población superior a 350.000 habitantes a modo de muestreo.
