La Policía archiva el expediente a los antidisturbios del 25-S en Atocha: "No se deduce extralimitación"
De la tumultuosa noche del 25 de septiembre, en la que se produjeron choques violentos entre policía y manifestantes congregados alrededor del Congreso, una cosa parecía clara: de todos los excesos que se registraron por ambas partes aquel día, lo más difícil de defender por las Fuerzas de Seguridad era la escena en la que un grupo de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) entraba, cargaba y disparaba en el interior la estación de Atocha de Madrid. "No se tenía que haber hecho", afirmó el secretario general del sindicato policial mayoritario. Tan claras eran las imágenes que Interior, que hasta entonces había alabado la actuación policial, se vio obligado a abrir una investigación interna. Cuatro meses después, la conclusión del informe es que "no se deduce extralimitación en el empleo de la fuerza por parte de los agentes, al repeler las agresiones".
La investigación, realizada por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, se ha desarrollado con tres fuentes, según Efe: las grabaciones de los comunicados que se realizan a través de la sala del 091, el informe de la Dirección de Protección Civil, Seguridad y Prevención de Renfe y el informe del inspector del grupo tercero de la primera Unidad de Intervención Policial (UIP).
Según el relato de estas fuentes, esta es la secuencia de lo que ocurrió en torno a la estación:
Entre doscientos y trescientos manifestantes acceden a la estación "saltando y forzando los tornos", destaca el informe de Renfe. Las grabaciones de las cámaras de la estación muestran a personas que cruzan "indebidamente" las vías y "agreden a policías y vigilantes", durante el intento de desalojarlos de los andenes, pero "no se observa ningún empleo de la fuerza por parte de efectivos contra los manifestantes".
DE LA FELICITACIÓN INICIAL DEL MINISTRO A LA INVESTIGACIÓN
El ministro de Interior, Jorge Fernández, cerró filas en torno a la Policía y felicitó a los agentes el día 26 de septiembre, cuando a la vista de la publicación de vídeos y fotografías, arreciaban las críticas por intervenciones excesivas de las fuerzas de seguridad. La UIP, afirmó el ministro, "cumplió la ley en unas circunstancias especialmente complejas". Cuando "carga es porque se ve obligada a hacerlo", añadió.
Aquel día todos arropaban a los agentes, incluido el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la organización sindical mayoritaria policial, que consideró "plenamente justificado" tanto el despliegue de 1.400 policías como la actuación policial, ante la "gravedad" de los incidentes.
Entonces llegaron los vídeos de Atocha, el primero de ellos de la mano de El País el 27 de septiembre. Ante la imágenes, la actuación policial resultaba insostenible.
José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del SUP, reconoció el 30 de septiembre que esa intervención "no se tenía que haber hecho" y pidió dimisiones, si bien consideró que la actuación policial fue "buena" desde el punto de vista global. "Hubo puntos negros, y lo de Atocha es una prueba evidente de lo que no es una buena actuación", concluyó.
Parecía que las imágenes no dejaban lugar a la duda. El caos y el pánico que causaron en la estación los disparos y las porras empleadas sin mesura desencadenó más protestas y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, acabó ordenando la apertura de la investigación interna. Cuatro meses después, el expediente se archiva sin ninguna sanción.