Las asociaciones de pacientes y sanidad pública tachan de "locura" el copago de ambulancias para crónicos

La racionalización de recursos. Con ese eufemismo se defendió, en el principio del fin de la sanidad gratuita, la necesidad de introducir el copago de medicamentos. Si los pacientes abusan de las medicinas que no necesitan, el copago actúa como efecto disuasorio.

Ese principio asumido por el discurso oficial, pero nunca por la oposición o los profesionales sanitarios, se lleva mal con la última medida que prepara el Gobierno en este campo. El borrador de una decisión que se adoptará previsiblemente el próximo jueves 20, prevé cobrar 5 euros por trayecto (10 por ida y vuelta) por los tratamientos no urgentes. Ahora son gratuítos, al permanecer todavía dentro de la llamada cartera de servicios básicos, exentos del copago. Cuando dejen de estarlo, los primeros afectados serán enfermos crónicos que necesiten tratamientos como diálisis o quimioterapia, "absolutamente necesarios para su salud", en palabras de Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente. Pero también a todo aquel que necesite atención puntual no urgente.

La medida tiene excepciones, como los que sufren por el síndrome tóxico (la enfermedad de la colza), los discapacitados sujetos a gratuidad en sus propios regímenes, los que perciban pensiones no contributivas o los parados sin prestación. Para los enfermos que requieran cuatro o más traslados a la semana durante más de seis meses, la aportación será de 20, 40 o 120 euros al año, según la renta. Ahí se incluirían, por ejemplo, tratamientos oncológicos (radioterapia, quimiaterapia), que suelen durar varios años, o la hemodiálisis, que es de por vida con tres o cuatro visitas al médico.

SANIDAD QUITA HIERRO

Estas excepciones llevan a Sanidad a asegurar que es una aportación "simbólica", según fuentes consultadas por Europa Press.

"Pero no se incluyen, por ejemplo, a los millones de personas que viven en áreas rurales cada vez más envejecidas y que por algún motivo no pueden desplazarse", asegura el doctor Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. "Son, por ejemplo, pruebas diagnósticas, de imagen, o que necesiten la atención de un especialista", añade. Estos desplazamientos cada vez son más debido a la reducción de la oferta o la concentración en grandes núcleos urbanos. En otras palabras: jubilados, dependientes y especialmente los que ya viven lejos de la sanidad, verán como su factura sanitaria sube considerablemente.

Para ellos también habrá cuota. De 10 euros al mes para rentas menores de 18.000 euros, de 20 hasta 100.000 euros y de 60 euros al mes para los que superen ese umbral. Los pensionistas, asegurados activos o funcionarios pagarán 10 euros como máximo.

Según Sánchez Bayle, es una "barbaridad que afecta a personas en ocasiones en el límite de la pobreza, una medida injusta e inmoral".

Con medidas como estas "aumenta el incumplimiento terapéutico, y por lo tanto el riesgo de problemas para la salud de la ciudadanía, como el empeoramiento de las enfermedades crónicas, y en suma un aumento de la desigualdad en el acceso a la salud", según un comunicado hecho público por su plataforma. "Las farmacias ya constatan que hay millones de recetas que se expiden, pero que finalmente no se retiran", recuerda Sánchez Bayle. "Y eso a pesar de que el paciente no tiene ahí responsabilidad alguna, ya que el fármaco es prescrito por el médico y porque es necesario", apunta.

"Hay que introducir ciertos controles en la Sanidad, pero no quitar médicos, aumentar las listas de espera, eliminar camas en los hospitales: eso es acabar con derechos", denuncia Flores, que enviará pese a sus limitadas esperanzas una petición a la Defensora del Pueblo, institución con competencias para presentar un recurso de anticonstitucionalidad.

LOS CONDUCTORES DE AMBULANCIA, EN CONTRA

No sólo los usuarios están en contra, también los propietarios de las ambulancias. En Galicia, la Federación Gallega de Empresarios de Ambulancias (Fegam), Enrique Blanco Manzano, aseguró que "no se puede gravar más coste a la ciudadanía después de lo que está soportando".

"Nosotros hemos escuchado a [Alberto Núñez] Feijóo decir que no se iba a aplicar el copago en Galicia, con lo cual no podemos decir más", ha concluido el presidente de la patronal, que ha sentenciado que los empresarios gallegos "no están de acuerdo en el copago", informa Europa Press.